Defendamos la ciudad

SANTIAGO, 10 Sept. (ADLC). La improvisación, el frío cálculo electoral, demandas judiciales, inconfesos afanes de lucro, una absoluta frivolidad mediática y el reventón escandaloso de las casas “Chubi” caracterizan el manejo dado por las administraciones de Frei y Lagos al grave problema suscitado por la ocupación de 23 hectáreas privadas en la madrugada del 3 de julio de 1999, en los límites de Peñalolén con La Reina. Unos 1.800 grupos familiares, totalizando 10 mil personas sin casa, consolidaron entonces la toma de terreno urbano más grande que se ha conocido en la historia del país. Frei optó por bajar el perfil al acontecimiento, temiendo que la represión policial dañara las opciones presidenciales concertacionistas. Bajo la administración Lagos la situación permaneció por tres largos años sin variación aparente sustantiva, constatándose la creciente incomodidad del vecindario con los pobladores de la toma y la mísera situación en que permanecían estos últimos, en su mayoría allegados cesantes, con niños carentes de escolaridad, sobreviviendo en la pestilencia fecal de un lodazal insalubre, sin agua potable ni alcantarillado. A mediados de 2003 el Ministro Ravinet improvisó una solución –con mucho despliegue de cámaras y declaraciones exitistas-, anunciando el futuro traslado de los ocupantes ilegales a terrenos de la misma comuna amparados sin embargo por el plan seccional de la Comunidad Ecológica de Peñalolén, norma que impedía densidades mayores a los 50 hab/hect. El problema suscitado por la toma, nunca encapsulado, se expandió entonces al resto de Peñalolén y puso en tela de juicio las certezas jurídicas de los planes reguladores y seccionales, señal inconfortable para la condición vecinal en cualquier punto del país. La prepotencia e insensibilidad urbana de las autoridades de Vivienda se confirmó con la adquisición efectiva, a fines de noviembre, de dos parcelas que totalizaban 10,45 hectáreas insertas en dicha Comunidad Ecológica, haciendo caso omiso de las restricciones del seccional y las consideraciones topográficas y aluvionales que las habían justificado. Una extraña compra con dinero fiscal, a elevado precio (UF 0,77 m2), fue seguida -tras un “avenimiento” con los vecinos e inmobiliarias afectadas-, por una todavía más inusitada reventa de ambas parcelas del Estado a inquietas constructoras en un precio ahora sobre duplicado (UF 1,65 m2), obligándose el Minvu a aumentar la densidad permitida en ese sector de la Comunidad Ecológica y prohibir levantar viviendas sociales en su entorno. Con el producto de este “negocio” se incrementarían, según explicaron en el ministerio, los recursos para construirle o adquirirle casas usadas a los integrantes de la toma de Peñalolén, dentro de la misma comuna o fuera de ella. Entre las soluciones así acordadas, muy lentamente implementadas, hemos conocido las casas “Chubi”, portento de la sensibilidad social y urbanística de los políticos concertacionistas. En el intertanto, para cubrir las apariencias, se les abrieron libretas Serviu a los allegados de la toma, prefiriéndolos a otros postulantes del resto del país, a fin de bajar la presión política que emergía cada cierto tiempo desde Peñalolén, con peligro para la imagen de la Concertación y su potencial en las urnas. El camino de Peñalolén Detrás de este largo proceso no ha emergido desde el Gobierno, empero, ninguna política de largo plazo que recoja esta prolongada experiencia, traumática para sus protagonistas más pobres. Todavía no se entrega la totalidad de las viviendas prometidas, pese al trascurso de dos años desde los acuerdos en 2004, y las que se han entregado, como las “Chubi”, envueltas en escándalo, han obligado a demorar aún el proceso por la revisión del programa y la reparación de unidades mal construidas e inutilizadas por las lluvias en pocas semanas. Una improvisación ha seguido a la otra, ocultando la impericia y despreocupación de los políticos y burócratas responsables. Los allegados sin casa de todas las comunas de la RM, movidos por eventuales expectativas, han puesto sus ojos nuevamente en los terrenos de la toma inicial de Peñalolén, imaginando candorosamente que por allí está el camino a la satisfacción de sus demandas de vivienda. Ese pedazo de suelo peñalolino ha adquirido ya un valor simbólico, casi sacro, proveyendo fantasías populares. No caen en cuenta los allegados, por lo precario de su condición y falta de medios para informarse, que las soluciones del Minvu no son tales. Cuando