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Allí se detalla cómo operó una verdadera máquina de evasión. Desde boletas falsas de la esposa del junior para pagar la bencina de los hijos de Lavín, a los aportes a políticos. Pero la verdadera amenaza son los contratos forward, donde se escondía la principal tajada por no pago de impuestos. EL SII está resuelto a seguir investigando una fórmula que usan muchos actores del mercado.
Cuando los dueños del Grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, decidieron declarar ante el fiscal Carlos Gajardo, adquirieron un compromiso: colaborar con la investigación. Délano declaró el 5 de enero pasado y Lavín lo hizo al día siguiente. Para entonces, habían transcurrido siete meses desde el inicio de la investigación sobre Penta y la Fiscalía había acumulado testimonios y documentos recogidos en interrogatorios y allanamientos que daban cuenta no sólo de financiamiento ilegal de políticos, sino también evidencia de diversos ilícitos tributarios. Colaborar significó para Délano y Lavín quebrar su alianza histórica con los dirigentes de la UDI, especialmente con el ex senador Jovino Novoa, al reconocer el financiamiento ilegal de campañas políticas. También admitieron el uso de boletas fraudulentas para pagar a algunos de sus familiares y operaciones irregulares para cancelar bonos y remuneraciones a sus ejecutivos.
La estrategia apuntó a colaborar entregando la mayor información sobre los ilícitos que habían provocado conmoción pública en los últimos meses (la arista política), para así levantar un muro de contención sobre el nudo más complejo y amenazante para su futuro judicial: los contratos fordward realizados por Penta, y en especial los que se hicieron con las empresas de Manuel Cruzat. Allí estaba la verdadera máquina montada por los dueños del holding para una millonaria evasión tributaria.
SIIUn mes después las condiciones cambiaron radicalmente. A fines de enero la Fiscalía obtuvo testimonios y pruebas que demuestran que el Grupo Penta realizó más de un centenar de operaciones fraudulentas, a través de contratos forward manipulados, que provocaron una multimillonaria pérdida al Fisco. La evidencia obtenida reveló además, que Délano y Lavín no habían entregado toda la información. Quebrado el compromiso de colaborar con la investigación, la prisión preventiva volvió a rondar como una posibilidad cierta para los dueños de Penta.
Los contratos forward que ahora están bajo la lupa de la Fiscalía y del Servicio de Impuestos Internos (SII), fueron suscritos entre Penta y CB Consultoría y Proyectos, una empresa de Manuel Cruzat, amigo y maestro de Délano y Lavín (vea el reportaje de CIPER “Délano, Lavín y Bilbao: del ‘semillero’ de Manuel Cruzat al banquillo de los acusados”). Las pruebas que tiene el Ministerio Público indican que decenas de estos contratos fueron firmados en un mismo día. El hallazgo ha provocado inquietud en todo el mercado financiero. La hebra que sigue la Fiscalía apunta a que los forwards pueden ser un verdadero manantial de ilícitos tributarios y que no sólo el Grupo Penta los ha ocupado para burlar el pago de impuestos. El SII recién comienza a ponderar los alcances de esta fórmula de evasión y sus responsables piensan poner bajo el microscopio a todas las empresas que utilizaron este tipo de instrumentos financieros.
PRESIÓN SOBRE EL SII
Con la posibilidad cierta de que Délano y Lavín enfrenten la prisión preventiva tras la audiencia de formalización programada para este miércoles 4 de marzo, las presiones sobre el SII arreciaron la semana pasada. El lobby sobre sus máximos directivos buscaba retrasar la ampliación de la querella del organismo fiscalizador contra los responsables del Grupo Penta, acción judicial que se presentó finalmente este lunes 2 de marzo. ¿La razón? Minimizar la posibilidad de que el tribunal, en la audiencia del miércoles 4, aplique a los dueños de Penta la medida precautoria de privación de libertad.
