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El Dínamo analizó las declaraciones de patrimonio de los 38 senadores. Y son varios los que tienen negocios en inmobiliarias que podrían verse afectados si se aprueba la propuesta tal como está ahora.
Enconadas posiciones se prevén en el Senado a partir del próximo 2 de junio, día en que comenzará en segunda instancia la discusión de la Reforma Tributaria propuesta por el gobierno de Michelle Bachelet. La iniciativa que se aprobó con relativa tranquilidad en la Cámara de Diputados el 14 de mayo pasado, ha encontrado a sus mayores y más poderosos detractores en la Cámara Alta, donde la Alianza y algunos sectores de la Nueva Mayoría han expresado severas críticas al texto.
El senador DC Andrés Zaldívar, incluso, llegó con sus críticas hasta el mismo “corazón” de la reforma, la eliminación del Fondo de Utilidades Tributables (FUT), principal mecanismo para recaudar los US$8.200 millones que irán mayoritariamente a financiar la reforma educacional, y donde el ministro de Hacienda Alberto Arenas se ha mostrado monolítico en su negativa a hacer modificaciones.
Pero varios parlamentarios también han apuntado a otro articulado: la eliminación de la exención del IVA a la construcción para viviendas entre las 2.000 y 4.000 UF. Según varios parlamentarios y actores del área inmobiliaria, este aumento del precio finalmente va a ser absorbido por los compradores, perjudicando las aspiraciones de la clase media.
Para el economista de la Fundación Sol, Gonzalo Durán, esto último es relativo, ya que el traspaso de precios nunca es bis a bis. “Hay estimaciones que hablan de un encarecimiento entre un 5 y un 15%, y el IVA es del 19%. Pero también depende mucho de los compradores. Si suben el precio de las viviendas, ¿se va a mantener la demanda?”, dice, y agrega que en esa ecuación también entran las condiciones crediticias que ofrezcan los bancos.
Curiosamente, entre los mayores detractores de la reforma hay varios parlamentarios que tienen y han tenido inversiones en el área de la vivienda, especialmente entre demócrata cristianos y la Alianza. Ad-portas del inicio de la discusión, El Dínamo revisó el patrimonio de cada senador, complementándolo con información del Diario Oficial. Estos son los intereses inmobiliarios que registran los honorables de cara a la tramitación de la Reforma Tributaria.
LOS SENADORES DE LA NUEVA MAYORIA
En la declaración de intereses que presentó ante la Cámara Alta el senador DC del Maule Norte Andrés Zaldívar reconoce ser el socio mayoritario de tres sociedades, dos de ellas inmobiliarias: Inmobiliaria Concordia S.A. (90%) y Sociedad Condominio La Perouse Limitada(98%).
La Inmobiliaria Concordia es una sociedad anónima cerrada creada en julio de 1993. Según extracto publicado en el Diario Oficial, constituyeron la sociedad la esposa de Andrés Zaldívar, Inés Hurtado Ruiz-Tagle, dos de los hermanos del senador,Rodrigo y Alberto Zaldívar Larraín, además de Gonzalo Zaldívar Ovalle, con un capital inicial de $4 millones.
El siguiente registro de esta sociedad en el Diario Oficial es de septiembre de 2001, cuando se establece que el capital aumentó a $400 millones, aunque dado el carácter de S.A. cerrada no se menciona a los socios.
La Sociedad Condominio La Perouse Ltda., por su parte,fue constituida en marzo de 1994 por el propio Zaldívar, su esposa Inés Hurtado, y sus cuatro hijas,Paula, Claudia, Francisca y Patricia Zaldívar, con un capital inicial de 250 millones. En 2001 la empresa se asoció con la “Sociedad Asesorías e Inversiones El Rodeo S.A”, perteneciente aCarlos Hurtado Ruiz-Tagle, ex ministro de Obras Públicas de Patricio Aylwin y hermano de Inés Hurtado, para crear la “Sociedad Condominio La Esperanza Limitada” con un capital de $738 millones, con el objeto de construir bienes raíces en la calle Pedro Fontova, en la comuna de Huechuraba. Finalmente en 2009, modificaron la sociedad, que pasó de $738 millones a 1 millón de pesos.
Al ser consultado Andrés Zaldívar, el senador señaló a El Dínamo que la Inmobiliaria Concordia S.A. actualmente “tiene como único bien raíz mi oficina de calle San Martín 32”. Respecto a Sociedad Condominio La Perouse, el parlamentario DC dijo que es la dueña de “tres viviendas de propiedad de mi familia, y no se dedica al negocio inmobiliario, ni construye ni vende”.
“Efectivamente hace 8 años construí, y se vendieron esas propiedades (de calle Pedro Fontova)… Pero la sociedad no tiene rubro inmobiliario en cuanto a gestión de construcción ni compraventa de viviendas”, agregó.
