Defendamos la ciudad

Santiago, lunes 27 de Noviembre de 2006 Sra. Patricia Poblete Ministra de Vivienda y Urbanismo Presente REF. Cumplimiento de la Ley por parte del Minvu Estimada señora Poblete : Nos referimos a nuestra pasada reunión, estando presentes los señores Luis Eduardo Bresciani, Ramón Delpiano, Tomás Fabres y Jorge Cisternas, en donde tratamos el asunto pendiente del edificio ilegal construido en calle Carmencita 262 de la comuna de Las Condes, asunto que aún no se resuelve por la contumacia del alcalde Francisco de la Maza que se resiste a ejercer su potestad establecida en los artículos 81º y 148º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) en orden a emitir el Decreto de demolición respectivo. Ante ese extraño comportamiento del alcalde de Las Condes, la ex Seremi de Vivienda y Urbanismo, nos señaló por escrito que a ella le correspondía actuar subsidiariamente en base al artículo 157º, respondiendo nuestra interpelación para ella asumiera su responsabilidad de hacer primar el ordenamiento jurídico ante una construcción declarada ilegal por ella misma, criterio ratificado por la propia Corte Suprema de Justicia. Dado que a la fecha ningún funcionario de la Administración del Estado se atreve a ejercer sus atribuciones, situación francamente insostenible, le solicitamos a usted -en su calidad de máxima autoridad sectorial- que haga imperar el derecho, impartiendo las instrucciones de rigor al actual Seremi, ya que en este país tenemos que terminar con la corrupta fórmula de amparar los hechos viciados consumados que tanto mal le hacen al sistema político democrático y al sistema económico de libre mercado. En paralelo, le solicitamos una reunión para establecer los cursos de acción con respecto a los 19 permisos de edificación con normas urbanísticas derogadas de sendas construcciones en altura, en la misma comuna de Las Condes, ya que a esta fecha, el Director de Obras señor Carlos Alarcón se niega a dejar sin efecto los permisos viciados, con el pueril argumento de que el Alcalde debe resolver cada caso en particular (sic). Es más, nosotros estimamos necesario que el Seremi de Vivienda y Urbanismo analice todos los permisos de edificación otorgados después de la modificación del PRC (05/12/03), para así cuantificar el error administrativo que benefició a unas cuantas empresas inmobiliarias, no solo para que construyeran con mayor altura que la permitida (15 pisos) sino con la equivocación de clasificar como B-3 edificios que eran B-1 y B-2, situación que ha mermado los ingresos de los derechos municipales. Tan pronto se conozca en detalle la situación descrita, el Estado debe determinar cómo resuelve la ilegalidad de todos esos permisos, descartando de antemano que haya existido una presunta buena fe por parte de algunos actores, ya que todo el sector municipal de Las Condes y todo el sector privado inmobiliario que se desenvuelve en esa comuna conocían los cambios urbanísticos que se hicieron realidad el 5 de Diciembre de 2003. Nosotros, como organización ciudadana, somos impulsores de hacer valer los derechos urbanos adquiridos por los vecinos, en base a las normas de los instrumentos normativos, los cuales han sido vulnerados en Las Condes. Asimismo tenemos una fórmula compensatoria que nos gustaría compartir con usted, para que de este engaño, para los casos de edificios ilegales ya terminados, se dispongan recursos económicos que se deberían orientar a las zonas más pobres de la comuna y con una mirada más amplia, a la comunas más desposeídas de la región. Lo importante es que, ante el descubrimiento de las ilegalidades, los titulares de los proyectos asuman sus costos asociados. En la seguridad de que usted obrará correctamente, porque la conocemos como una autoridad proba, la saludamos con la mayor atención. Atte, Patricio Herman Agrupación "Defendamos la Ciudad" cc diputado señor Jorge Burgos, con quien hemos tratado el asunto