se otorgan, sus aparentes beneficiados prolongan y reproducen las mismas condiciones de miseria social en que nacieron, pues las nuevas casas, estrechísimas, se insertan siempre en barrios apartados que consagran la segregación, el abandono, la cesantía y la desesperanza, con la carga de inequidades que ello envuelve para el destino perenne de sus ocupantes. Obsesionante Región Metropolitana La carencia de una política territorial seria, en función de las necesidades de todos los habitantes del país, sigue anclando en la RM las principales instancias laborales o de progreso entre las familias santiaguinas más modestas. No se crean empleos fuera de Santiago en la proporción necesaria. No hay por ende muchas posibilidades de emigrar a regiones y abrirse a otras alternativas de vivienda. Subsidios escondidos siguen promoviendo la concentración en la RM de las actividades productivas y de los servicios, administrando Santiago el fruto del trabajo de todo el país. Chile, nación con millones de hectáreas vacías, se permite el capricho de mezquinar a un alto porcentaje de su población el vital suelo para desarrollarse y crecer. Cada chileno, pobre o rico, es dueño en teoría de una cuota del territorio común estatal, de manera que a ningún ciudadano debería jamás faltarle un terreno para levantar su hogar y vivir con el espacio indispensable a sus actividades. Si hay allegados que hoy se empecinan por obtener unos pocos metros cuadrados en Peñalolén es porque no les asiste otra esperanza ni nadie les ha dicho que hay un país inmenso que requiere ser ocupado y fructificado por los propios chilenos. Hay aquí una colosal energía humana que no se emplea por falta de mística y lucidez entre quienes descansa la responsabilidad de conducir. Potencial del territorio El Gobierno de la Concertación, llevado por la inercia burocrática, sin bríos ni epopeya, ha renunciado al uso de la creatividad para cambiar los parámetros que condicionan el aprovechamiento del espacio productivo y la vivienda social. La “mano invisible” del mercado ha reemplazado cualquier impulso planificador. El Ministerio de Bienes Nacionales es mero detentor pasivo de una riqueza territorial que debiera promoverse por el Estado, consolidando su valor económico y traspasándola al cabo a los ciudadanos, haciendo de cada familia chilena una familia de propietarios (hay notables experiencias de Fundación Chile en este sentido). En cambio, cuando dicho ministerio pone campos a la venta lo hace para servir a grandes inversionistas, acaparadores de la tierra, el agua y el clima de todos los chilenos. Nunca se les ha pasado por la cabeza a sus expertos en políticas públicas que hay planes posibles para ganar miles de hectáreas, regarlas, modernizarlas con infraestructura, tornarlas productivas, asentarlas si es preciso con núcleos cívico-militares (recuérdese el modelo del kibutz israelí) que importen formación en oficios apropiados a la producción, adopción de valores patrios, eficiencia y sentido solidario, salvando a millones de jóvenes chilenos, abriéndoles camino para hacerlos propietarios de verdad y dignificar sus vidas. El Servicio Militar del Trabajo, como organismo inicial de acogida y movilización, bajo firme disciplina, podría coordinar a un grado mucho mayor la entrega de habilidades e incentivos modernos a fin de que millones de jóvenes conozcan técnicas que sustenten la explotación del agro, pesca, minería, industria, comercio y turismo en su máximo potencial. Abundantes créditos y empresas cluster de servicios en su torno, con entes fiscalizadores altamente tecnificados, complementarían la fortaleza del sistema, dando orientación a los jóvenes, hombres y mujeres, rescatándolos de su inexorable degradación de persistir habitando poblaciones insalubres bajo el caciquismo de la droga y el delito. Nada de esto imaginan los políticos encargados de la vivienda y el territorio. Como carecen de ideales, escépticos a todo lo que no huela a mero lucro, ganados enteramente por el extremismo neoliberal, no es mucho lo que los pobladores y trabajadores pueden esperar de ellos. Amparados en el poder ilusionista de los medios de comunicación, tales políticos seguirán pertinazmente engañando al país y frustrando a su juventud. La desesperación de los allegados que han actuado en Peñalolén es un llamado abierto a repasar la verdad y poner a cada cual en su lugar, exigiendo el empleo del territorio en beneficio de todos sin distinción, movilizando voluntades y haciendo justicia social (PTL).