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Vecinos y visitantes de la Playa Grande de Quintay durante mucho tiempo han disfrutado de un hermoso espejo de agua en otoño, luego de las primeras lluvias, y de la flora y fauna que incluía patos entre los juncos y totorales y garzas migratorias que permanecían en el lugar.
El escenario cambió con la construcción y consolidación progresiva del Resort Santa Augusta, que ha generado un impacto negativo creciente en el curso del agua del estero y la laguna, amenazando con su desaparición. El abuso del cauce natural del estero no ha dejado indiferentes a los habitantes del lugar, quienes observan el desvío de aguas para abastecer un reservorio destinado a regar jardines y canchas del proyecto inmobiliario.
La presidenta de la Junta de Vecinos de Playa Grande, Amalia Lira, señaló que se invirtieron fondos para el cuidado y conservación del humedal y, aunque no se ganaron los concursos del Fondo de Desarrollo Ambiental para realizar obras de protección, con el apoyo de la Municipalidad de Casa Blanca se logró terminar con la zona de estacionamientos que ocupaba el sector.
“Es poner en evidencia una historia de la desnaturalización de valores naturales como son los esteros, una laguna, vida silvestre que por muchos años ha estado allí y luego cómo perjudica a la vida silvestre. Por otro lado, la gente de lacCaleta tiene la toma de agua a la salida del estero de la que se abastecen, y por lo tanto tienen un derecho anterior a la inmobiliaria. Ellos están perjudicados porque tienen agua de pésima calidad”, explicó.
La dirigente agregó que en abril se realizará una asamblea de vecinos donde se decidirá interponer una denuncia contra la inmobiliaria dueña del resort. El presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, quien ha conversado con los vecinos, consideró que es evidente que existe un aprovechamiento ilegítimo por parte de los empresarios franceses que tienen el proyecto inmobiliario Santa Augusta.
Incluso, Herman advirtió a los vecinos que no tiene sentido seguir hablando con autoridades regionales, porque el derecho de aprovechamiento de aguas le compete al Ministerio de Obras Públicas y la Dirección General de Aguas. “Aquí ya se produjo un daño ambiental, no es que se va a producir en el futuro. El organismo público que tiene competencias en estas materias es el Consejo de Defensa del Estado (CDE). A la luz de los antecedentes que le suministren todos los vecinos que han detectado estas malas prácticas y esta falta de fiscalización por parte de las autoridades administrativas, ahora el CDE, con esa información, tendrá que iniciar las acciones legales que correspondan contra el privado que se está aprovechando de la falta de fiscalización”, planteó.
Por último, Herman afirmó que lo que se hizo con el humedal “no tiene nombre” y es urgente documentarlo.