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La recién asumida ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball, resolvió dejar sin efecto el Decreto 1 publicado en el Diario Oficial del 12 de diciembre de 2013 por la administración de Sebastián Piñera, norma que modificaba diversas materias contenidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y que, además, contrariaba la ley.
El decreto había sido calificado como un "traje a la medida" por la fundación "Defendamos La Ciudad" que dirige Patricio Herman y fue criticada por el presidente del Colegio de Arquitectos de Chile, Sebastián Gray, y otros expertos en la materia, por cuanto permitía que la ejecución de algunos proyectos inmobiliarios de alto impacto en zonas urbanas se ejecutaran sin que se instalara frente a una vía troncal correspondiente a su uso.
Así por ejemplo, dicha norma permitía que equipamiento urbano como un mall, un hospital o una torre de oficinas con gran afluencia de público, no debía situarse frente a una vía que se corresponda con el impacto que tendría, sino que sólo "deberían estar cerca de ellas". De tal manera que si estaban a 300 metros de distancia de una vía troncal, ésta era suficiente.
En otras palabras, dicho decreto permitía construir un mall, un edificio de oficinas o un hotel o un hospital en medio de una zona residencial y sin ningún inconveniente.
Para el dirigente del Colegio de Arquitectos, Sebastián Gray, "esta sorpresiva modificación de las reglas del desarrollo urbano era contraria a los conceptos más elementales de la planificación urbana, introducía gran incertidumbre respecto del destino de barrios residenciales y contradecía además las orientaciones contenidas en la Política Nacional de Desarrollo Urbano".
La fundación Defendamos la Ciudad aplaudió la medida de dejar sin efecto el polémico decreto, luego de la reunión que sostuviera junto al arquitecto Jonás Figueroa, el abogado Gustavo Cruzat y el también arquitecto Pablo Contrucci, nuevo jefe de la División de Desarrollo Urbano del Minvu.
Como señaló Herman a Cambio21, "éste ha sido un gran paso del nuevo gobierno", aunque de inmediato dejó en claro que "aún existen innumerables normas de amarre dictadas a última hora que es necesario fiscalizar y derogar, para poner freno a los negociados que se urdieron al final del gobierno anterior".
"Es urgente que la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de la Cámara de Diputados investigue el decreto del ex ministro Rodrigo Pérez, por cuanto no sólo se actuó en contra de la ley, sino que, además, daba pábulo para negocios de dudoso origen", remató.