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Además enfatizó en la necesidad de que se regule el paso desde el servicio público al empresarial. Mientras que el presidente de la DC, Ignacio Walker hizo hincapié en que la corrupción no sólo se da a nivel del Estado, sino también en el ámbito privado.
La comisión especial de probidad y transparencia inició sus actividades con las intervenciones del presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, y el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, quienes hicieron sendos llamados al correcto desempeño de quienes ostentan cargos públicos, pero también de las instituciones.
Recordemos que esta comisión especial del Senado fue propuesta y creada en la Cámara Alta, como parte de las reacciones de la clase política ante la crisis institucional y los casos de corrupción conocidos como Penta y SQM.
Esto se suma a otros esfuerzos, como la comisión Engel que convocó la propia presidencia, y esta es la respuesta del Senado a la decisión de dejar al Parlamento fuera de esta comisión asesora presidencial.
Pasadas las 10.30 horas comenzó la exposición de Sergio Muñoz, quien enfatizó su exposición en la necesidad de que las mejoras en la vida institucional sean permanentes, que hay procesos cíclicos que obligan a una profundización constante de la democracia.
En ese sentido, el presidente de la Corte Suprema expresó que tiene que existir una coherencia, coordinación y simetría, en el pensar, decir y actuar de las autoridades, agregando que el control rígido a todos los organismos del Estado debe existir para garantizar la probidad.
“Desde mi punto de vista es conveniente porque visibiliza y deja sobre la mesa los aspectos éticos básicos, el mínimo que deben respetar todas las autoridades dentro del Estado. Lo otro que he señalado es que hay una ecuación inversamente proporcional, que es a mayor autoridad menor intimidad, es decir esta más expuesto por cuanto no se es autoridad en un horario, sino que se es autoridad como ejemplo, como postulado de vida, en todo el año”.
Mientras, el Contralor Ramiro Mendoza convocó al retorno a la lógica sistémica de la legislación, sujetando toda la actividad y las decisiones de las autoridades al mismo criterio y al escrutinio público; también a fortalecer el control donde sea que haya recursos públicos.
Ante esto, lamentó que algunas instituciones a veces, se escuden en el concepto de la autonomía.
“Todos en esta ronda de princesas institucionales quieren rodearse y vestirse con autonomía constitucional, como si la autonomía constitucional fuera una vertiente de independencia satelital en el contexto del funcionamiento orgánico del Estado, y en realidad ahí estamos en un problema, porque quien logra vestirse de esa autonomía, luego no quiere control, y quien logra vestirse de esa autonomía quiere entender a la autonomía como un factor de independencia”.
Mendoza agregó al final de su exposición un ejemplo para demostrar un problema, a su juicio, muy grave. Dijo que luego de culminar su periodo en la Contraloría General de la República, esta semana, el lunes podría estar trabajando en un estudio jurídico y defendiendo a los imputados en los recientes casos de corrupción. Esa es una puerta giratoria, que en sus palabras, hay que cerrar a la brevedad.
La presidenta del Consejo para la Transparencia, Vivianne Blanlot, por su parte identificó varios escenarios donde puede darse casos de corrupción y no están normados. Un ejemplo: las concesiones del borde costero, que hoy en día son decididas por la Armada.
Ante las distintas reflexiones y dudas sobre la normativa que rige a las instituciones, el presidente de la comisión, Ignacio Walker (DC), agregó que frente a los casos de corrupción también cabe cuestionar la ética empresarial.
“Cuando ese sector privado o empresarial escapa de controles, de regulaciones adecuadas para velar por la probidad y la transparencia, ocurren esta sucesión de casos que hemos visto: La Polar, colusión, cascadas, Consorcio, Penta, Soquimich. No apuntemos, así no más, a los parlamentarios, a los políticos, a los partidos, al Estado. Aquí hay un forado también, desde el punto de vista de la ética de los negocios, porque ha habido un cambio cultural, una parte importante de los negocios que pasó de una cierta austeridad a la codicia”.
El presidente de la CPC, Alberto Salas fue el último en participar de la sesión de este jueves y abogó por el establecimiento de un financiamiento transparente, aunque rehuyó de referirse a la influencia del poder económico en las decisiones de la política.