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Dos empresarios son protagonistas clave en la trama de corrupción que entrelaza a los alcaldes y concejales de Maipú y Cerro Navia. Lorenzo Pérez y Pedro Acevedo compiten en las mismas licitaciones y en conjunto han obtenido contratos por $5.697 millones en ambos municipios. 

Acevedo le confirmó a CIPER que le pagó una Ford Explorer al alcalde Vittori. Pérez es acusado de ser testaferro del concejal Marcelo Torres, mano derecha del alcalde Luis Plaza. La investigación que partió por un reportaje de CIPER sobre el negocio de la basura, se amplió develando una extensa red de cohecho y lavado de activos.

El 19 de octubre de 2013 el alcalde de Maipú, Christian Vittori (DC), acudió a una automotora de la que salió con una camioneta Ford Explorer que quedó a nombre de su esposa, Pamela Riquelme Loyola. Pero no la pagó él. Tampoco su cónyuge. El vehículo fue cancelado por el empresario Pedro Acevedo Saavedra, administrador de un complejo deportivo ubicado en la misma comuna que dirige Vittori y representante de la Inmobiliaria Don Óscar. Los registros revisados por CIPER indican que en la inmobiliaria tiene participación la Sociedad de Inversiones Don Óscar y que esa entidad se ha adjudicado licitaciones de la Municipalidad de Maipú y de la Corporación Municipal de Educación de la misma comuna por un monto total de $1.333 millones.

El pago de la camioneta se concretó a través de transferencias efectuadas desde una cuenta del Banco Santander que pertenece a la empresa. Acevedo reconoció a CIPER que concurrió ese día con Vittori a la automotora y que él hizo el pago. También dijo que se trató de una operación totalmente legal y que cuenta con una justificación para haber hecho de esa manera la compra, pero que no podía mencionarla por instrucción de su abogado, quien le recomendó no hablar con la prensa hasta después de declarar en la Fiscalía.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) no esperó las explicaciones de Acevedo y lo incluyó, junto al alcalde Vittori, en una nómina de 13 querellados a los que acusa de lavado de activos, malversación, cohecho agravado y soborno. En la querella, difundida este jueves 7 por The Clinic, también figuran el alcalde de Cerro Navia, Luis Plaza (RN); la administradora municipal y el director jurídico de esa misma comuna; cuatro concejales de Maipú; tres empresarios que se han adjudicado millonarias licitaciones en Cerro Navia o Maipú, y un técnico mecánico que, según las acusaciones del CDE, sería testaferro de Vittori en la compraventa de numerosos vehículos (vea la querella).

Ante la gravedad de las acusaciones acumuladas en la investigación de la Fiscalía y las que contiene la nueva querella presentada por el CDE, el alcalde de Maipú Christian Vittori decidió el sábado 9 de mayo congelar su militancia en la Democracia Cristiana, lo que solo trascendió este viernes 15. La noticia fue entregada por el diario La Segunda del mismo día. En esa publicación se informa que el PPD pedirá que concurran al Tribunal Supremo de ese partido los concejales por Maipú y militantes de esa colectividad Carol Bortnick y Carlos Jara, también acusados en el mismo proceso.

LAVADO DE DINERO, COHECHO Y SOBORNO

La acción judicial del CDE fue ingresada el 29 de abril pasado al 9º Juzgado de Garantía, donde se adjuntó al proceso que se inició en 2011 por denuncias de irregularidades en las licitaciones de la basura en Maipú. En los últimos cuatro años la indagatoria de la Fiscalía, que ha incluido interceptaciones telefónicas y seguimientos de los sospechosos, fue ampliándose hasta detectar millonarias irregularidades no sólo en licitaciones de Maipú, sino también en la comuna de Cerro Navia. El hilo que conecta ambos municipios es Marcelo Torres Ferrari (RN), quien se desempeña como concejal en Maipú y que hasta enero de 2014 trabajó como administrador municipal en Cerro Navia. Actualmente, Torres dirige la Corporación Municipal de Desarrollo Social de esta última comuna.

La investigación de CIPER acreditó que en Cerro Navia se han realizado al menos ocho licitaciones entre 2010 y 2014, que suman más de $4.364 millones, las que favorecieron a diversas empresas controladas por Lorenzo Pérez Villegas, sindicado por el CDE como “testaferro” del concejal Torres. Además, la Corporación Municipal de Desarrollo Social de esa comuna adjudicó un contrato por $319 millones a una empresa de Gerardo Escalona Barros, amigo de Marcelo Torres y socio, hasta inicios de este año, de Lorenzo Pérez.

