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“La Comunidad Agrícola Diaguitas Huascoaltinos, propietaria por derecho ancestral del territorio donde se emplaza el proyecto minero Pascua Lama y por el cual siempre ha pagado contribuciones territoriales al Estado de Chile, informa a la opinión pública, nacional e internacional, que las declaraciones que se han vertido en los medios de prensa, respecto a un eventual arreglo compensatorio que daría licencia social al proyecto minero Pascua Lama en sus tierras, constituye un nuevo atentado a sus derechos territoriales.
Evidencia, una vez más, la actuación inmoral que ha tenido la Empresa Minera Nevada (filial Barrick Gold), para imponer su proyecto sin respeto de los derechos fundamentales reconocidos a los indígenas en los instrumentos internacionales ratificados por Chile y vigentes en nuestro país, como es el Convenio 169 de la OIT.
En efecto, se ha hecho público que la empresa está negociando con personas que se han irrogado la representación de nuestros derechos territoriales, en circunstancia que el propio Estado de Chile y los Tribunales Superiores de Justicia del país, han dado expreso reconocimiento a la titularidad que la Comunidad Agrícola Diaguitas Huascoaltinos ejerce sobre la propiedad comunal que conforma la Estancia Los Huascoaltinos.
Las organizaciones representadas por la Sra. Solange Bordones, que buscan un acuerdo negociado con la Empresa Barrick Gold en este caso, no tienen base territorial y tampoco representación política para hablar a nombre de la Comunidad Agrícola Diaguitas Huascoaltinos. Los abogados que le representan, carecen de mandato para comprometer nuestros derechos territoriales, y tampoco tienen la imparcialidad para llevar adelante un acuerdo en calidad de “amables componedores”, cuando según lo que han expresado en los medios de comunicación sus servicios profesionales serían remunerados con cargo a los recursos que la empresa ha puesto a disposición de este proceso y que ascienden preliminarmente a la suma de 5 millones de dólares.
Exigimos al Estado de Chile y sus autoridades, que adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, salvaguardar nuestros derechos fundamentales e impedir que actores privados se irroguen atribuciones que atentan contra los derechos indígenas.
En el marco de la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) que se ha constituido en el ciudad de Montreal (Canadá), precisamente para determinar la responsabilidad de las industrias mineras canadienses en la violación sistemática de derechos humanos en América Latina, la Comunidad Agrícola Diaguitas Huascoaltinos, representada por su presidente Sergio Campusano Villches y el Observatorio Ciudadano, representado por su co–directora Nancy Yáñez Fuenzalida, han denunciado esta estrategia de suplantación y esperamos un pronunciamiento del TPP que condene estas prácticas nocivas de la empresa Minera Barrick Gold e inste a los gobiernos de Chile y Canadá para que adopten las medidas sancionatoria y regulatorias que corresponda.”