Para los dueños de Penta era crucial impedir que la ampliación de la querella del SII se concretara antes de que el holding pagara $4.900 millones a la Tesorería General de la República por “impuestos adeudados” -más reajustes, intereses y multas- en algunas de las operaciones que realizaron para pagar bonos y remuneraciones de sus ejecutivos. La devolución a la Tesorería se efectúo a fines de la semana pasada, antes de que el SII ampliara su querella. De esta forma, el pago de los $4.900 millones puede ser presentado por la defensa de Délano y Lavín como una atenuante a tener en cuenta por el tribunal, en la audiencia de este 4 de marzo, para evitar la prisión preventiva de los imputados.
El ocultamiento de la mayor parte de las operaciones forward entre Penta y CB y el monto del eventual fraude tributario involucrado en ellas, terminaron de convencer a los fiscales de dos cosas: que la colaboración que asumieron a principios de enero Délano y Lavín no fue más que una maniobra dilatoria y que, bajo esta circunstancia y tomando en cuenta la conmoción pública que ha generado la investigación judicial, pedir la prisión preventiva está dentro de las posibilidades.
El equipo del Ministerio Público que lleva el proceso está ahora encabezado por el fiscal nacional, Sabas Chahuán, quien asumió la investigación el martes 24 de febrero, secundado por los dos fiscales que han llevado la indagatoria desde sus inicios: Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. La irrupción del fiscal nacional, que fue presentada por el Ministerio Público como carta de garantía de que la exhaustiva indagatoria del fiscal Gajardo no sería minada por presiones externas, gatilló el reforzamiento del lobby de Penta. La última ofensiva de los dueños del holding incluyó la filtración del pago a la Tesorería efectuado la semana pasada, presentado por diversas versiones de prensa precisamente como una atenuante para evitar la prisión de los imputados.
SIETE VÍAS PARA EVADIR IMPUESTOS
Más allá del gesto que involucra el pago de los $4.900 millones, la investigación del Ministerio Público apunta a que los ilícitos tributarios del grupo son tantos y de tan diverso orden, que la única conclusión posible, de prosperar la acusación de la Fiscalía, es que Penta se constituyó en una verdadera máquina de defraudar al Fisco. Las operaciones del grupo son una muestra gráfica de lo que en el SII llaman “industria de la evasión”, la que se origina en planificaciones tributarias “agresivas” diseñadas por asesores especializados para burlar el pago de tributos.
CIPER revisó detalladamente todos los hechos investigados por el Ministerio Público y pudo determinar que, a lo menos, son siete las fórmulas que habría utilizado Penta y que eventualmente le permitieron burlar el pago de impuestos y/o conseguir beneficios tributarios indebidos:
De probarse finalmente la comisión de ilícitos, los infractores arriesgan multas y penas que pueden llegar hasta los cinco años y un día. Por tratarse de una penalidad baja, para evitar la privación de libertad será clave que el tribunal pondere la colaboración de los imputados con los investigadores, su voluntad de pagar los impuestos adeudados y su “irreprochable” conducta anterior.
Délano y Lavín fueron multados con 1.000 UF por uso de información privilegiada en la compra de acciones del Banco de Chile en el año 2000, cuando pujaban con el Grupo Luksic por el control del banco. Gracias a que la normativa vigente entonces así lo establecía, esa sanción fue catalogada como “administrativa” y no ensució su hoja de antecedentes. Ambos cuentan con la atenuante de la buena conducta.
Respecto de la voluntad de restituir lo defraudado, el pago de $4.900 millones corresponde a unos $2.090 millones en impuestos impagos, más reajustes e intereses, por los bonos y remuneraciones canceladas a sus ejecutivos entre 2008 y 2014. A esta cantidad hay que agregar otros $1.191 millones que Délano y Lavín pagaron en diciembre, y que se refieren a impuestos impagos por $532 millones, más reajustes e intereses, originados por boletas falsas detectadas por la Fiscalía y rechazadas por el SII.
LA FÓRMULA DEL ENGAÑO
Cuando a comienzos de enero Délano y Lavín declararon ante el fiscal Gajardo, éste ya tenía en su expediente información sobre los forward. Hugo Bravo, uno de los imputados y ex ejecutivo de confianza de Délano y Lavín, ya había mencionado en sus declaraciones la existencia de contratos irregulares entre Penta y la consultora VSA. Los dueños de Penta no pudieron negarlos. Pero como estos forward no pueden justificarse como “errores de contabilidad”, pues se hicieron con la única intención de evadir impuestos, trataron de controlar los daños. El efecto de esta información podía ser demoledor en el juicio.