Dentro de las operaciones que investiga la Fiscalía y que pudieron servir para ocultar ingresos defraudados a las arcas públicas, se cuenta la compra de departamentos por parte del concejal Marcelo Torres y de vehículos en el caso del alcalde Christian Vittori a través de terceras personas. En esta última arista indagatoria se enmarca la investigación de la compra de la camioneta Ford Explorer adquirida por el empresario Pedro Acevedo y registrada a nombre de la esposa de Vittori. Acevedo administra el Complejo Deportivo Don Óscar. Ubicado en Pajaritos con Américo Vespucio (comuna de Maipú), el recinto cuenta con 13 canchas de futbolito de pasto sintético, cafetería, casino, zona de quinchos y juegos infantiles.

La Sociedad de Inversiones Don Óscar ha sido beneficiada con 12 licitaciones en Maipú (ocho de la municipalidad y cuatro de la Corporación Municipal de Educación), todas relacionadas con producción de eventos, banquetería y reparación de infraestructura. En total ha recibido $1.333 millones de las arcas de Maipú. El más grande de estos contratos es el que le adjudicó la mantención y mejoramiento de infraestructuras deportivas y recreacionales, por 988,6 UF mensuales durante 49 meses, equivalentes a un total de $1.093 millones. El decreto que le entregó esta licitación es del 17 de abril de 2012 (vea el documento). También obtuvo una licitación en Cerro Navia para un programa comunitario de las juntas de vecinos, por $2,5 millones.

La Ford Explorer fue el único vehículo requisado por la Fiscalía en los allanamientos efectuados a 23 domicilios en la madrugada del pasado jueves 16 de abril. Entre los inmuebles registrados se cuentan los domicilios de los alcaldes Vittori y Plaza, además de oficinas municipales y de empresas que han participado en licitaciones. El operativo desplegado por la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI, marcó el resurgimiento de este proceso judicial, que parecía inactivo y prácticamente muerto desde fines de 2013, y que volvió convertido en una de las investigaciones más amplias contra una red de corrupción municipal que involucraría a políticos de todos los sectores.

FAJOS DE $20 MIL

La trama que ha ido desmadejando la fiscal Tania Mora y que inicialmente estuvo en manos del fiscal Ricardo Encina, tuvo sus primeros hitos en febrero de 2010 y en enero de 2011, con dos reportajes de CIPER. El primero referido a los contratos suscritos por 22 comunas que quedaron amarradas a KDM hasta el 2027 y el segundo a las irregularidades en la licitación de la recolección de residuos en Maipú.

El tercer campanazo tuvo lugar en noviembre de 2011. En esos días la esposa del concejal Torres, Paula Díaz, denunció al edil por violencia intrafamiliar. En una entrevista concedida a CIPER, Paula Díaz declaró que su marido se coludía con otros cuatro concejales de Maipú para favorecer a la empresa KDM, a quienes les entregaba remesas en efectivo que recibía de la compañía. Esos concejales eran Christian Vittori, quien en las elecciones municipales de 2012 se convirtió en alcalde cuando ya estaba en curso esta investigación; Carlos Richter (RN), quien en la misma campaña perdió su puesto en el concejo; Carlos Jara (PPD) y Carol Bortnick (PPD), que siguen siendo concejales.

En abril de 2012 un nuevo reportaje de CIPER difundió una grabación de audio en la que aparece el concejal Torres, el dirigente ambientalista Eduardo Medina y dos ejecutivos de KDM, Fernando León y José Miguel Gutiérrez. En esa reunión acordaron una estrategia para provocar el cierre del relleno sanitario de la empresa Proactiva, emplazado en Maipú, a objeto de despejar el camino a KDM en una licitación que aseguraba a la empresa ganadora un ingreso de $10.325 millones, en un contrato por cinco años. De ahí que el 10 de abril de 2013 el Consejo de Defensa del Estado interpuso la primera querella en este proceso, dirigida contra dos de los partícipes en el diálogo que fue grabado: Torres y Gutiérrez. En octubre del mismo año, el CDE amplió la querella, incorporando a otro concejal por Maipú: Antonio Neme (UDI), acusado de recibir aportes ilegales de la empresa Proactiva.

