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Sin embargo, existe un apoyo con moderación a que este conjunto de medidas pueda impulsar una economía que se encuentra disminuida.
Una vez más, un gobierno recurre a implementar una agenda de concesiones para reimpulsar la economía. Es así que la Presidenta Michelle Bachelet, junto a los ministros de Hacienda Alberto Arenas y de Obras Públicas, Alberto Undurraga, presentaron una nueva agenda que contempla una inversión de 1.500 millones de dólares.
La decisión fue tomada con moderación desde el mundo económico que vio en el anuncio una señal para que la empresa privada, que ha disminuido su inversión, pueda revertir esa situación
Victor Salas, Doctor en Economía de la USACh, analizó la inversión que se generará y el gesto que se dio al empresariado.
“Esto no resuelve el problema de dinamizar la economía. Lo que hace es dar una señal desde el Estado de que va a poner recursos para hacer inversión y llamando al sector privado para que haga y ponga recursos adicionales para hacer la inversión en la infraestructura que está propuesta. Ninguno de estos proyectos se puede hacer por si solo con los recursos que están puestos en la mesa, sin duda. Entre las iniciativas se encuentra la materialización del tramo faltante de doble vía entre Antofagasta e Iquique de la Ruta 5 hasta Iquique; la licitación de la nueva ruta Santiago-Marga Marga-Quillota, y la nueva ruta entre Rancagua y Alhué, que conectará la capital de la VI Región con la ruta de la Fruta”.
Además la Presidenta Michelle Bachelet anunció que se modificarán los reglamentos para agilizar la inversión privada y dar posibilidad a la participación de las Pymes.
Sin embargo, el que se revisen los reglamentos que han sido criticados desde la época de Ricardo Lagos puede abrir un flanco para relajar el actual marco regulatorio, lo que tiene en alerta a la Fundación Defendamos la Ciudad.
Su presidente, Patricio Herman, sostiene que puede existir presión de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), principalmente de su presidente Juan Eduardo Saldivia, quien fuera subsecretario de Obras Públicas en el primero Gobierno de Michelle Bachelet.
“Ahora a mí no me cabe la menor duda que la presión ejercida por Copsa, que es la institución privada que une a todos concesionarios de obras públicas, ha tenido mucha injerencia en el gobierno. Hay que tomar en cuenta que el presidente de Copsa es un ex subsecretario de Obras Públicas. Es un político de la Concertación y por lo tanto ahí vemos el alto grado de influencia que ha ejercido Copsa ante este gobierno para que se relajen las normas”.
Justamente, Juan Eduardo Saldivia, líder de Copsa, manifestó su apoyo a la decisión de la presidenta Michelle Bachelet y al plan de concesiones.
“Hay intereses por invertir en Chile, hay ganas invertir en Chile y estamos dispuestos a invertir en Chile. Por consiguiente estas obras que el Gobierno ha anunciado van a tener participación y una competencia muy alta para el mejor resultado de ellas y lo antes posible”.
El punto de debate es el rol que cumplirá la nueva institucionalidad que se comenzará a tramitar en el Congreso antes del 21 de mayo, denominada Dirección General de Concesiones “que tendrá mayores recursos, así como capacidades aumentadas de gestión, organización y supervisión que permitan mantener un ritmo fuerte de concesiones de calidad y, a la vez, sustentables”.
Finalmente, los economistas valoraron con moderación la iniciativa debido al déficit que existe en infraestructura, pero también se destacó la intensión de revitalizar la economía por medio de la inversión privada en un momento donde los indicadores económicos están a la baja.