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El permiso de edificación otorgado para levantar las dos torres de 20 pisos fue entregado en 1996 por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Viña del Mar a la inmobiliaria Costa de Montemar S.A., la que proyectaba una inversión cercana a los 70 millones de dólares.
La situación fue denunciada por diversas organizaciones en la sede regional de Valparaíso de la Contraloría General de la República, la que después de un análisis jurídico de la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones concluyó, en 2007, que el proceso era ilegal.
A raíz de este dictamen, la inmobiliaria interpuso un recurso ante la Corte de Apelaciones el que, por unanimidad, fue rechazado, para luego recurrir de casación en el fondo ante la Corte Suprema, instancia que el pasado 15 de abril también rechazó la acción.
Ante esto, el presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, afirmó que se hizo prevalecer el marco regulatorio de Vivienda y Urbanismo, lo que es satisfactorio. Además, indicó que el fallo es una señal para considerar cuando se recurre a la Justicia.
“Esta empresa inmobiliaria le pertenece al Grupo Moneda Asset, quienes querían pasarse de listos utilizando recursos judiciales que lo único que logran es hacer perder el tiempo a los tribunales de justicia, porque ellos mismos sabían que no tenían ninguna posibilidad de éxito, primero con el recurso de apelación y luego con el recurso de casación”, detalló.
Herman recordó que el proyecto si bien no ingresa a la zona de las dunas, colinda con esa área, para lo que se debe considerar que ésta fue reducida drásticamente en 1994 ante el lobby de las inmobiliarias.
Dada esta resolución, no se podrán construir las torres, lo que para la organización ciudadana Red Dunas Libres es una buena noticia, cuyos integrantes fueron unos de los principales impulsores para ampliar la zona de protección, lo que se logró en 2012 después de la amenaza de otro proyecto inmobiliario de la empresa Recomsa y una serie de movilizaciones.
Sin embargo, María José Aguirre, vocera de la organización, afirmó que “una de las cosas más importantes, además de proteger el santuario de la naturaleza, es el plan de manejo. Sin ese plan es como perderlo todo, y ese sigue siendo de propiedad privada, de la empresa Recomsa”.
Además aclaró que “la empresa debe presentar un estudio sobre un plan de manejo para el santuario de la naturaleza, donde es importante destacar que no es una obligación para la empresa, sino que una opción, es decir, lo puede o no implementar”.
La dirigenta manifestó que se mantienen los vehículos motorizados sin ninguna restricción, además de mucha basura, y que la empresa no cuenta con los implementos para mantener las dunas limpias, donde se requieren senderos. “Las dunas en este minuto están abandonadas, por eso la urgencia del plan y ojalá la municipalidad también nos involucrara”, sostuvo.
Además de los proyectos de Montemar y Recomsa, también ha sido una amenaza para las dunas el proyecto Hotel Punta Piqueros, de la inmobiliaria Desco, el que también fue detenido por la Corte Suprema.
Patricia Arellano, del Comité Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, aludió al escenario que enfrenta la comuna, explicando que “Concón ha estado absolutamente violentada por el tema de las constructoras y las inmobiliarias, que tratan de usurpar terrenos que básicamente son fundamentales como zonas turísticas y de recursos naturales valiosísimos”.
En cuanto al reciente fallo de los tribunales, aseveró que “con el pronunciamiento de la Corte Suprema que detuvo la obra y ahora, con esta nueva sentencia, la Justicia se está haciendo cargo definitivamente de lo que las direcciones de obra municipales no hacen”.
Cabe recordar que el sector de las dunas de Concón consta de una biodiversidad única en el mundo, ya que tiene más de 250 especies protegidas. Además, la zona representa un importante valor cultural y el principal foco turístico de la comuna.