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La empresa Penta Seguros Generales anunció acciones legales contra quienes resulten responsables por la falsificación de una póliza de garantía por $69 millones, y que se intentó cobrar tras la quiebra de la constructora Mech, a principios de este año, la que cual ejecutando la ampliación del consultorio de Alerce con una inversión de mil 300 millones.
“El documento que nos hizo llegar indica ser una póliza de seguro de garantía fiel cumplimiento de contrato número 18475108, contratada por constructora Mech limitada en favor de Gobernación de la Décima Región (debería decir Intendencia) como beneficiaria, con el fin de garantizar el fiel cumplimiento del contrato correspondiente a la normalización del Centro de Salud Familiar Alerce de Puerto Montt. Revisados nuestros sistemas y consultada el área técnica y la de grandes negocios de nuestra compañía, hemos podido determinar que la póliza indicada es falsa, ya que no ha sido emitida por la compañía”, señala el informe enviado por Penta desde Santiago el 9 de abril.
Para el concejal Pedro Sandoval (PRO), “esta licitación fue deficiente, todo indica que no se evaluaron adecuadamente los antecedentes de la empresa adjudicataria, lo que se ha comprobado con la constatación que la empresa no tenía la capacidad económica para ejecutar la obra contratada por mil 398 millones de pesos y que la póliza de seguros de garantía por casi 70 millones, era falsa. Y esto último es lo delicado, pues la administración municipal no verificó la autenticidad de este documento”.
El administrador municipal, Carlos Soto, confirmó acciones legales. “El municipio de Puerto Montt, se hará parte de toda acción legal que desde las instancias del Gobierno Regional se lleven adelante. No obstante, si a posterior hubiere perjuicio económico o detrimento al patrimonio municipal, se llevarán adelante todas las acciones judiciales del caso para que se sancione y repare cualquier aumento establecido en el presupuesto original destinado a la construcción del Cesfam de Alerce".
Soto agrego que "no obstante lo anterior, se ha instruido a todas las unidades municipales que dado este hecho, que vulnera los principios de buena fe de la administración pública, se implementen medidas adicionales a las que para estos efectos mandata la ley; por ejemplo, solicitar certificados de autenticidad a los instrumentos de resguardo que emitan las entidades financieras”.
El abogado de Puerto Montt, Juan Fernández, experto en este tipo de delitos, dijo que “el informe de la compañía de seguros es categórico en cuanto a la falsedad del documento, y nos plantea una duda respecto a la idoneidad de quienes administraron esta licitación”.
Para el profesional “se debe tener en cuenta la magnitud del perjuicio, que corresponde a miles de ciudadanos que son usuarios del Cesfam de Alerce, quienes son los principales afectados por este hecho. Estimo que corresponde iniciar una investigación criminal y una investigación administrativa a fin de determinar las responsabilidades de los funcionarios públicos involucrados en el proceso de licitación y así darle y otorgarle a la ciudadanía la transparencia que un hecho como este hace exigible".
Y añadió que "debemos recordar que los funcionarios públicos no son empleados del Estado, ellos son el Estado, a través de ellos se ejerce la función pública, por lo que su estándar de diligencia debe ser a lo menos el de una persona prudente”.