Defendamos la ciudad

Veintisiete (27) organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la Coordinadora Pro Derechos Urbanos se han visto en la necesidad de hacerle notar formalmente a la Primera Mandataria que su Ministra Secretaria General de la Presidencia incumple las instrucciones entregadas por el Gabinete Presidencial en relación a ejercicios comunicacionales llevados a cabo por un poder fáctico para desmerecer el quehacer constitucional de la Contraloría General de la República. Patricio Herman de la Agrupación Defendamos la Ciudad, una de las organizaciones de la mencionada Coordinadora, expresó "en un gobierno participativo como el actual, ningún colaborador o colaboradora de la Presidenta Bachelet se puede dar el gusto de ignorar a los representantes ciudadanos, más aún, cuando éstos le han entregado documentación de peso a la Presidenta con ocasión del nombramiento del titular en la Contraloría. Es impresentable que la señora Veloso haga caso omiso de una instrucción presidencial que tenía como propósito dar respuesta fundamentada a nuestra carta del 29 de Agosto de 2006. El Estatuto Administrativo de los funcionarios del Estado es muy claro al respecto y en tal sentido sería muy conveniente que la aludida Ministra lo leyera a la brevedad para que sus actos siempre se apeguen a sus directrices. Vemos con preocupación el intento del Gobierno en orden a intervenir políticamente en la Contraloría con el objetivo de reducir el campo de acción del ente fiscalizador. Sabemos muy bien que la Presidenta tiene la facultad para nominar al futuro Contralor, lo que tiene que ser refrendado por 23 senadores, cantidad de votos que hoy en día no están asegurados para el competente y distinguido abogado Ruiz-Tagle elegido por la señora Veloso. Como nosotros manejamos información asociada al intríngulis, le hemos solicitado una entrevista a la Presidenta, con la idea de señalarle algunos hechos de cierta relevancia que podrían cambiar el desenlace de la situación. Es difícil que nos reciba, por sus innumerables compromisos, pero en una de esas se podría producir la reunión. Habrá que esperar". Rodrigo Cociña, dirigente de la Agrupación Defendamos Plaza Las Lilas, manifestó "la indefensa ciudadanía de este país sólo cuenta con la Contraloría General de la República para que impere el derecho en los crecientes conflictos urbano-ambientales y por ello nos oponemos a que ese órgano público se transforme en una nueva agencia del gobierno. Estamos seguros que la Presidenta Bachelet, quien desea atacar frontalmente la corrupción, escuchará los planteamientos que le hemos dado a conocer el 29 de Agosto pasado y hoy viernes 10 de Noviembre de 2006". (FIN) Coordinadora Pro Derechos Urbanos (2330321-2098554) Leer más adelante la carta entregada en el Palacio de La Moneda ........................................................................................................................................ Santiago, viernes 10 de Noviembre de 2006 Sra. Michelle Bachelet Excelentísima Presidenta de la República Palacio de La Moneda Presente REF. Nombramiento de titular en la Contraloría General de la República De nuestra consideración : Quienes suscriben se dirigieron a Ud. el 29 de Agosto de 2006, entregándole un Comunicado de la Coordinadora Pro Derechos Urbanos, con ocasión de la desmedida injerencia que están teniendo en la estructura del Estado las asociaciones empresariales inmobiliarias, con ocasión de una campaña que ellos lideran para desprestigiar la labor de la Contraloría General de la República, la que ha estado invalidando una serie de permisos de edificación por ser contrarios a derecho. Como corresponde a una funcionaria pública proba, doña Patricia Hidalgo, Asesora de Gestión de su Gabinete Presidencial, a través del INTDGCP 18524 del 2 de Octubre de 2006, acusa recibo de nuestra carta y con respecto a nuestro requerimiento, que dice relación con el deseo que se confirme como titular de la Contraloría a quien ejerce actualmente como Sub-Contralora interina, nos expresó textualmente "hemos solicitado al Gabinete de la señora Ministra Secretaria General de la Presidencia ; el análisis de los antecedentes que nos remitiera, como asimismo, otorgarle una respuesta directa en el marco de sus atribuciones y facultades". A esta fecha y a pesar de los innumerables llamados telefónicos efectuados para tomar contacto con la Ministra señora Paulina Veloso, no hemos recibido ninguna respuesta, en los términos señalados por su Gabinete Presidencial, ni menos hemos podido conversar con la señora Sofía Libedinsky, jefa del Gabinete de la señora Ministra, situación incalificable en un gobierno ciudadano como el suyo. En nuestra condición de interesados en las cuestiones de carácter público, le hemos entregado antecedentes objetivos que estimamos deben ser evaluados cuidadosamente por ese ministerio. Lo anterior cobra relevancia, a la luz de la noticia publicada en El Mercurio de ayer jueves, con título "Belisario-empresarios : cumbre secreta" con epígrafe "Bajo crecimiento y casos de corrupción estuvieron entre los temas del encuentro". El Ministro del Interior señor Belisario Velasco se juntó con los empresarios Matte, Angelini, Yarur y otros, incluyendo al abogado con negocios inmobiliarios Aníbal Correa, según ese diario. En la reunión se abordaron varias materias, una de las cuales fueron "las medidas de seguridad para proyectos privados", asunto que tiene muchas aristas que confunden, ya que la Ley Nº 19.880, producto de la "Agenda Pro-Crecimiento", regula con meridiana claridad el trámite de los actos administrativos del Estado. Estimada y respetada señora Presidenta, si queremos no caer en la corrupción más desenfrenada, el gobierno no puede aceptar peticiones del sector privado productivo para obtener medidas de seguridad jurídica para sus negocios, sobre la base de permisos mal concedidos por autoridades político-administrativas; menos aún si dichos actos afectan derechos de terceros (la comunidad), como es el caso de algunas recientes revocatorias de dictámenes de Contraloría sentenciadas por la Corte Suprema, la que estima, acogiendo las tesis de los privados, que el ente fiscalizador carece de atribuciones para determinar la legalidad de los actos administrativos, discutible criterio que naturalmente no compartimos. Dado que representamos a 27 organizaciones de la sociedad civil que hacen valer los marcos regulatorios vigentes, ante el creciente abuso de poder fáctico del sector inmobiliario, le solicitamos una entrevista para darle a conocer, con ejemplos concretos, lo que está sucediendo en el ámbito de la depredación de los barrios consolidados y el desinterés por parte de las autoridades sectoriales en abordar el desarrollo sustentable en la tarea del crecimiento de la ciudad. Con este motivo, la saludamos muy atentamente. Patricio Herman..................................... Jorge Cisternas..................................... Rodrigo Cociña..................................... Coordinadora Pro Derechos Urbanos (Luz 2889, Depto. 34, Las Condes)