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Tras la aprobación de la modificación al Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PMRS 100), se integraron a la trama urbana de Santiago casi 10.000 hectáreas repartidas en ocho comunas: Pudahuel, Renca, Quilicura, Cerro Navia, Maipú, San Bernardo, La Pintana y Puente Alto.
Con ello, a pesar de tener una serie de indicaciones para poder desarrollar iniciativas inmobiliarias, estos terrenos podrían dar una respuesta a la falta terrenos para desarrollos habitacionales y, además, áreas verdes. Así lo plantea el espíritu de esta expansión del límite urbano.
¿Hay beneficiados con este cambio en la normativa urbana? De acuerdo con información entregada por el Servicio de Impuestos Internos a la Fundación Defendamos La Ciudad (que solicitó información por Transparencia), dentro de los 2.211 predios que se incorporan a la trama urbana y que están inscritos en el sistema, la mayor parte de los propietarios son personas naturales, inmobiliarias, el Fisco y sociedades agrícolas.
Dentro del listado, figuran compañías como Inmobiliaria Los Silos, ligada al empresario Francisco Posada, la ex constructora Copeva, de Francisco Pérez Yoma, Inmobiliaria San Patricio, filial de Melón, y las viñas Concha y Toro, Errázuriz y Tocornal.
Si bien el SII entregó la cantidad de predios que cada uno de estas personas naturales y jurídicas poseen en estos nuevos paños urbanos, no se detalla la dimensión exacta de estos. Sin embargo, al regirse por el DL-3516 de predios rústicos, estos tienen como mínimo una superficie de 0,5 hectáreas.
Francisco Pérez-Yoma, dueño de Inmobilaria PY, posee en dichas comunas 33 predios a su nombre y otros 20 a nombre de la desaparecida inmobiliaria Copeva, conocida por el escándalo de las viviendas sociales de Puente de Alto.
En tanto, Francisco Posada posee a nombre de la inmobiliaria Los Silos 18 lotes en esas zonas.
Los terrenos de las empresas viñateras se dividen en 19 de Concha y Toro, ligada a la familia Guilisasti, cuatro lotes de Viña Errázuriz, de Eduardo Chadwick, y Viña Tocornal con dos lotes.
Además, dentro de estos terrenos hay paños de propiedad de Carozzi; Bodegas San Francisco -del empresario Sergio Barros-, de la familia Guzmán Nieto, de la Constructora BGM, filial de Besalco, entre otras.
Del total de los predios, un 2,8% está en manos de la banca y de instituciones financieras (entre éstas Bice, BBVA, Consorcio, Santander y Penta), un 4,3% a nombre de cooperativas y un 4,2% está a nombre de instituciones estatales como ministerios, municipios y el fisco. Es más, sólo el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) concentra el 3,3% de total de los terrenos que ingresaron al área urbana del Gran Santiago.
Nulidad del PRMS 100
Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, presentó ante el intendente metropolitano, Claudio Orrego, y el seremi de Vivienda, Aldo Ramaciotti, una solicitud de nulidad de la modificación al Plan Regulador.
“Está presente la normativa para utilizar predios agrícolas en actividades inmobiliarias por una modificación hecha en 2004. Es una norma serie y exigente que busca el bien público”, explica Herman, quien agrega que la modificación del Plan Regulador es innecesaria si la intención es poder construir viviendas, porque éstas se pueden hacer a través de los Proyectos de Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC).
Esto puesto que con la expansión del límite de la ciudad, los terrenos rurales cambian a urbanos y con ello capturan mayor plusvalía. “Con este cambio del uso de suelo, el negocio está en usarlos como garantías bancarias para poder desarrollar iniciativas en otras áreas. Esto porque, en términos generales, el metro cuadrado agrícola vale UF 0,1, en cambio el urbano sube a UF 1,5, aproximado”, detalla.
En la misma línea, el arquitecto plantea que el intendente Orrego, quien ha señalado ser contrario a la ampliación del límite urbano llevada a cabo por la administración anterior, sería “consecuente” si dejara sin efecto el PRMS 100. “En la medida de que el gobierno de Bachelet, por las presiones que reciba de los actores privados beneficiados por el cambio, no se atreva a anularlo, lo que corresponde es que es que el propio Gobierno entregue los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que este interponga las acciones pertinentes”, remata.