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Nuevos antecedentes siguen complicando aún más a los involucrados en la aprobación de la Ley de Pesca en 2012, tras revelarse el pago de tres empresas pesqueras a asesores del ex ministro de Economía Pablo Longueira (UDI), principal impulsor de la nueva normativa que favoreció notoriamente los intereses de la industria; así como también nuevos pagos detectados a cercanos de la diputada Marta Isasi, de quién ya se conocían anteriores pagos por parte Corpesca.
Los nuevos datos podrían además abrir una nueva arista en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público en torno al financiamiento ilegal de campañas mediante boletas de honorario ideológicamente falsas.
Según reveló Ciper, al menos seis de las personas denunciadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII) por haber recibido pagos de SQM, emitieron también boletas de tres importantes empresas del sector pesquero: Corpesca, Pesquera El Golfo, y Asipes.
La primera, Corpesca, ya estaba siendo investigada por posibles sobornos a la diputada Marta Isasi en plena tramitación de la Ley de Pesca. En tanto, Pesquera El Golfo ahora opera bajo el nombre de Blumar, y Asipes es la Asociación de Industriales Pesqueros, agrupación gremial de la cual forman parte las compañías Alimentos Marinos, Cannex, Alimentos Mar Profundo, Bahía Coronel, Biobío, Congelados Pacífico, Camanchaca, Foodcorp, Landes y Blumar Seafoods.
Una de las seis personas identificadas por pagos en SQM y también por empresas pesqueras es Solange Andrea Hermosilla Chandía. Según la publicación de Ciper, el pasado 26 la imputada declaró ante los fiscales por una boleta emitida a SQM por $5 millones y en dicha instancia reconoció nunca haber prestado servicios a la minera. Sin embargo, esa boleta, solicitada por Carmen Luz Valdivieso, estrecha asesora de Pablo Longueira, no sería la única, pues también le solicitó emitir otra a nombre Pesquera El Golfo.
Otra de las personas investigadas por fiscalía es Pamela Cristina Campos Joost, quien emitió boletas por $9,2 millones, y quien también recibió honorarios por parte de Pesquera el Golfo, pero también de Asipes. Campos posee extensos vínculos con la UDI.
Asipes reconoció además pagos de honorarios a los abogados Sebastián Prat Panatt y Alonso Mora Rodríguez, quienes también son investigados por el Ministerio Público por boletas emitidas a SQM. Mora es hijo de la prima de Pablo Longueira, María Domínguez Longueira. Ambos abogados habrían prestado servicios a la agrupación gremial por $11,3 millones.
Otro de los nombres relacionados a Longueira es el de José Carlos Feres Ducci, quien emitió boletas a SQM por $12 millones. Según Ciper, su padre Carlos Feres Rebolledo, fue presidente de la Empresa Portuaria de Talcahuano y actuó como el principal asesor del ex ministro de Economía en la tramitación de la Ley de Pesca.
Diputada_Martha_Isasi-591x330Finalmente, los otros dos nombres de los investigados por Fiscalía y que recibieron pagos de pesqueras corresponden a personas vinculadas a Corpesca, la misma empresa que a través de su ex gerente general reconoció pagos a Georgio Carrillo, ex jefe de gabinete de la diputada Marta Isasi.
Se trata de Carolina Isabel Gazitúa Larenas y María Francisca Cuellar Toro. La primera fue asesora del ex senador Jaime Orpis (UDI), y según la denuncia del SII, emitió una boleta a SQM por $3 millones, y entre 2008 y 2013, recibió de Corpesca un total de $76 millones. La segunda también emitió una boleta por $3 millones a la minera no metálica, y boleteó para Corpesca. Cuellar mantuvo una relación sentimental con Esteban Patricio Zavala González, quien asumió como jefe de gabinete de Isasi en reemplazo de Carrillo.
Según la publicación, Zavala reconoció prestar asesorías a Corpesca en 2011 y 2013, en circunstancias que ya trabajaba como parte del equipo de la diputada Isasi desde 2010, incluso cuando ya había asumido como su jefe de gabinete.
Querella contra parlamentarios
A estos nuevos antecedentes se suma la querella presentada por el ex senador Nelson Ávila en contra de los parlamentarios que participaron de la tramitación de la Ley de Pesca, tanto en el senado como en la cámara de diputados, acción que fue acogida a trámite este miércoles por el Cuarto Juzgado de Garantía
El recurso judicial afirma que varios miembros del Congreso recibieron pagos cercanos a los $500 millones por parte de Corpesca bajo el ítem de “gastos reservados”. La querella pide que se investigue el posible cohecho y soborno parlamentario cometido en ocasión de la tramitación de la normativa que favoreció a la industria pesquera.