Desde fines de 2013 el proceso pareció entrar en estado de hibernación y no se conocieron avances casi por un año y medio. La razón: la investigación incluyó el delito de “lavado de activos”, por lo que se desarrolló bajo reserva total. Esa calma previa amplificó el efecto de los allanamientos del 16 de abril, los que provocaron un verdadero terremoto político al incluir la casa de Christian Vittori, alcalde de la comuna más poblada del país, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y presidente de la directiva regional metropolitana poniente de la DC.

Trece días después el CDE presentó su ampliación de querella. En el escrito se sostiene que la investigación de la Fiscalía ya confirmó “de modo preciso y contundente” que los concejales Vittori, Richter, Jara y Bornick recibieron pagos en efectivo de parte de su colega Torres, como compensación por favorecer a KDM en las licitaciones de la basura en Maipú.

Entre los antecedentes probatorios citados por el CDE se cuentan las declaraciones de la esposa de Torres, quien reiteró ante la Fiscalía que en su casa se efectuaron reuniones de concejales para buscar resquicios a objeto de beneficiar a KDM. Paula Díaz ratificó ante los fiscales que su domicilio fue visitado por el gerente de KDM, José Miguel Gutiérrez, quien se presentaba en la conserjería de su condominio con un nombre falso, para entregar bolsos, cajas o sobres, con fajos de billetes de $20 mil. A su vez, los conserjes del condominio reconocieron a Gutiérrez, mediante fotografías, como la persona que visitaba a Torres entre 2006 y 2010 bajo el nombre de “Jesús Garay”.

DE MAIPÚ A CERRO NAVIA

La esposa del concejal Marcelo Torres, al declarar ante el Ministerio Público, sostuvo que desde 2010 su marido participaba en licitaciones irregulares en Cerro Navia. Por esa razón, la investigación de la Fiscalía saltó desde Maipú a esa comuna. Ante los fiscales, Paula Díaz dijo que el dinero que recibía Torres por estas actuaciones ilícitas lo compartía con el alcalde de Cerro Navia, Luis Plaza, el director jurídico de esa comuna, Óscar Lantadilla, y los concejales Jorge Durán, René Solano y Magaly Acevedo.

Marcelo Torres no fue el unico que trabajó para la Municipalidad de Cerro Navia mientras al mismo tiempo integraba el concejo municipal de Maipú. La misma dualidad de funciones ostentaron los entonces concejales de Maipú Christian Vittori y Carlos Richter. Tanto Vittori como Richter fueron contratados por Cerro Navia a honorarios, cuando la administración municipal estaba en manos de Torres.

CIPER solicitó a la Municipalidad de Cerro Navia los informes elaborados por Vittori y Richter producto del trabajo que supuestamente desarrollaron, pero los documentos no fueron proporcionados por orden del director jurídico comunal, Óscar Lantadilla, quien también se encuentra querellado por el CDE. Tampoco nos entregaron copia de los contratos firmados por ambos concejales.

CIPER sólo tuvo a la vista un contrato suscrito por Christian Vittori para trabajar en la Dirección de Desarrollo Comunal (Dideco) de Cerro Navia desde enero a agosto de 2011, por un millón de pesos mensual, en el que se le encargó la “sistematización y evaluación de los procesos de participación que se han establecido en el Plan de Desarrollo Comunal, a través de técnicas de autodiagnóstico, integrando la experiencia de presupuestos participativos”. Adjunto a ese contrato se encontraban las certificaciones mensuales de que el trabajo efectivamente se hizo, firmadas por tres funcionarios de la Dideco, entre ellos el entonces director de ese departamento, Alberto Lastra Fuentes.

Precisamente, fue Lastra Fuentes quien se presentó en la Fiscalía y declaró que esos trabajos jamás se hicieron. Lastra sostuvo que fue presionado por la entonces directora de la Secretaría de Planificación Comunal, Marcela Morales (hoy administradora municipal de Cerro Navia), para que se contratara a Vittori y a Richter por orden de Marcelo Torres y del alcalde Luis Plaza. Por lo mismo, según declaró Lastra, se confeccionaban informes falsos de estos trabajos y él, como director de Dideco, los visaba para el pago. En su declaración, también apuntó a la responsabilidad del director jurídico de la municipalidad, Óscar Lantadilla, por haber asesorado la confección de los contratos ficticios.

Lo mismo habría ocurrido con los trabajos supuestamente efectuados por el concejal Carlos Richter para Cerro Navia. En las oficinas de la municipalidad CIPER sólo tuvo a la vista un contrato del año 2013 en que se encargó a Richter “cumplir labores de apoyo de la Dideco”, con un sueldo de $500 mil mensual, y que tenía adjuntas dos certificaciones, ambas firmadas por Lastra.

