Página oficial de Facebook
Todo está en regla. Ése fue el veredicto al que llegó el superintendente de Bancos (SBIF), Eric Parrado, luego de haber analizado los antecedentes que entregó el Banco de Chile en el marco de la polémica por el caso Dávalos.
Y es que según el regulador, la entidad financiera controlada por el grupo Luksic cumplió con la normativa vigente y con los procesos requeridos, para otorgar el crédito por unos $ 6.500 millones a Caval, sociedad en la que Natalia Compagnon, señora de Sebastián Dávalos, tiene un 50% de participación.
El préstamo tenía como objetivo la compra de tres terrenos en Machalí, cercanos a lo que será la carretera El Cobre, y que posteriormente fueron vendidos a un empresario de la zona, por unos $ 9.500 millones. Un negocio rentable considerando el año que se necesitó para generar los $ 3.000 en ingresos.
Sin embargo, y mientras las escrituras aún no han salido del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua por lo que aún no se concreta la venta, varios detalles de cómo se dio el proceso desde el punto de vista bancario están contenidos en la demanda laboral presentada por Sergio Bustos Baquedano, en contra de Caval.
De que el proyecto inmobiliario era bueno, nadie tiene dudas a estas alturas. Especialmente si se considera que en mayo se volverá a revisar el cambio en el Plano Regulador Intercomunal, que abarca seis municipios, y que de paso, podría cambiar el uso de suelo de las 44 hectáreas de rural a urbano.
La demanda presentada por Bustos afirma que las dificultades que se presentaban para obtener el préstamo eran el tener una existencia -la compañía- de un año y medio, $ 6 millones de patrimonio, "a lo que se sumaba que sus socios tampoco tenían solvencia para el monto del crédito necesario. En consecuencia, la aprobación del crédito tendría que obtenerse en base a la importancia y utilidades que generaría el proyecto, lo que implicaba presentaciones muy pormenorizadas al Banco de Chile, para interesarlos en el proyecto mismo, más que en la situación financiera de Caval".
El documento agrega que Bustos se reunió con José Manuel Carvallo, subgerente de Grandes Empresas del Banco de Chile junto con su ejecutivo, "donde quedó claro que, inmobiliariamente hablando, el proyecto era excelente, pero que la capacidad económica y antecedentes de Caval no hacían posible el otorgamiento de un crédito de la magnitud del que se solicitaba, sin antes verificar cada una de las cifras y supuestos contenidos en el proyecto (...). En suma, se planteó la necesidad de destrabar la situación adicionando el proyecto Machalí presentado al banco".
La primera opción
Según el recurso presentado por el abogado Rodrigo Lillo, el banco que era la primera opción para conseguir financiamiento era el Santander.
"Sergio Bustos se había previamente contactado con un conocido suyo de Santiago, de gran experiencia en trámites bancarios (...) a quien le solicitó de forma urgente la presentación del proyecto Machalí en otros bancos para ambos asegurar la obtención del crédito necesario para Caval, ya que en concepto de mi representado las gestiones ante el Santander probablemente no tendrían éxito ya que esta entidad, a efectos de un préstamo, prioriza los flujos en una empresa solicitante más que la envergadura y factibilidad de un proyecto de negocio, cosa que finalmente ocurrió", señala el recurso, el que luego agrega que esa entidad financiera pidió una "carta o boleta de garantía por la suma de US$ 3 millones para otorgar un préstamo menor, necesario para prorrogar la opción de compra ante el síndico".
Al mediodía de ayer fue su primera conferencia de prensa a cargo de uno de los casos más polémicos del último tiempo.
Y en ella, el fiscal regional de O'Higgins, Luis Toledo, aseguró que el tema del parentesco "no determinará la manera" en que se realizarán las investigaciones en torno al denominado caso Dávalos.
"La relación parental que tenga es un dato de la causa, pero no habilita ni determina las diligencias de investigación en torno a la indagatoria", dijo Toledo a los medios de comunicación.
El fiscal también dijo que la denuncia que interpuso RN (la que motivó su nombramiento por parte de la Fiscalía Nacional) no aporta ningún antecedente diferente a lo que ya se conocía.
"Se denuncia respecto de todos los funcionarios públicos que han intervenido en la adquisición de un determinado predio y el eventual cambio de uso de suelo en un plan regulador intercomunal", dijo el fiscal.
Por diferentes vías -Ministerio Público y Fiscalía, respectivamente-, la UDI y Renovación Nacional presentaron el lunes recién pasado las denuncias con el fin que se investigue la posible existencia de tráfico de influencias, uso de información privilegiada, violación de secretos y negociación incompatible, en la operación para la cual la sociedad Caval, de la que es dueña en un 50% la esposa de Sebastián Dávalos, Natalia Compagnon, solicitó un préstamo de $ 6.500 millones al Banco de Chile.