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La presión se centró en la Municipalidad de Machalí para cambiar el Plan Regulador que le subiría el valor a los terrenos. Allí surge un nexo desconocido: entre los documentos de CAVAL hay una tasación firmada por una arquitecta, sobrina del vendedor del predio, que a su vez trabajó en el municipio para cambiar el Plan.
Cuando el 6 de febrero la revista Qué Pasa reveló el millonario crédito del Banco de Chile que posibilitó la explosiva compra y venta de terrenos en Machalí por parte de una sociedad de Natalia Compagnon, esposa de Sebastián Dávalos Bachelet, estalló un conflicto político cuyos efectos aún no se dimensionan y varias interrogantes quedaron sin respuesta. Una de ellas fue cómo la pequeña empresa CAVAL (propiedad de Compagnon y del relacionador público Mauricio Valero Illanes), creada a comienzos de 2012 con un capital de solo $6 millones, pudo obtener en diciembre de 2013 un crédito bancario por $6.500 millones, más de mil veces su patrimonio inicial.
Independiente del hecho concreto de que Sebastián Dávalos era al momento del otorgamiento del crédito el hijo de la Presidenta electa, antecedentes hasta ahora desconocidos dan cuenta de que, a esa fecha, el patrimonio de CAVAL ya no era de $6 millones. Documentos obtenidos por CIPER indican que CAVAL, creada el 3 de febrero de 2012, tuvo en sólo un año de funcionamiento un crecimiento fulminante. Cuando a mediados de 2013 sus dueños –a los que se sumaron asesores externos– golpearon las puertas de distintos bancos para conseguir el préstamo que les permitiera adquirir los codiciados paños Santa Elena, Santa Cecilia y San Diego, ubicados estratégicamente en la comuna de Machalí, CAVAL exhibía un estado de resultados con más de $1.500 millones de ingresos.
Según un balance de resultados firmado por Mauricio Valero correspondiente a 2012, en su primer año CAVAL logró facturar más de $1.500 millones en asesorías (ver balance). Sobre la naturaleza de esos trabajos hay absoluto hermetismo. Se ignora si esos ingresos corresponden exclusivamente a consultorías en el ámbito de la gestión, tal cual se declara en el balance, o si provienen también de las otras líneas estratégicas de negocio definidas por el propio Valero dentro del ámbito de acción de CAVAL: proyectos de inversión portuaria, evaluación de yacimientos mineros, proyectos de generación energética y proyectos de inversión inmobiliaria (ver curriculum de Valero).
En todas esas áreas un rol clave le correspondió a Sebastián Dávalos en su calidad de gerente de Proyectos de CAVAL desde su inicio (febrero 2012) hasta marzo de 2014, cuando asumió como director sociocultural de La Moneda.
Fue el propio Sebastián Dávalos quien el 1 de marzo de 2013 afirmó en entrevista con revista Qué Pasa, que CAVAL funcionaba como consultora desarrollando “proyectos por encargo” y representando comercialmente a empresas pequeñas para “llegar a los mercados que les interesan”. También precisó que sus labores en CAVAL se enfocaban en proyectos de “tecnología, comunicaciones y prestación de servicios al sector minero”. En esa oportunidad nada dijo sobre los proyectos portuarios, energéticos y tampoco mencionó el área inmobiliaria. Al momento de la entrevista, sin embargo, CAVAL ya trabajaba en el desarrollo del anteproyecto arquitectónico de Machalí.
Entre los activos fijos declarados por CAVAL, también se contaban los $112 millones que desembolsó la empresa el 28 de junio de 2012 –a cinco meses de haber sido creada– para adquirir los cuatro vehículos de lujo marca Lexus del año, modelos New II RX350 (dos station wagon) y New IS250CV (dos convertibles). Hasta hace poco, uno de esos convertibles, el gris metálico patente FB-RY-27, era utilizado por directivos de la empresa. También por Sergio Bustos Baquedano, uno de los asesores que gestionó con los bancos el préstamo para financiar el “Proyecto Machalí” de CAVAL y que hoy acusa a la empresa de Compagnon y Valero de adeudarle cerca de $200 millones en remuneraciones y premios.
2012 fue un año dorado para la Exportadora y de Gestión Caval Limitada. Así lo demuestran sus resultados contables. Tras 11 meses de operaciones sus utilidades superaban los $317 millones. Y el éxito no se remitió sólo a CAVAL. Al cierre del año 2012, las cuentas corrientes personales de sus propietarios -Compagnon y Valero- registraban un saldo a favor de $222 millones y $169 millones, respectivamente. Aquellos fondos, según el mismo balance de resultados de CAVAL, fueron declarados como parte del activo circulante de la empresa.
Al año siguiente, según las declaraciones tributarias de CAVAL, la situación cambió.
EL CONTINGENTE DE CAVAL
En septiembre de 2012, CAVAL cambió de domicilio comercial desde Los Conquistadores 1700 piso 9B, en la Torre Santa María, al quinto piso de un edificio en Nevería 4631, en Las Condes. Así consta en diferentes documentos tributarios de la empresa. Aún no se sabe cuál fue el domicilio real en el que operó en sus inicios –de febrero hasta agosto de 2012– y tampoco los trabajos que desarrolló. Y ello porque ese año, según las distintas versiones de prensa que han surgido en estos días, en la oficina de Los Conquistadores funcionaba una empresa que le prestaba asesoría contable a distintas sociedades. Lo concreto es que en el piso 9 de Los Conquistadores no se conoció rastro de CAVAL.
Distinta es la situación de la oficina que ocupó en calle Nevería desde agosto de 2012. Allí fue donde la empresa de Compagnon y Valero comenzó a consolidar su estructura organizacional y donde puso oficialmente en marcha el “Proyecto Machalí”.
El desarrollo de un anteproyecto arquitectónico para los terrenos aledaños a la Carretera del Cobre pasó a ocupar un lugar prioritario en el portafolio de proyectos de CAVAL. Muy pronto su división inmobiliaria se vio reforzada por los reclutamientos que hizo el propio Mauricio Valero para estos efectos. Paralelamente, se encargó un estudio para analizar la factibilidad de construir un hotel en los predios de Machalí. El estudio, desarrollado por la consultora Horetur, fue entregado a CAVAL en marzo de 2013.
Para entonces, el organigrama directivo de CAVAL estaba compuesto por 12 personas. A ellos se sumaba una empresa externa de asesoría legal permanente: AC&C Consultores, de propiedad de Víctor Canales Donoso y David Korol Engel.