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Ya no sólo la desaceleración económica complica a las inmobiliarias. Ahora nuevamente tendrán que presentar Estudios de Impacto Ambiental para sus grandes proyectos en zonas saturadas como Santiago.
Esto, luego de que la semana pasada el Consejo de Ministros acordara una modificación al reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), para eliminar una exención que fue aprobada durante el gobierno de Sebastián Piñera, y que le permite a las inmobiliarias no presentar estudios ambientales para proyectos en zonas latentes (de gran contaminación), siempre que los instrumentos de planificación territorial de esas áreas, como planos o sectoriales reguladores, contaran con aprobación ambiental.
El Gobierno, tras reclamos de la U. Diego Portales, la Fundación Defendamos La Ciudad y otras instituciones sobre irregularidades en dicho reglamento, tomó cartas en el asunto y citó a una reunión privada del Consejo de Ministros para analizar el tema. De este modo, la semana pasada determinaron quitar del reglamento el inciso que narra: “Se exceptuarán dichos proyectos de su ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en aquellas zonas declaradas latentes o saturadas, que cuenten con un Plan de Prevención o Descontaminación vigente, dictado de acuerdo al artículo 44 de la Ley y se permita el desarrollo de proyectos inmobiliarios en un Instrumento de Planificación Territorial aprobado ambientalmente conforme a la Ley”.
Según los expertos, esta indicación establecida en el gobierno anterior le permitía a los desarrolladores inmobiliarios y constructoras generar proyectos sin necesidad de someterlos a una evaluación que determinara grados de impactos en el medio ambiente, ni las compensaciones correspondientes a las emisiones.
“Si un proyecto está en un instrumento de planificación territorial que fue evaluado ambientalmente, se supone que tu proyecto es compatible. Acá se quiso quitar la carga al SEIA de evaluar esos proyectos ya que había otros instrumentos que estaban capacitados para evaluarlos, pero el problema es que acá se generó un vacío con la compensación de emisiones”, explica Fernando Molina Matta, socio del estudio Cubillos Evans.
Con la modificación que el consejo ingresaría esta semana a la Contraloría, todos los proyectos de más de 300 viviendas, 7 hectáreas de extensión o torres de más de 5.000 personas de capacidad o mil estacionamientos, deberán sí o sí ser evaluados medioambientalmente, sin importar la zona de latencia.
Esto no estaba establecido en la norma aprobada por la administración Piñera.
Genaro Cuadros, director del Laboratorio Ciudad y Territorio de la UDP, celebró la medida adoptada por la autoridad y afirmó: “Bajo el reglamento que aprobó el gobierno anterior, un proyecto gigantesco como el Costanera Center no habría estado obligado a presentar un Estudio de Impacto Ambiental, lo que es una barbaridad”.
Adicionalmente, dentro de las modificaciones que realizó el Gobierno de Bachelet se explicitan las facultades del SEIA de determinar cuándo existe carencia de información para evaluar el impacto o las mitigaciones que generaría un proyecto.
Al respecto, Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos La Ciudad, afirmó que este cambio busca “restituir el estado de derecho y darle mayor seriedad a la institucionalidad ambiental. Con esta acción, se exige mayor grado de profesionalismo a las consultoras ambientales”.