Defendamos la ciudad

Dado que la sociedad civil rechaza esa pretensión, con fecha 22 de Septiembre de 2006, los representantes de 27 agrupaciones ciudadanas que se denvuelven en el ámbito urbanístico se dirigieron al senador Edurado Frei, presidente del Senado y a todos los senadores en ejercicio, para hacerles notar el retroceso que significaría para nuestro Estado de Derecho que, la Presidenta de la República con la aprobación del Senado, nomine en ese cargo a una persona ajena a esa institución fiscalizadora. Patricio Herman expresó "estamos conscientes que a nadie le gusta ser controlado, pero en una democracia las instituciones se deben a las leyes y reglamentos. Sabemos que la Contraloría ha rechazado varias iniciativas de organismos públicos porque eran abiertamente ilegales y por ello la máxima autoridad del país debería estar más que satisfecha, ya que así la institución fiscalizadora está ayudando a que en el país las cosas se hagan con corrección absoluta. Ahora bien, si se cree que los marcos regulatorios que nos hemos dado son de carácter indicativo, está claro que la Contraloría es un estorbo y por ello mejor sería nombrar a un Contralor ajeno a ella y que fuera obsecuente a los dictados del gobierno". Jorge Cisternas por su parte señaló "sabemos que hay actores interesados en que la Contraloría sea una vulgar caja buzón administrativa y que no ejerza su rol legal de fiscalizar eficaz y oportunamente los actos administrativos de los funcionarios del Estado. Muchos actores desean el libertinaje más absoluto con el oportunista discurso de los lomos de toro que entorpecen el crecimiento económico. Esa es una falacia que la Presidenta Bachelet y todos los políticos serios no aceptan y por ello deseamos conversar con los senadores. Coordinadora Pro Derechos Urbanos 2330321-09/2585459 A continuación se lee la carta enviada al Senado. ............................................................................................................ Santiago, Viernes 22 de Septiembre de 2006 Sr. Eduardo Frei Ruiz-Tagle Presidente del Senado de la República Honorables Senadores Congreso Nacional Valparaíso REF. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA: PELIGROSAS TENTACIONES. A los ciudadanos, sí les preocupa, quien sea el titular que dirija a la institución que fiscaliza la legalidad de los actos políticos administrativos de los funcionarios del Estado. Estimados senadores : La Ministra Secretaria General de la Presidencia, señora Paulina Veloso, ha señalado públicamente, que no es relevante si el nuevo Contralor General de la República sea un funcionario de carrera o un abogado externo, indicando que “lo que importa es que el nombre que deba elegir la Primera Mandataria, responda a un conjunto de criterios que han sido consensuados con todos los sectores políticos del país”. Esta politización de la nominación presidencial, sujeta a vuestra aprobación, ha generado una gran preocupación en aquellas organizaciones de la sociedad civil que se han ocupado de ejercer fiscalización ciudadana con relación a aquellos actos políticos administrativos de funcionarios del Estado, que vulneran derechos de las personas o comunidades. Expresión de ello, es la Declaración Pública, emitida el día domingo 20 de agosto pasado, por 27 organizaciones ciudadanas agrupadas en la "Coordinadora Pro Derechos Urbanos". En dicha nota se rechaza el ataque comunicacional que está sufriendo la Contraloría General de la República por parte de las principales corporaciones del sector inmobiliario, a efectos de que se inhabilite de su función de calificar la legalidad de los permisos de construcción. Finalizaba esa Declaración con un llamado a la Presidenta Michelle Bachelet, “a no ceder ante las presiones de estas empresas depredadoras e irresponsables en lo social y lo ambiental, a resguardar la independencia de la Contraloría General de la República, para que se siga garantizando la rectitud funcionaria y el apego irrestricto a la ley, con lo cual se honra el Estado de Derecho en nuestro país". Lo que preocupa a nuestras organizaciones, no es el grado de simpatía que pueda tener o no tener el nuevo Contralor, respecto al gobierno y los diversos sectores políticos del país ; preocupación manifestada por el senador Larraín, sino la garantía que el nuevo Contralor de, en cuanto a probidad, conocimiento de la administración pública, experiencia en el oficio fiscalizador y liderazgo funcionario, a efectos de que la Contraloría pueda