“No hay otra inmobiliaria en mi familia de la que yo tenga conocimiento y menos que yo tenga una participación en ella”, agregó, y dijo que no se inhabilitará de votar dicho articulado de la reforma porque “yo no tengo nada que ver con la construcción”.
Otro de los DC comprometidos es el presidente de la falange, Ignacio Walker Prieto. Durante la década de los 80, sus padres Ignacio Walker Concha y Isabel Margarita Prieto tuvieron participación en la sociedad constructora“SAACOL Ltda.”. A su vez, Juan Echeñique Guzmán, arquitecto y padre de la esposa de Walker, la cantante Cecilia Echeñique Celis, estuvo asociado durante la misma década con Roberto Boisier Fernández en la constructora Echenique, Cruz, Boisier Limitada.
Si bien dichas sociedades fueron disueltas con el regreso de la democracia, Cecilia Echenique formó en 1997 con Boisier -actual socio mayoritario de Boisier AG y casado con una hermana de la compositora, María Claudia-, la “Inmobiliaria El Parque de Luis Carrera S.A” para la gestión inmobiliaria en general; la compra, venta, arrendamiento y explotación a cualquier título, de todo tipo de bienes, muebles o inmuebles; la constitución y participación en sociedades o asociaciones de cualquiera naturaleza o giro y la administración de las mismas; y realizar las demás actividades lucrativas que decidan emprender los socios.
Ignacio Walker, a su vez, participa en “Inversiones Walker y Compañía” -en 2010 rebautizada como Inversiones Walker Limitada-, que con un capital inicial de $77 millones tiene como giro la “inversión en bienes muebles e inmuebles”, y donde comparte créditos con su hermanos Patricio y Matías, ambos parlamentarios del mismo partido.
Además de la sociedad antes nombrada, el senador Patricio Walker formó en 1997 junto a su hermano Matías “Asesorías e Inversiones Camino Real Limitada”, que en 1998 pasó a denominarse “Asesorías e Inversiones Ilihue Limitada”. No hay registros sobre su funcionamiento posterior.
Otro senador de la Democracia Cristiana con intereses inmobiliarios es Jorge Pizarro Soto, quien en su última declaración de intereses reconoce tener vínculos económicos con la Sociedad Inmobiliaria Lonquén S.A. (4%) e Inmobiliaria e Inversiones Vista Azul Ltda. (50%).
La Inmobiliaria Lonquén S.A. fue fundada en 1994 junto a varios prohombres DC como Gutenberg Martínez, Juan Carlos Latorre, Gonzalo Duarte, José De Gregorio y Jorge Navarrete, y no existen hoy mayores antecedentes en registro públicos sobre su funcionamiento e inversiones.
Distinto es el caso de Inmobiliaria e Inversiones Vista Azul Ltda., creada en diciembre de 1999 por la esposa de Pizarro, Rocío del Pilar Peñafiel Salas (50%), junto a dos de los hijos del parlamentario, Jorge y Sebastián Pizarro Cristi con un capital inicial de $60 millones. Ambos son casados con hijas del empresario y ministro de Energía Máximo Pacheco y el primero además es vicepresidente ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras (CIE) en el gobierno de Bachelet.
En abril del año pasado, tanto Sebastián como Jorge Pizarro Cristi se retiraron de la sociedad, y el 50% que mantenían en su conjunto pasó a manos del senador Pizarro. De acuerdo a la señalado por Pizarro Soto, la sociedad es la propietaria de la casa donde vive el matrimonio en Lo Barnechea, avaluada por el Fisco en más de $100 millones.
Rocío Peñafiel, a su vez, proviene de una conocida familia de Ovalle con vastas propiedades en la región de Coquimbo y poseedores de la Sociedad Inmobiliaria y de Inversiones Río Limarí Limitada y de la Constructora Río Limarí Ltda., razones sociales bajo las que se nuclean sus intereses inmobiliarios y agrícolas.
Pero no sólo en la Democracia Cristiana hay interesas inmobiliarios dentro de la Nueva Mayoría. En el PPD, el senador por la Araucanía Eugenio Tuma Zedan formó en 2006 la sociedad “Inmobiliaria e Inversiones Nuevas Raíces Limitada” junto a su mujer Samia Zeidán Zeidán y a su hijos Romina, María Graciela y Simón Tuma, con una inversión inicial de $96.140.000 que aumenta en 2009 a $144.140.000 junto con la incorporación a la sociedad de otro hijo, Nicolás Tuma.
