Página oficial de Facebook
Por destino o mera fortuna, el ingeniero Juan Gregorio Díaz Sepúlveda (54) ha estado presente en momentos determinantes para la Unión Demócrata Independiente (UDI). El 1 de abril de 1991 estaba en la sede de calle Suecia cuando apareció el auto que llevaba a un malherido Jaime Guzmán, quien había sido emboscado por dos integrantes del FPMR a la salida del Campus Oriente de la Universidad Católica. Junto a Pablo Longueira y Pedro Páez, Díaz se subió al vehículo que condujo al líder del gremialismo al Hospital Militar, donde falleció a las 21.30 horas. Algunas versiones dicen que falleció en sus brazos.
Pasaron 12 años para que volviera a tener figuración pública. Fue en medio del escándalo del caso Spiniak, que golpeó con fuerza al gremialismo por las acusaciones de Gemita Bueno en contra del entonces senador Jovino Novoa. Díaz formó parte de un equipo de investigación extrajudicial de la UDI que buscaba pistas para desacreditar la versión de Bueno. La jueza Eleodora Domínguez le imputó haber ofrecido dinero para obtener testimonios. En el proceso, se convirtió en el único militante del partido en ser formalizado por amenazas y estafa, cargos por los cuales fue sobreseído.
A partir de entonces logró mantener un bajo perfil y durante varios años se ha dedicado a los negocios inmobiliarios. Una actividad que lo ha puesto otra vez como actor y testigo privilegiado de un escándalo político financiero que ha golpeado al entorno familiar de la Presidenta Michelle Bachelet: la compra venta de terrenos en Machalí por parte de Caval, sociedad que pertenece en un 50% a Natalia Compagnon, nuera de la Mandataria.
Fueron las hasta ahora desconocidas gestiones de Díaz Sepúlveda las que abrieron las puertas para la polémica transacción inmobiliaria que terminó involucrando a La Moneda en una aguda crisis, sacándo el foco de atención pública del caso Penta por algunas semanas.
A mediados de 2011, tras hacerse cargo de la administración del convenio judicial preventivo de Wiesner S.A, el síndico Herman Chadwick Larraín tomó contacto con un viejo conocido que ofreció sus servicios para ayudar en la venta de los terrenos situados frente al Club de Polo de Machalí, en la llamada Carretera del Cobre. Se trataba de Juan Díaz Sepúlveda. Los vínculos entre ambos se arrastran desde hace casi una década. Siempre en su rol de gestor inmobiliario, aunque como “freelance” -según aclaran sus cercanos-, Díaz suele trabajar codo a codo con el síndico en asesorías y proyectos relacionados con la venta de terrenos.
“Su negocio es darle un valor agregado a los terrenos, para conseguir un mejor precio y así lograr una comisión”, comenta un cercano al dirigente que a principio de los 90 ayudó a levantar el departamento poblacional de la UDI, donde cimentó una relación política con Pablo Longueira. “Sus redes de contactos, busna parte de las cuales construyó durante su etapa de dirigente político, le han abierto puertas para posicionarse como un reconocido gestor de negocios”, señala uno de sus cercanos.
Díaz sabía que el terreno que Chadwick debía enajenar en Machalí subiría su valor exponencialmente si se concretaba un cambio al Plan Regulador Intercomunal (PRI) y el uso de suelo del paño pasaba de agrícola a urbano, por lo que activó de inmediato las gestiones en Santiago para atraer potenciales compradores a la zona.
Gracias a su pasado como dirigente de la UDI, Díaz tenía un fluido contacto con algunos funcionarios de la Municipalidad de Machalí, que lidera el alcalde del mismo partido, José Miguel Urrutia. Además de sostener reuniones con el Director de Obras, en el 2012, asistió al menos a una de las dos asambleas públicas convocadas por el municipio para debatir el cambio del plan regulador.
Con cada uno de los potenciales compradores que contactó para promover el negocio que tramitaba el síndico Chadwick, Díaz colocaba el inminente cambio de uso de suelo como un factor de valor para concretar la transacción. Para reforzar esa idea, Díaz contó con una aliada: la arquitecta Cynthia Ross Wiesner, quien además de ser sobrina del dueño de las parcelas que debía vender el síndico, había trabajado en varias oportunidades desde 2007 como asesora de la dirección de Obras de la Municipalidad de Machalí, precisamente en la elaboración de propuestas para futuras modificaciones al Plan Regulador Comunal e Intercomunal.
Según fuentes cercanas a la investigación que lleva adelante la fiscalía, la arquitecta participó en al menos una de las reuniones que el síndico Chadwick sostuvo con interesados en adquirir los terrenos de Machalí y el propio Juan Díaz.
Los vínculos de negocios de Ross Wiesner, al menos con el gestor inmobiliario, van más allá de la venta de los terrenos de Machalí. Según cercanos a Díaz, debido a su vasta experiencia en el negocio inmobiliario, la arquitecta lo ha asesorado en el desarrollo de proyectos y venta de terrenos en más de una oportunidad, tanto en Santiago como en regiones.