Carlos Richter respondió las consultas de CIPER y sostuvo que efectivamente trabajó para la Municipalidad de Cerro Navia. El ex concejal exhibió copia de los contratos que suscribió con el municipio en 2011, 2013 y 2014 (vea los documentos) en los que se le encomendó “elaborar planes de desarrollo territorial en conjunto con equipos multidisciplinarios y comunidad que permitan la construcción de un modelo de planificación territorial que contribuya a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la comuna”. Según explicó, se contactaba con las organizaciones sociales de la comuna para verificar que cumplían con los requisitos para postular a beneficios estatales. Sin embargo, no tiene informes que den cuenta de sus labores.

Richter trabaja ahora para la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia, la que es dirigida por su ex colega del concejo municipal de Maipú, Marcelo Torres Ferrari. En la corporación Richter se desempeña en la Dirección de Salud como encargado de logística.

CIPER contactó al testigo Alberto Lastra, quien ya no trabaja en la municipalidad de Cerro Navia, pero éste declinó hacer declaraciones. Sin embargo, su testimonio ante la Fiscalía fue citado en la querella del CDE. El mismo escrito del CDE indica que Richter trabajó para Cerro Navia entre 2011 y 2014, percibiendo un monto total de $17,2 millones. En el caso de Vittori, se señala que se desempeñó para Cerro Navia entre 2010 y 2011, con un ingreso global de $14,7 millones. Para el CDE, estos pagos no son más que una “sustracción de caudales públicos”, debido a que, según la versión de Lastra, no se habrían realizado los trabajos. Por lo mismo, acusa al alcalde Luis Plaza y al ex administrador municipal Marcelo Torres de tener responsabilidad en el ilícito por haber consentido esta sustracción.

AMIGOS EN LAS LICITACIONES

Lorenzo Pérez Villegas es un ingeniero eléctrico que ha constituido varias sociedades. Una de ellas es Multiservicios Ingeniería y Construcción (MIC), la que fue creada el 28 de enero de 2010. Con apenas tres meses de existencia se adjudicó por trato directo las obras de recuperación de 19 establecimientos educacionales municipales de Cerro Navia afectados por el terremoto de febrero de ese año. El decreto lo firmó el 26 de abril de 2010 el entonces administrador municipal de la comuna, Marcelo Torres, quien pudo hacer la adjudicación por trato directo, sin licitación, amparado en la normativa extraordinaria dictada por la situación de emergencia que vivía el país (vea el documento). El contrato significó un desembolso municipal de $423,4 millones.

Esa sería la primera de una lista de ocho licitaciones de Cerro Navia adjudicadas a empresas de Lorenzo Pérez en los más variados rubros, desde construcción hasta arriendo de vehículos, pasando por mantención de multicanchas y creación de áreas verdes. En total, estas licitaciones le significaron a las empresas de Pérez Villegas recibir más de $4.364 millones entre 2010 y 2014.

El 10 de mayo de 2010, apenas dos semanas después de haber sido contratada para la recuperación de los colegios municipales, la misma empresa MIC de Lorenzo Pérez se adjudicó la licitación del Servicio de Arriendo de Vehículos Municipales. El pago ascendió a 579 UF mensuales por 48 meses, lo que equivale a unos $630 millones. El contrato obligaba a MIC a poner a disposición del municipio un total de 20 autos, dos camionetas y una van. Los autos proporcionados por MIC fueron modelo Chevrolet Spark, uno de los más pequeños del mercado. El servicio generó críticas debido a que el costo de estos vehículos -unos $4 millones por unidad-, se paga con el 13% del dinero invertido por la municipalidad, por lo que no habría sido un negocio rentable para la comuna.

La reciente querella del CDE indica que el servicio de los vehículos no fue prestado en la forma convenida y que sólo se contaba con un número reducido de ellos. El Departamento de Operaciones de la Municipalidad asegura que el servicio se prestó conforme a lo pactado y que puede demostrarlo porque conserva las bitácoras, a las que CIPER tuvo acceso, de cada vehículo y conductor.

Los autos fueron vendidos por MIC en agosto de 2012, a la mitad del plazo convenido en el contrato. Los compró Marianela Martínez Arriagada, quien pagó $63 millones en efectivo por todas las unidades. CIPER constató que Marianela Martínez es la madre de la esposa de Lorenzo Pérez y le pidió una entrevista, pero ella rehusó concederla. Según el CDE, la mujer no tiene la capacidad económica para haber adquirido los vehículos, por lo que sugiere que se trató de una compraventa simulada.

