25 Octubre 2006

Uso del automóvil y contaminación ambiental en las ciudades.

El Gobierno español avala un severo plan para castigar el uso del vehículo privado. 25 de octubre de 2006.

ECONOMÍA Y POLÍTICA 24/10/2006 Expansión. Madrid Publicado: 07:00 La política de mano dura llega al Ministerio de Medio Ambiente. Ante los crecientes niveles de contaminación, el equipo de Cristina Narbona quiere redoblar los esfuerzos para diseñar las "nuevas ciudades" sobre las que pilota la estrategia urbana del PSOE. Y para ello, propone un severo plan que castigará el uso del coche privado en las áreas metropolitanas. En contra de las declaraciones hechas hasta ahora, el Ejecutivo no ha renunciado a la intención de crear un gravamen para quienes utilicen el coche por los núcleos urbanos, peaje que ahora sí que respalda. "Crear cánones de circulación por el centro de las ciudades puede ayudar a restringir el uso del transporte privado frente al colectivo", dice el Ministerio en un documento publicado en el último número de su revista Ambienta, y que firma María Sornosa, del PSOE y miembro del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo. El plan no acaba ahí. Se reclama, además, "habilitar zonas de aparcamiento disuasorio junto a trenes, metros o tranvías", lo que significa que se crearán espacios para estacionar en lugares que no invitan a la circulación, desincentivando, así, el uso del vehículo particular. La bicicleta Penalizar el coche privado pasa, a su vez, por promover el empleo de otros medios de transporte. Y Medio Ambiente ha elegido la bicicleta; ahora bien, siempre que se respeten los carriles reservados para su utilización. La mejor manera de hacerlo es la que plantean en San Sebastián, modelo que la publicación de Narbona pone como ejemplo: en la ciudad donostiarra se barajan incluso "medidas" para frenar los excesos de velocidad para los carriles bici, donde los peatones no tienen prioridad. Y para quien no le guste la bicicleta, se plantea fijar "un sistema de precios unitario para todos los transportes públicos", abaratando esta opción. Como telón de fondo de todas estas medidas está la reeditada filosofía urbanística del PSOE, que ha hecho del lema Una ciudad habitable es una ciudad ecológica sostenible una de sus principales banderas. Para ello, según los socialistas, un factor esencial sobre el que debe actuarse "es el tráfico, primer generador de contaminación atmosférica y acústica", lo que explica el empeño de castigar el coche particular. El PSOE ya plasmó este plan de intenciones en el documento de conclusiones de la Conferencia Política que celebró a mediados de septiembre. Tras eliminar la idea en el primer borrador del informe de crear un peaje para centros urbanos, el partido del Gobierno propuso "combinar las medidas reguladoras (por ejemplo, reserva de carriles-bus, prioridad para los autobuses, carriles para vehículos de alta ocupación, prohibición de carga y descarga en horas punta, establecimiento de vías y circuitos peatonales y para bicicletas)" con la "promoción de una estrategia de aparcamientos públicos a bajo precio conectados con un sistema intermodal de transportes". Este paquete tendría dos patas más. En primer lugar, las "medidas tecnológicas", como el fomento de la implantación de medios de transporte público ecológicos -como tranvías y autobuses eléctricos-. Y, en segundo lugar, la potenciación del "transporte público intermodal y los consorcios de transporte público", idea que podría extenderse incluso a implantar transporte gratuito para jóvenes y ancianos –ver EXPANSIÓN del 19 de septiembre –. En definitiva, un ambicioso plan con el que "conceder prioridad a los vehículos que usan más eficazmente el espacio público y que disminuyan la contaminación atmosférica, lumínica y acústica" que llegaría después de las severas multas que plantea la nueva ley de responsabilidad medioambiental. Sanciones Esta norma, que la semana pasada pasó por el Consejo de Ministros, obligará a las empresas a prevenir los daños derivados de la actividad económica y reparar los que se causen. Esta norma, que traspone una directiva europea de 2004 que entrará en vigor el 30 de abril de 2007, prevé sanciones de hasta 2 millones de euros y la suspensión de un año de la autorización para la empresa. http://www.expansion.com/edicion/expansion/economia_y_politica/es/desarrollo /701995.html



Inicia sesión para enviar comentarios