mantener su independencia y autonomía respecto a las autoridades que ejercen poder en otros órganos del Estado. En nuestra consideración, dichos principios no pueden ser sacrificados en función de una supuesta “competencia para dirigir y liderar una modernización de la Contraloría”, principal argumento esgrimido por la ministra, en su opción de nombrar alguien ajeno a la institución; ya que dichos principios son condiciones necesarias para que la modernización sea eficaz y no vulnere a la institución, con relación a interesadas motivaciones de funcionarios que toman decisiones contrarias a la leyes. El ejercicio de la facultad que tiene la Presidenta Bachelet, para nombrar a alguien ajeno a la institución, entendemos que adquiere legitimidad política, en la medida que tenga la convicción, de que al interior de ésta, no exista persona con las calificaciones y requisitos que requiere el cargo. Para esa circunstancia, la Presidenta dispone de la facultad y legitimidad jurídica de presentar un nombre que califique de acuerdo a los criterios ya establecidos para el cargo, correspondiéndole al Senado su aprobación, si estima que los cumple o su rechazo, si estima que no los cumple. No le corresponde al Senado la función de elegir, si no la de proceder como ministro de fe, en cuanto a que el elegido por la Presidenta, califique de acuerdo a los criterios prevalecientes para el cargo. Para aquellos cargos en que “lo que importa es que el nombre que deba elegir la Primera Mandataria, responda a un conjunto de criterios que han sido consensuados con todos los sectores políticos del país”, el procedimiento que rige en nuestro ordenamiento jurídico, es el de la presentación de ternas, con relación a las cuales, sí compete una elección en base a una negociación que concluya en un consenso de orden político, entre el ejecutivo y la mayoría calificada del Senado. No obstante lo señalado, debemos reconocer, que el curso de acción seguido por la ministra Veloso para concluir en un nombramiento por consenso político entre Ejecutivo y Senado, es jurídicamente válido y dispone de un precedente en la nominación de Sergio Fernández, que efectuó el General Pinochet en 1978, con la aprobación del poder legislativo de la época. Comprendemos que no es fácil para los integrantes del Senado y del Gobierno, desaprovechar la oportunidad de ejercer influencia política en la nominación del nuevo contralor, y como entendemos que los ciudadanos somos vuestros representados, creemos que tenemos la obligación cívica de representarles nuestra preocupación antes del pronunciamiento de su corporación y no después. Estimamos que romper la tradición de nominar como titular de la Contraloría al funcionario de carrera que le corresponda, de acuerdo a la jerarquía interna, sin que se acrediten fundadas razones para ello, será percibido como una afrenta por parte del personal de ese órgano del Estado, el que a través del tiempo, ha dado palmarias muestras de apego irrestricto a nuestro Estado de Derecho. El prestigio de la función pública que ejercen, ha constituido una recompensa moral que compensa los bajos ingresos de sus funcionarios. Creemos que la permeabilización política del ejercicio, independientemente de la conducta que acredite en el futuro el nuevo contralor, se incrementa automáticamente ante la señal que estarían dando las máximas autoridades, al designar políticamente a la máxima autoridad de ésta institución, actualmente cuestionada por los gremios empresariales que se han sentido afectados por sus dictámenes de acuerdo a derecho. Confiamos en que la decisión que finalmente se tome, permita intensificar un proceso de modernización de la Contraloría General de la República, dentro del marco que le ha permitido mantenerse como la institución del Estado más prestigiada ante la ciudadanía de nuestro país, situación que no habría sido posible, sin la independencia, responsabilidad y esfuerzo de cientos de funcionarios que, como don Arturo Aylwin o la señora Noemí Rojas, que le han dedicado toda una vida a esa noble institución. Haciendo presente el interés ciudadano por la independencia y el fortalecimiento de las instituciones que inhiben la corrupción y las malas prácticas político-administrativas y solicitándole que una Comisión del Senado escuche nuestro planteamiento sobre la materia, los saludamos atentamente, Patricio Herman Pacheco y Jorge Cisternas Zañartu. Agrupación "Defendamos la Ciudad" Integrante de la "Coordinadora Pro Derechos Urbanos"