La empresa MIC también se adjudicó en enero de 2011 la licitación de la construcción del Centro Cultural de Cerro Navia, por un monto de $1.089 millones. Al concurso se presentaron cinco empresas y cuatro de ellas fueron declaradas “fuera de bases”, por lo que sólo MIC siguió en carrera. En la sesión del concejo municipal realizada el 19 de enero de 2011 se aprobó por unanimidad adjudicarle el contrato por recomendación de Marcelo Torres, quien oficiaba como administrador municipal (vea el acta de esa sesión).

La empresa pidió una ampliación de 45 días para entregar la obra y uno de los responsables de la construcción, quien pidió la reserva de su identidad, señaló a CIPER que a poco andar quedó en evidencia que no contaba con capital suficiente, por lo que se vio obligada a “bicicletear” los pagos a los proveedores con los recursos que recibía de otras licitaciones.

Otro contrato importante adjudicado en Cerro Navia a Lorenzo Pérez –a través de una licitación- fue la del “servicio de mantención con mejoramiento de infraestructuras deportivas y recreacionales”. El contrato favoreció a la empresa Infraestructuras Deportivas y Recreacionales Chile (IDR), controlada por Lorenzo Pérez Villegas, con un pago de 960 UF mensuales por 50 meses, equivalentes a $1.085 millones. Lo curioso es que esta es prácticamente la misma licitación que se adjudicó Inversiones Don Óscar en Maipú sólo tres meses antes, por un total de $1.093 millones. Más curioso aún es que en ambas licitaciones sólo se presentaron IDR e Inversiones Don Óscar, la primera se quedó con el contrato de Cerro Navia y la segunda, con el de Maipú.

Otra coincidencia se produjo en la licitación convocada por Cerro Navia para proveer el “servicio de habilitación con mantenimiento de circuitos deportivos y recreativos”, a la que se presentaron sólo dos empresas, ambas de personas cercanas al concejal Marcelo Torres. Este proceso también se lo adjudicó la empresa IDR de Lorenzo Pérez, la que obtuvo $689,7 millones. La única empresa que compitió con IDR, y cuya oferta fue rechazada, fue la Sociedad de Servicios y Constructora de Proyectos (GEB Chile), propiedad de Gerardo Escalona Barros, quien es amigo de Marcelo Torres y socio, hasta febrero de este año, de Lorenzo Pérez. En junio del 2014 Escalona y Pérez constituyeron la Sociedad Gastronómica Santa Gabriela Limitada y en febrero de 2015 el segundo se retiró de ella.

Gerardo Escalona, a través de su empresa GEB Chile, se adjudicó la propuesta privada convocada por la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia para la “habilitación e implementación de infraestructura deportiva y recreacional en escuelas públicas”, por $319 millones. El contrato se firmó el 2 de noviembre de 2011 (vea el documento). Sólo cinco días más tarde, el 7 de noviembre, Escalona visitó a Torres en su casa. Quedó registro de su presencia en el hogar del administrador municipal de la comuna que acababa de adjudicarle la licitación, porque ese día se produjo la agresión intrafamiliar denunciada por la esposa de Torres y hubo un procedimiento policial en el domicilio.

En su testimonio, Paula Díaz dijo que Escalona era amigo de la familia porque era apoderado en el mismo curso de los hijos de su cuñado, Gonzalo Torres Ferrari (RN), concejal por Colina y actual jefe de gabinete del alcalde de Cerro Navia, Luis Plaza. También sostuvo que su marido había puesto dinero en la empresa de Escalona. En sintonía con esta declaración, el CDE acusa que Escalona es “testaferro” de Marcelo Torres. Lo mismo dice respecto de Lorenzo Pérez, con quien “se relaciona a través de empresas de fachada”, según se lee en la reciente querella.

MANIOBRAS PARA OCULTAR ACTIVOS

La investigación de la Fiscalía, citada en el escrito del CDE, indica que Torres habría usado terceras personas para ocultar el dinero defraudado. Las escuchas telefónicas practicadas durante la indagatoria permitieron establecer que la actual administradora municipal de Cerro Navia, Marcela Morales Aliste, adquirió tres departamentos a pesar de que no tendría los medios económicos para hacerlo y el CDE sospecha que los inmuebles son en realidad de propiedad de Marcelo Torres.

