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Según plantea la organización, con fecha 5 de octubre, el organismo fiscalizador obligó al director de Obras (S) Municipales, Carlos Alarcón, que proceda a anular los permisos aludidos, ya que la directora de Obras que otorgó esos permisos con normas urbanísticas caducadas, actuó sin respetar el derecho. Patricio Herman de la mencionada agrupación señaló que “la verdad es que no tiene explicación razonable que esa municipalidad, desde hace 4 largos meses, a partir del primer dictamen de la Contraloría, se niegue a aplicar el marco jurídico vigente para este tipo de actos administrativos”. Asimismo, el abogado de la agrupación Tomás Fabres expresó que “lo que la Contraloría representa a las autoridades comunales en este nuevo dictamen es que no cabe que el alcalde se irrogue funciones que son propias del Director de Obras, único al que corresponde otorgar los permisos de edificación y revocar los que se han otorgado violando la ley”, indicó. Los dirigentes también cuestionaron el actuar de la secretaría regional ministerial de Vivienda (Seremi), que también tiene facultades para invalidar el acto administrativo.