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Riesgo inminente para la salud, foco contaminante, peligro de socavamientos, posibles filtraciones a napas subterráneas, intensidad de ocupación y ausencia de legislación, son los principales argumentos que sostienen las comunidades y organizaciones ante el daño provocado a la biodiversidad por la construcción indiscriminada de proyectos en el borde costero.
En el escenario, se multiplican con fuerza proyectos de diversa envergadura. Centros comerciales, condominios residenciales con grandes lagunas interiores, son algunas de las nuevas formas de construir en la línea de este borde.
Si bien el Plan Regulador Comunal determina qué, cómo, cuándo y dónde se pueden realizar las obras, hay ciertos lugares en los que carece de propiedad.
Es el caso de los humedales. Llamados también estaciones migratorias para aves, que están reconocidos como zonas de preservación en la Convención de Ramsar, pero que en Chile no hay ley que asegure su protección.
Al respecto, Ximena Bórquez, vicepresidenta del Colegio de Arquitectos aseguró que existen problemas al determinar el uso de suelo de estos espacios.
En este sentido, la dirigenta gremial explicó que “estos no están reconocidos legalmente y el Plan Regulador solo lo puede incorporar como área de protección -suelo, territorio o elemento- que estén con una declaratoria legal, y en estos casos de unidades, el único recurso que queda es establecer en ellos una solicitación que impida que allí se localicen edificaciones indeseables o que estos se ocupen, pero en realidad es que quedan bastante en la indefensión”.
A su vez, la arquitecta expresó que es un panorama complejo, ya que hay “disfunción en los organismos públicos, al no legislar de manera integral los tratamientos”.
Situación que se observa en el borde costero, el cual tiene una definición en la política nacional, pero no legal, afirma.
La faja intermareal o playa de mar es bien nacional de uso público, y posterior a ésta pueden ocurrir dos situaciones: que el terreno sea fiscal o privado. En el primer caso, no se pueden vender y el plan regulador fija normas urbanísticas, mientras que la autoridad marítima otorga la concesión. Si es privado, la ley exige cumplimiento de normas y viabilidad.
Para obtener una concesión marítima, se tiene que presentar un certificado de uso de suelo, otorgado por la municipalidad. Sin embargo, no existe un organismo que se preocupe de la proporción asignada a la actividad, es decir se otorga lo que se pide, aun cuando sea excesivo.
Desde el Colegio de Arquitectos, este ha sido un reclamo constante ante la necesidad de formular una nueva política de desarrollo urbano.
Por su parte, Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, señaló que existe negligencia desde el Estado y conflictos de intereses que prima por sobre los derechos.
Por esto, el también urbanista señaló que “en Chile, el país de la improvisación, hay mucha negligencia en el aparato público y quizás no se atreven a establecer esta regulación para no afectar presuntos derechos de algunos actores privados que tienen dominio sobre predios en zonas de inundación. Hay un conflicto de intereses entre los que tienen el dominio de aquellos predios para poderlos utilizar lucrativamente y el derecho a la vida que tienen otros”.
Cabe agregar que después del terremoto y maremoto del 27 de febrero del 2010, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (Shoa) estableció cartas de inundación, con criterio preventivo. Para que las construcciones tuvieran resguardos necesarios ante eventuales desastres naturales.
El ministerio de Vivienda y Urbanismo ha decidido integrar la norma a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (Oguc), dado su alcance nacional, sin embargo esto no ha ocurrido.
Al respecto el ambientalista, agregó que “se está jugando con la vida de la población”, por lo que emplazó a las autoridades hacerse cargo de una situación calificada como riesgosa, ya que proyectos como el Mall Barón, en la región de Valparaíso, promueven este peligro.
Finalmente, según los ambientalistas y organizaciones no gubernamentales, Chile carece de políticas públicas orientadas a un desarrollo urbano sustentable, situación que trae consecuencias graves para las comunidades y el medioambiente.