Las últimas asesorías a la municipalidad de Machalí, la arquitecta las hizo en 2012 y 2013. Por este motivo, Cynthia Ross Wiesner está siendo indagada por el fiscal que lleva la investigación, Luis Toledo, por eventual uso de información privilegiada.
Para fines de 2012, Díaz ya había ofrecido los terrenos en venta en Machalí a varios empresarios. Pero las cifras que se jugaban entonces, estaban por debajo de los intereses de Wiesner y de los acreedores. En ese proceso, uno de los interesados llegó hasta los oficinas del síndico con una propuesta formal: estaba dispuesto a pagar 0,53 UF por metro cuadrado del paño, un ofrecimiento atractivo para los intereses de los vendedores, pero que incluía una condicionante. Se ofrecía pagar solo una parte al contado y el resto amarrado al cambio del plan regulador. La cláusula propuesta, sin embargo, fue rechazada por Wiesner y los acreedores.
Así las cosas se abría una carrera contra el tiempo. En abril de 2013, el síndico Chadwick debió extender por un año más el plazo para liquidar los predios. Fue una maniobra oportuna. A los pocos días, apareció un joven relacionador público con una oferta que a la larga terminaría provocando un remezón político. Era Mauricio Valero.
Según una versión, el socio de la nuera de la Presidenta Bachelet, Natalia Campagnon, en Caval, y quien ya registraba varios negocios relacionados al mercado inmobiliario -algunos relacionados con el empresario y dueño de terrenos en la zona, Gonzalo Vial Concha (ver recuadro)- tocó directamente la puerta de Chadwick interesado por el paño de Wiesner. Sin embargo, cercanos al síndico de quiebras, aseguran que fue Juan Díaz quien lo trajo para abrir formalmente las negociaciones.
Más allá de las diferencias que existen sobre ese punto, lo cierto es que a partir de entonces el gestor inmobiliario sostuvo varias reuniones con Valero, algunas de ellas en Santiago, a la hora de almuerzo. En ellas el tema de los avances en el cambio del plan regulador, proceso que Díaz venía siguiendo de cerca, era una constante.
La primera propuesta económica de Valero, no fue aceptada. Caval ofreció 0,54 UF por metro cuadrado, pero los dueños pedían 0,56 UF.
Por entonces, según los informes que preparó la arquitecta María Luisa Valenzuela por encargo de Caval, para reforzar las gestiones que emprenderían en el sistema financiero en busca de crédito, los terrenos se encontraban emplazados en una zona de alto potencial inmobiliario. Uno de los argumentos esgrimidos por la sociedad de la nuera de Bachelet para reforzar ese punto era la futura ampliación de la carretera de El Cobre, la que pasa junto a los terrenos.
La propuesta de Caval era que terceros levantaran primero un hotel y un área de servicios y luego subdividir los otros paños para viviendas de 370 metros cuadrados, para una mayor rentabilidad.El problema, es que únicamente cuatro de las 44 héctareas tenían uso urbano, por lo que sólo en ellas se podía edificar de inmediato. El resto, dependía del cambio del plan regulador. Aun así, en informes que elabora Caval, en octubre de 2013, y que servirían para la búsqueda de créditos y de eventuales compradores, se asegura que el proceso para el cambio de la normativa comunal tenía un “90% de avance”.
En julio de 2013 Valero vuelve a la carga con una oferta de 0,56 UF, y acompaña una carta del Banco Santander que hablaba de un crédito de 250 mil UF.
Pero el negocio no se concretó. El Banco Santander rechazó dar el crédito, por considerarlo de alto riesgo, pues, entre otras cosas, involucraba a personas con alta exposición política. El paso en falso obligó a renegociar el acuerdo, sobre todo porque habían garantías comprometidas y Caval quería más plazo para conseguir financiamiento.
Así, Valero haría esta vez una oferta de 0,6 UF por metro cuadrados, lo que significaba un total de 265.980 UF (unos 6.500 millones de pesos). El 15 de noviembre de 2013, nueve días después de la reunión que el hijo de la Presidenta , Sebastián Dávalos, y su señora, Natalia Compagnon, sostuvieron con el vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic, para gestionar directamente el crédito requerido, Caval entrega al síndico por primera vez documentos de ese banco como garantía de la nueva oferta: tres vale vista (números 34299/ 34300/ 34301), por un total de 100 millones de pesos. Sólo un mes después (el 16 de diciembre) el Banco de Chile notificaría formalmente la aprobación del crédito que cerró el negocio que a la larga terminaría costando la salida de Dávalos como director de la Dirección Sociocultural de La Moneda.
Los cerca de 2.500 millones de pesos en utilidades conseguidas con la posterior venta de los terrenos a la empresa Silca, no han bastado para compensar los dolores de cabeza que la transacción ha generado a Caval. A la querella por estafa presentada por los nuevos compradores se sumó esta semana la desclasificación de nuevos antecedentes que siguen sembrando dudas sobre la operación: el contrato revelado por Qué Pasa que buscaba garantizar aún más utilidades para la empresa de la nuera de la Presidenta.