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Santiago, 23 de julio 2014. Una solicitud de invalidación parcial del Nuevo Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (NRSEIA), presentó esta mañana la Clínica de Justicia Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, ante el Ministerio de Medio Ambiente. Ello, en lo que se refiere la exención de someter a evaluación ambiental a nuevos proyectos inmobiliarios a construirse en zonas declaradas latentes o saturadas, que cuenten con planes de prevención y/o descontaminación, así como con instrumentos de planificación territorial aprobados ambientalmente. La acción es patrocinada por la abogada Natalia Alfieri, profesora de la Clínica de Justicia Ambiental de la UDP, en nombre de Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad; de Anna Luypaert Blommaert y de Sebastián Sepúlveda, directora y secretario de la Red por la Defensa de la Pre cordillera;de Genaro Cuadros, Director del Laboratorio Ciudad y Territorio de la Facultad de Arquitectura, Arte, Diseño y de la UDP, y de Mauricio Espínola.
El cuestionado reglamento modificó a su predecesor para adecuarlo a la nueva institucionalidad ambiental. Sin embargo, incorporó una excepción que no estaba en su propuesta inicial, la cual, según la presentación, fue añadida a último minuto, sin ser sometida a consulta ciudadana ni al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, justo antes de la toma de razón por parte de la Contraloría. Para los denunciantes, esta situación afecta a los sectores más contaminados del país, ya que a raíz de esta excepción, “no se evalúan ambientalmente los posibles impactos y cargas ambientales de este tipo de proyectos y pierde efectividad el sistema de compensación de emisiones dispuesto en el Plan de Prevención y Descontaminación de la Región Metropolitana”, señaló la académica de Derecho UDP, Natalia Alfieri, agregando que “si los proyectos se encuentran excluidos de ingresar al SEIA, se pone en entredicho su obligación legal de compensar sus emisiones, lo que es de suma importancia, ya que los proyectos inmobiliarios, han sido los que mayor cantidad de emisiones se ha visto obligada a compensar, según estudios de la Superintendencia del Medio Ambiente”.
A su juicio, la exención se realizó “sin que existan informes, razonamientos o documentos que expliquen o justifiquen dicha excepción de ingreso al SEIA”, considerándola “una disposición ilegal que vulnera el ámbito de protección de la normativa ambiental y la armonía del ordenamiento jurídico”. En efecto, explica que no existe ningún mandato legal que permita que el nuevo Reglamento haya incorporado esta excepción y que se hicieron todas las solicitudes de acceso a información pública pertinentes sin que se haya podido acceder a ningún fundamento que explique esta excepción.
De esta manera, asegura que se pasa a llevar el principio preventivo de la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente, entre otras disposiciones. Por su parte, el académico de Arquitectura UDP, Genaro Cuadros, considera que “esta medida atenta contra la importancia de analizar todos los impactos que generan los proyectos de desarrollo urbano. Las principales políticas públicas urbanas en debate y las aprobadas, poseen un enfoque de sustentabilidad ambiental de normas e inversiones, tanto públicas como privadas, y esto es contradictorio a ese propósito. Por otro lado, algunos proyectos inmobiliarios de gran tamaño atraen viajes motorizados en la ciudad y eso es una variable ambiental sensible”.
Contacto de prensa:
Susana Kuncar, coordinadora de comunicaciones Facultad de Derecho. F: 67628871/Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Claudia Pérez, coordinadora de comunicaciones de comunicaciones Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño. F: 26762746/ Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.