El arqueo del SII estableció que el Grupo Penta firmó cuatro contratos forward con VSA entre enero y febrero de 2013, los que involucraron transacciones por un total de $7.341 millones y generaron una “pérdida ficticia” para las empresas de holding que sumó $324 millones. Los forwards correspondían a una compraventa de dólares a valor futuro que se liquidarían entre tres y cuatro meses después de firmados los contratos.
En la práctica, al firmar estos contratos ambas empresas apostaban a que el precio que tendría el dólar cuando se liquidara la compraventa les sería favorable. La irregularidad es que las fechas de los contratos fueron manipuladas. Así lo estableció la investigación de la Fiscalía y la reciente ampliación de querella del SII: los documentos se redactaron después de la fecha estipulada para la liquidación de los contratos, por lo que ambas partes se coludieron para que Penta “perdiera” dinero.
Una vez que Penta le pagó a VSA los montos fijados en los contratos, esa empresa traspasó el dinero a los ejecutivos de Délano y Lavín. La fórmula le permitía a Penta pagar los bonos y parte de las remuneraciones de sus ejecutivos evadiendo impuestos. Para cobrar las sumas, los ejecutivos hacían sus propios forwards con VSA, los que también se manipulaban para que fueran desfavorables a la consultora. VSA cobraba una comisión de 9,4% por prestarse al engaño.
Cuando Délano y Lavín transparentaron ante la Fiscalía los forwards con VSA, intentaron responsabilizar de estas operaciones a Hugo Bravo. Al enterarse del tenor de la acusación, en su siguiente declaración, el 30 de enero, Bravo decidió dar un nuevo golpe: puso ante la mesa del fiscal la información que conservaba sobre los forwards que Penta había suscrito con CB Consultorías y Proyectos, la empresa de Manuel Cruzat. Los dichos de Bravo fueron explosivos. Porque fue entonces que el Ministerio Público constató que los controladores de Penta les estaban ocultando la veta más potente de la evasión tributaria.
El mismo día en que Hugo Bravo entregó esta nueva hebra a los investigadores, la defensa de los dueños de Penta informó a la Fiscalía la existencia de 24 forward suscritos con CB entre 2008 y 2012, los que involucran un monto global superior a los $103 mil millones. Pero la pista que aportó Bravo le permitió al Ministerio Público conocer la existencia de muchos más contratos de este tipo. De allí que fueron citados a declarar ejecutivos de CB -como Iván Rojas y el propio Manuel Cruzat, cuyos testimonios quedaron bajo reserva temporal- lo que destapó la existencia de otras decenas de contratos.
Con este nuevo antecedente, de proyecciones insospechadas, el caso adquirió un giro lapidario para Délano y Lavín. Eso explica el apuro por pagar a la Tesorería antes de que el SII ampliara su querella, la que incorporó algunos de los ilícitos con los forwards y pone en riesgo la estrategia de los dueños de Penta para evitar la prisión.
LOS FORWARDS CON VSA
Impuestos Internos alcanzó a incorporar en su ampliación de querella –presentada el lunes 2 de marzo- sólo los forwards entre Penta y VSA. Los contratos con CB Consultoría ya fueron informados por la Fiscalía al SII, y el organismo tributario está en la etapa de recopilación de antecedentes. De allí que en su querella el SII informó al tribunal que los contratos forward suscritos entre Penta y CB “presentarían las mismas características y condiciones de celebración” que los firmados con VSA.
De los cuatro contratos forward entre Penta y VSA en 2013, tres de ellos fueron suscritos por Empresas Penta. Estos arrojaron una “pérdida ficticia” de casi $303 millones (vea imagen con los pagos hechos por Empresas Penta a VSA). Dos de estos tres contratos fueron firmados por Carlos Alberto Délano y Hugo Bravo, en representación de Empresas Penta, lo que diluye la supuesta responsabilidad exclusiva de Bravo en estos manejos.