Defendamos la ciudad

MARÍA EUGENIA TAMBLAY "Si alguien lo pide, ahí está, pero no vamos a ser nosotros los que estemos publicitando el estudio", declara el vicepresidente ejecutivo de Portal Bicentenario, Sergio Galilea. Se refiere al Plan de Descarte Ambiental realizado por la Universidad Católica de Valparaíso, que señala que parte de las 250 hectáreas sobre las que se levantará este megaproyecto inmobiliario están contaminadas con combustibles y toda clase de residuos que se acumularon durante las décadas en que ahí operó una base de la Fuerza Aérea. No obstante su aseveración, el Plan de Descarte Ambiental no estuvo disponible para "El Mercurio". Tampoco para los inmobiliarios interesados en participar en las licitaciones que parten a fines de septiembre. Y si se le consulta directamente a Galilea acerca de la contaminación detectada, su respuesta no aporta mayores luces. "No conozco el detalle del estudio", dice. En la página web de "Ciudad Parque Bicentenario" -se reemplazó el nombre Portal- sólo existe un estudio del año 2002 de Andalué Ambiental. Este señala que "el 2,6% de la superficie total del aeropuerto presenta probabilidad de contaminación", pero no toma de muestras. Esta no es la primera polémica que desata este megaproyecto inmobiliario que forma parte de las grandes obras de conmemoración del Bicentenario que dejó amarradas el ex Presidente Ricardo Lagos. Primero, se dijo que el aeropuerto internacional colapsaría en los días nublados, porque no habría una alternativa para aterrizajes con instrumentos. Luego, se alegó en tribunales que la Fundación Guggenheim donó esos terrenos para un aeródromo. También existe un juicio porque no hay un Estudio de Impacto Ambiental que avale el proyecto, pese a que involucró un cambio del Plano Regulador Metropolitano. A los privados, por proyectos menores se les exigiría dicha certificación. El Gobierno sugiere que detrás de todas estas críticas hay grupos que defienden intereses privados. Por una parte, estarían los pilotos comerciales, que por años operaron prácticamente gratis en el ex aeródromo, y, por la otra, los inmobiliarios, supuestamente interesados en hacer "ruido" para bajar el precio a pagar por adjudicarse algunos de los lotes que se ofrecerán. Parten las licitaciones El Servicio de Vivienda y Urbanismo, que es el dueño del predio e impulsor del proyecto, planea poner a la venta a fines de septiembre las bases de las primeras cinco licitaciones de terrenos, por un total de 31,2 hectáreas, destinadas a viviendas, colegios y locales comerciales. Esto y poco más es lo que saben los privados sobre el proceso. "No nos han convocado para informarnos sobre las condiciones básicas en que se licitarán estos terrenos", dice Vicente Domínguez, director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Joaquín Brahm, gerente general de Inmobiliaria Manquehue, recuerda que hace dos años el Gobierno los invitó a una reunión en la que les explicó el proyecto y les preguntó si estarían interesados en participar. "Preliminarmente nos pareció atractivo, pero no podemos tomar una decisión definitiva ni opinar mientras no conozcamos las bases", dice. Altas fuentes de las Fuerza Aérea manifiestan preocupación no sólo por los desechos en estanques bajo tierra sino también por los restos de explosivos que pueden existir en los cabezales sur y norte de la pista, donde funcionaron polígonos de tiro. "Hay que hacer un barrido de toda la zona antes de cualquier movimiento de tierra". En el Serviu reconocen que no han estudiado las zonas de los polígonos. "Es parte de la segunda etapa", señalan. El abogado Jorge Luis Varela asegura que todos estos riesgos hacen que el Ministerio de Medio Ambiente de Estados Unidos incluya las bases aéreas y aeropuertos abandonados entre los veinte lugares más contaminados del planeta. Además, ordena mantenerlos cerrados por al menos diez años, antes de siquiera evaluar la factibilidad de descontaminarlos para desarrollar sobre ellos algún proyecto habitacional o recreacional. Dice que en Alemania y otros países europeos existen disposiciones similares. "Entiendo que hay legislaciones más complejas que la nuestra en estas materias, pero debemos tener en cuenta que ésta no es la primera vez que en Chile se construye sobre un aeródromo. Ya se hizo en Antofagasta y en Iquique, y en ninguno de esos casos hemos observado dificultades significativas", sostiene Galilea. Sin embargo, un alto mando de la Fuerza Aérea asegura que el nivel de actividad de Cerrillos era superior y más complejo que el de Antofagasta e Iquique. Respecto a las cinco licitaciones que entran en proceso a fines de este mes, el Serviu informa que elegirá a los ganadores en base a dos criterios: la calidad de sus anteproyectos, que será evaluada por un panel de expertos independientes, y las ofertas económicas. "En las últimas transacciones registradas al sur del proyecto se han manejado valores que van de las 2 a 2,3 UF el metro cuadrado, pero creemos que deberían registrarse precios más altos", dice Patricio Salazar, jefe de Obras de la Municipalidad de Cerrillos. Los recursos que se obtengan en estas licitaciones permitirán financiar el desarrollo de las áreas verdes y la macroinfraestructura vial, que son de responsabilidad del Estado. Sólo este año por estos conceptos se realizarán inversiones por $4 mil millones. La necesidad de contar con estos recursos y el compromiso de construir 4 mil de las 15 mil viviendas contempladas para el 2010, tienen trabajando a todos en el Serviu para acelerar la partida del proyecto. "Sabemos que existe la idea de que aquí hay gato encerrado, combustibles a punto de explotar, arbitrariedades con las certificaciones ambientales y quizás cuántas cosas más. Pero nosotros seguiremos adelante", asegura Galilea. La justicia deberá resolver Junio de 2004 La Federación Aérea demandó ante la justicia al fisco. Reclama que el predio no puede destinarse a algo distinto que un aeródromo, porque con ese fin fue donado por la Fundación Daniel Guggenheim. Diciembre de 2005 Federación Aérea pide que se declare la nulidad de derecho público de la resolución que aprobó la modificación del plan regulador que permitió el cambio de uso de suelo del ex aeródromo porque no contó con un Estudio de Impacto Ambiental.