Defendamos la ciudad

Claudio Agostini Ilades-Universidad Alberto Hurtado Nuestra historia está llena de políticas públicas implementadas producto de la presión de grupos de interés, muchos de los cuales siguen gozando de privilegios inmerecidos. Sin embargo, sorprende ver cómo se utiliza la defensa de la clase media y los más pobres para oponerse a reformas que mejorarían el bienestar de la mayoría . Revisemos algunos ejemplos que reflejan que todavía hay espacio para eliminar privilegios, generar más competencia y avanzar en la igualdad de oportunidades. Las bandas de precios han sido defendidas por la Sociedad Nacional de Agricultura argumentando que tendría graves efectos sociales eliminarlas. Sin embargo, la evidencia es que favorecen a unos pocos agricultores mientras el resto de los chilenos comemos pan y azúcar más caros. En el caso del azúcar, entre 1986 y 2003 los consumidores pagamos un sobreprecio de US$ 523 millones, de los cuales el 44% los recibió Iansa. Las regiones extremas tienen beneficios tributarios y subsidios que eran "temporales", pero se han renovado y crecido en montos y cobertura geográfica, a un costo de US$ 100 millones en 2005. Todo esto, a pesar de que la evidencia empírica internacional muestra que este tipo de políticas no tienen efecto alguno en la inversión o en el empleo, pero sí en el contrabando y el sistema tributario. La Cámara Chilena de la Construcción se opone a eliminar la exención parcial de IVA que gozan las constructoras, argumentando que subirían los precios de las viviendas lo cual "perjudicaría a la clase media". Sin embargo, esta franquicia que cuesta 340 millones de dólares al año, beneficia sólo en 19,4% a compradores de viviendas sociales y en 45,9% a compradores de viviendas de ingresos altos. Si se elimina se podría aumentar el presupuesto para viviendas sociales en 76%. Una de las propuestas que se discuten para generar más competencia en el mercado de los fondos de pensiones es la de licitar paquetes de afiliados para que las AFP compitan por captarlos. La Asociación de AFP se opone a esta medida, porque "entregaría una señal equivocada a los trabajadores, al obligarlos a afiliarse a la AFP más barata, que podría ser menos rentable". Sin embargo, estudios muestran que una mayor competencia bajaría las comisiones cobradas lo suficiente como para que las pensiones aumentaran 8%. La lista es larga, pero lo importante es eliminar estos privilegios y generar mecanismos que dificulten la implementación de políticas públicas que benefician a pocos a costa de la mayoría. Uno de ellos es tener una mayor transparencia y "accountability" de todas las autoridades y sus decisiones. Esto permitiría una mayor fiscalización ciudadana que disminuya la influencia de grupos de presión que dicen "cuidar" a la clase media y a los más pobres. De otra forma, los cuidados del sacristán pueden matar al señor cura.