A través de esta sociedad, los Tuma han establecido una serie de negocios paralelos con Simón Tuma como gerente general y cara visible, como la “Sociedad de Gestión Inmobiliaria Limitada” o la “Forestal Monte Raíces Limitada” (2009), en sociedad con Marsella Inversiones, cuya representante legal es Romina Tuma, y cuyo capital inicial fue de 125.447.280. Además los Tuma poseen inversiones en áreas tan diversas como agrícolas, transporte, venta de leña, radios y asesorías.
Por su parte, el senador socialista Rabindranath Quinteros es otro que aparece con intereses en una sociedad de Inversiones, “Kalimera Ltda.”, junto a su mujer María Angélica López y sus hijas Carola, Ximena, Claudia y Pamela Quinteros López.
El parlamentario explica que esa fue una sociedad formada para ayudar a una de sus hijas y que no tiene movimiento desde hace varios años. Junto con agradecer el “recordatorio”, señaló su disposición a cerrar la sociedad a la brevedad.
Otros senadores del oficialismo, como Juan Pablo Letelier, Fulvio Rossi y Alfonso de Urresti, que en algún momento participaron en sociedades inmobiliarias y de inversiones, hoy están disueltas o se han retirado de ellas.
INTERESES EN LA ALIANZA
Pero los senadores de la Nueva Mayoría no son los únicos en tener intereses en sociedades inmobiliarias. Una amplia gama de parlamentarios de la Alianza los acompañan en este lucrativo negocio.
En el negocio inmobiliario, el apellido Ossandón es conocido. Pero no solo por el ex alcalde de Puente Alto y senador por Santiago Oriente Manuel José, sino por los familia Ossandón Larraín, primos del parlamentario y una de las familias más ricas de Chile, que construyó su fortuna a partir de su patrimonio inmobiliario. Todo nació cuando Gabriel Ossandón Valdés y Roberto Ossandón Irarrazabal -tío y hermano de Manuel José, respectivamente- crearon “Ossandón Corredores Asociados”, dedicado a la “adquisición y tenencia de toda clase de muebles, construcción, urbanización, edificación de bienes raíces y muebles”.
Por su parte, Manuel José Ossandón declara en su patrimonio la Sociedad Agrícola e Inmobiliaria Santa Ximena, que posee junto a sus padres Roberto Ossandón y Ximena Irarrazabal y sus hermanos Roberto, Rafael, Ignacio, María Ximena y María Olga. Sin embargo, el parlamentario tiene una participación mínima en dicha sociedad.
El otro de los nombres fuertes de RN en el Senado es el ex pre candidato presidencial Andrés Allamand, también tiene intereses en el sector. A su nombre están las Inmobiliarias Neuquén Uno y Dos, junto a su compañero de negocios Juan Francisco Varela. Empresario y abogado, Varela también tiene inversión en las Inmobiliarias Neuquén Tres, Barrack Chile, Inversiones e Inmobiliaria VN y la Inmobiliaria, inversiones y comercializadora Choshuenco.
El senador por Valparaíso Francisco Chahuán dentro de su patrimonio declara Inversiones Unidas Limitada, de la que tiene un 23%. El resto pertenece a su madre Lidia Chahuán y sus Hermanos Álvaro y María Carolina. El objeto social de la sociedad según el Diario Oficial es “la inversión de bienes inmuebles y muebles, corporales e incorporales, la explotación de bienes raíces, la compra y enajenación en cualquier forma de bienes raíces y muebles, la adquisición de derechos en sociedades y la constitución de sociedades y otras empresas relacionadas con el giro de inversiones en bienes”.
Chahuán conformó también junto a su esposa Sandra Ibañez la Sociedad Constructora, Inmobiliaria y de Inversiones Santa Magdalena en 2006, aunque se encuentra actualmente sin movimiento. En conversación con este medio asegura que Inversiones Unidas Limitada es parte de la herencia de su padre y que ni esta sociedad ni la que conformó con su esposa se han dedicado jamás al rubro de la construcción.
En la Unión Democráta Independiente, por su parte, la lista de dinero invertido en inmobiliarias es aún más grande que en el resto de las bancadas.
Quien tiene una amplia gama de relaciones con el sector inmobiliario es la senadora Jacqueline Van Rysselberghe. A su nombre tiene el 75% de Inversiones e Inmobiliaria Belgique Ltda, con la no despreciable suma de 100 millones de pesos invertidos. Además participó hasta 2003 en la Sociedad Inmobiliaria y Servicios Cesam.
Pero su mayor vinculación con el sector se da a través de sus relaciones familiares. Su padre -el fallecido ex diputado Enrique Van Rysselberghe- fue acusado en el año 2000 de realizar evasión tributaria a través de la Inmobiliaria Lonco Parque, en la que también participaba y de la que sigue siendo parte su marido Mauricio Pavez Tondi, quien además tiene relación con la Inmobiliaria e Inversiones Caire e Inmobiliaria La Mochita.