En los registro del Conservador de Bienes de Santiago, CIPER encontró las inscripciones de dos departamentos a nombre de Marcela Morales, los que fueron adquiridos en 2013. Ambos se ubican en el edificio de avenida Independencia 801. Uno lo adquirió en mayo y está ubicado en el noveno piso. El segundo lo compró en octubre y está en el décimo. Pagó 1.599 UF, equivalentes a $36 millones, por cada uno de los inmuebles. Además, en su querella el CDE acusa a Marcela Morales de simular un préstamo de $13 millones para Torres.

Respecto de Lorenzo Pérez, el CDE también lo involucra en supuestas maniobras de Torres para ocultar dinero de origen ilícito: mediante dos de sus empresas -Inversiones e Inmobiliaria Puertas Verdes y MIC- realizó “inversiones consistentes en abonos de activos por un valor superior a $500 millones” a través de dos corredoras de bolsa. Estas inversiones, puntualizó el CDE, se realizaron en las mismas fechas en que se desarrollaban las licitaciones del servicio de arriendo de vehículos para Cerro Navia y de la recolección y disposición de la basura en Maipú.

En relación al alcalde Christian Vittori, dentro de las operaciones comerciales que podrían haber ocultado ingresos ilegales se cuenta la compra de la camioneta Ford Explorer ya mencionada. Además, se investiga la adquisición y posterior venta de varios vehículos que son usados por Vittori y su esposa pero que están a nombre del técnico mecánico Francisco Chandía Fuentealba. La Fiscalía también detectó movimientos en las cuentas de la esposa de Vittori, Pamela Riquelme, y de su suegro, Luis Riquelme, durante su campaña a alcalde de 2012.

Finalmente, la Fiscalía puso sus ojos sobre una parcela en un exclusivo condominio de Lonquén que fue adquirida por el ex concejal Carlos Richter. Fueron escuchas telefónicas las que permitieron detectar en 2012 los pagos para concretar esta compra. El CDE estima que esta es una operación para lavar activos, pues sostiene que ese año el único ingreso de Richter era el de concejal, correspondiente a unos $400 mil mensuales. No obstante, Richter a esa fecha también estaba contratado a honorarios por la Municipalidad de Cerro Navia, donde le cancelaban $500 mil al mes.

El ex concejal Richter dijo a CIPER que fue su esposa, Marcela Valdés, la que adquirió la parcela de Lonquén en 2011 y que habría pagado $60 millones. Por problemas con la inscripción de la propiedad, señaló, sólo se pudo concretar el traspaso a nombre de su cónyuge en 2014.

En relación a los ingresos con los que se pudo materializar la compra, en diciembre de 2010 la mujer de Richter había vendido un terreno en Curacaví por $3.700 UF (unos $79,3 millones). Además, el ex concejal vendió en septiembre de 2011 la casa que habitaba con su familia en Segunda Transversal Nº 4054, en Maipú. Curiosamente, el comprador de la propiedad fue Francisco Patricio Chandía, el mismo técnico mecánico que figura como dueño de los vehículos que usan Vittori y su esposa. Según una versión publicada por La Segunda, Chandía acaba de ser elegido presidente comunal del Partido Socialista.

De acuerdo con los registros del Conservador de Bienes Raíces, Chandía adquirió en un remate el inmueble que pertenecía a Richter, pagando $33,2 millones. Dos meses después lo vendió en $52,5 millones. Richter señaló a CIPER que mantiene una antigua relación con Chandía. También dijo que producto de una deuda que no pudo pagarle, Chandía le remató la casa para cobrarse. El ex concejal asegura que su esposa logró convencer a Chandía de resolver la deuda por otros medios y de volver a vender la casa, para que el dinero de esta nueva compraventa quedara para la familia de Richter. Por eso, la segunda venta por $52,5 millones, según la versión del ex concejal, la habría gestionado su cónyuge. Sobre la relación entre Chandía y Vittori, prefirió no hacer comentarios.

CIPER solicitó entrevistas con los alcaldes Christian Vittori y Luis Plaza. El contacto con el primero se hizo mediante la unidad de comunicaciones de la Municipalidad de Maipú, pero nunca respondió. El segundo indicó que no hablará del tema con la prensa mientras la investigación se desarrolle bajo reserva. La administradora municipal de Cerro Navia, Marcela Morales, y el director jurídico de la misma comuna, Óscar Lantadilla, señalaron que no se referirán a las acusaciones en su contra hasta después de declarar en la Fiscalía. Tampoco aceptó responder las consultas de CIPER, el empresario Lorenzo Pérez Villegas.