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La semana pasada, la UDP junto con la Fundación Defendamos La Ciudad presentaron ante el Ministerio de Medio Ambiente una solicitud de invalidación parcial de este reglamento, argumentando que éste establece una exención de someter a evaluación ambiental a nuevos proyectos inmobiliarios y obras de infraestructura “a construirse en zonas declaradas latentes o saturadas, que cuenten con planes de prevención y/o descontaminación, así como con instrumentos de planificación territorial aprobados ambientalmente”.
La acción es patrocinada por la abogada Natalia Alfieri, profesora de la Clínica de Justicia Ambiental de la UDP, en nombre de Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad; del Laboratorio Ciudad y Territorio de la misma casa de estudios; y de otras instituciones.
“Es una modificación que ocurre a través de un instructivos administrativo que busca eximir de un estudio de impacto ambiental a determinados proyectos inmobiliarios y también de infraestructura de gran escala. Es decir, grandes equipamientos urbanos e inmobiliarios que sí deben ser analizados ambientalmente por su impacto”, indica Cuadros, quien agrega que sin ir más lejos “al hablar de zonas saturadas se incluye a ciudades como Santiago y Temuco”.
Por su parte, Patricio Herman puntualiza que el hecho de que también le quite la obligación de un estudio ambiental a obras como autopistas urbanas es una “muestra de contrasentido con la flamante Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) creada bajo la administración de Sebastián Piñera”. Además, afirma que “esperamos que a la brevedad Pablo Badenier, presidente del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, con el acuerdo de este cuerpo colegiado, deje sin efecto este burlesco reglamento del SEIA”.