Su hermano, el diputado UDI Enrique Van Rysselberghe, tiene participación en la Sociedad Inversiones e Inmobiliaria San Enrique y en la Inmobiliaria e Inversiones Santa Yerka.
Por su parte, el senador Jaime Orpis posee junto a su esposa Ana Luisa Jouanne la Inmobiliaria e Inversiones Vodudahue, que a su vez administra la Agrícola el Maitén junto a sus hermanos Rodrigo y María Antonieta. Esta última tiene a su nombre Inversiones H.O. Limitada e Inversiones Toca SpA junto a Christian Harseim Orpis. A través de estas sociedades de inversión participan en la Inmobiliaria Harseim Limitada.
Quien también tiene familiares directos en el negocio es Alejandro García Huidobro. Su hermano es Felipe García Huidobro, Vicepresidente de Fedefruta, consejero regional por la Región de O’Higgins e inversionista en Inmobiliara e Inversiones La Tradición y en Inmobiliaria Carmen S.A. El hijo del senador, Alejandro García Huidobro Llompart está casado con Martln Cartwright. Ambos crearon Inversiones e Inmobiliaria GHC e Inversiones Prize, cuya razón social es “la inversión en toda clase de bienes mubles, tales como acciones, derechos en sociedades”.
El propio senador Alejandro García Huidobro administra junto a su familia (padres y hermanos) Inversiones e Inmobiliaria Santa Denise. Posee un 16,67% de los derechos y un capital de 400 millones de pesos.
Otra relación familiar en torno a las inmobiliarias es la de la senadora Ena Von Baer. Conocido es el negocio que tiene la familia Von Baer en torno a las semillas y propiedades agrícolas. Por ejemplo, en la Sociedad Semillas Baer las cuatro hermanas Von Baer Jahn tienen participación. Una de ellas es Antje Karina Von Baer, quien además es partícipe de Inversiones Anka, sociedad a través de la cual creó Anka Inmobiliaria.
Otro UDI algún tipo de relación con el negocio inmobiliario es el senador Iván Moreira. Su hermano Cristhian Moreira es inversionista en la Inmobiliaria Moreira y Hoffmann Limitada. Por su parte, Juan Antonio Coloma tiene a su nombre el 6% de la Inmobiliaria Ocho de Septiembre, aunque no ha registrado movimiento en los últimos años.
LO QUE DICE LA LEY
En Chile, los casos de conflictos de interés en autoridades están reguladas por la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y por la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
Esta última en su artículo 5° b señala: “Los miembros de cada una de las Cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos a sus cónyuges, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, inclusive, o a las personas ligadas a ellos por adopción. Con todo, podrán participar en el debate advirtiendo previamente el interés que ellas, o las personas mencionadas, tengan en el asunto”.
En síntesis, la Ley 18.918 establece tres cosas fundamentales en torno al conflicto de interés: obliga a los parlamentarios a realizar declaraciones de patrimonio e intereses cuando asumen; a que declaren la existencia de un conflicto de interés cuando opinen y promuevan proyectos; y, por último, les prohíbe votar en esos temas donde haya conflicto de interés.
Sin embargo, la legislación no aclara las sanciones en caso de incumplimiento de estos tres puntos. De hecho, en caso de votar teniendo intereses no se establece ninguna sanción. Y tampoco hay un organismo fiscalizador que se preocupe del tema.
A fin de cuentas, depende de cada uno si decide inhabilitarse o no, como pasó con la votación de la Ley de Pesca en 2012. Por ejemplo, el senador Jaime Orpis (UDI) considera que su participación en la Inmobiliaria Vodudahue no es motivo de conflicto de interés porque la sociedad solo administra una propiedad agrícola, pero aún asi consultaría sobre su caso: “Haré las preguntas a la mesa sobre posible inhabilidad, pero lo concreto es que Vodudahue solo tiene el 45% de una propiedad agrícola. Igual lo voy a consultar porque hay que ser transparente, pero yo no me dedico al negocio inmobiliario”, señaló.
El senador Eugenio Tuma tampoco considera necesario inhabilitarse. Argumenta que su Inmobiliaria Nuevas Raíces es muy pequeña como para tener alguna influencia. “Además, a todos los parlamentarios les va a afectar el alza de impuestos en la medida que se suba la renta. Si subimos la renta, a todos nos afecta, ¿y qué? ¿Tendríamos que inhabilitarnos todos? Yo no me voy a inhabilitar para esta votación”, declaró.
El senador Juan Antonio Coloma tampoco se inhabilitará para la votación. El senador argumenta que todavía no ha podido firmar el cierre de la Inmobiliaria Ocho de Septiembre, pero “la sociedad no tiene movimiento desde hace 20 años. La constituimos pero no funcionó”. En el Diario Oficial la sociedad todavía aparece vigente.