Defendamos la ciudad

Dirigentes de organizaciones ciudadanas de Valparaíso, Viña del Mar y Santiago se reunieron en Valparaíso ayer para comparar experiencias, desarrollar una visión común y proponer acciones conjuntas para dar vuelta el actual modelo de desarrollo urbano y rural basado en que la inversión de grandes volúmenes de capitales, que actúan sólo donde se acumulan ventajas comparativas, resolverán los problemas urbanos, sin entender que, de este modo, sólo se aumentarán las patologías y desequilibrios urbanos, con ciudades segregadas, desiguales, inseguras, ajenas y profundamente injustas con sus residentes. El encuentro, el primero de varios que irán construyendo una presencia ciudadana nacional, responde a la imperiosa necesidad de trabajar mancomunadamente para exigir una verdadera planificación urbana, que ponga la sustentabilidad de las ciudades en el centro de las decisiones, construyendo igualdad social, respetando los valores patrimoniales y del medio ambiente, con medidas para mejorar la calidad de todos los espacios públicos y compartidos, para lograr ciudades seguras y, por sobre todo, amables con sus residentes. Contamos con una amplia experiencia práctica y técnica en temas de desarrollo urbano y participación ciudadana. Por sobre todo, estamos preocupados por la actual ausencia de políticas urbanas consensuadas, que respondan a los anhelos y las necesidades de la mayoría de los chilenos. Nos conmueve y nos llama a la acción las siguientes situaciones que queremos erradicar: Una serie de intervenciones a lo largo de nuestro territorio ya sea en zonas urbanas o rurales, que están destruyendo la calidad de nuestras comunidades, y hacen oídos sordos a los habitantes del territorio poniendo en riesgo y desvirtuando las características propias de nuestras ciudades, producto de siglos de experiencia y aprendizajes. Una falta de política real de desarrollo territorial que reúna a todos los Organismos técnicos e involucrados, promoviendo que intervenciones inmobiliarias, proyectos de desarrollo urbano, industriales e infraestructuras públicas, que dan como resultado la desintegración de las estructuras de nuestras comunidades, generando graves deterioros en todos sus ámbitos, culturales, sociales y laborales. A menudo, dichas intervenciones no sólo contravienen las leyes y normativas vigentes, especialmente las de evaluación ambiental, de planes de descontaminación, de preservación del patrimonio, sino que se hacen con la facilitación de las autoridades elegidas para hacerlas cumplir, generando un clima de incertidumbre entre vecinos que ven cómo sus inversiones – monetarias y en términos de "capital social" -- se ven irrevocablemente afectadas. Varios organismos públicos favorecen, una política de hechos consumados, dilatando, ocultando sus pronunciamientos mientras aplican mecanismos que no cautelan el bien común. Demasiado a menudo son los intereses particulares y limitados de inversionistas que se sobreponen al marco legal, que regula sus intervenciones, invalidando el rol fiscalizador de las instituciones del Estado. Vemos con alarma cómo la Contraloría, organismo serio, objetivo y probo, es víctima de una campaña de presiones y lobby para evitar que continúe fiscalizando el fondo y no sólo la forma del actuar de los funcionarios del Estado vinculados a la aprobación de proyectos inmobiliarios. Judicializar estas acciones, haciéndonos cargo de las deficiencias administrativas, pone en serio riesgo la participación de la ciudadanía, por los altos costos asociados. Consideramos esencial constituir una red de agrupaciones a nivel nacional que permita elaborar acciones comunes para lograr una permanente participación ciudadana en procesos de toma de decisiones. Exigimos el riguroso cumplimiento de las normas y leyes vigentes, especialmente las que incorporan plazos y espacios para un pleno debate de los costos y los beneficios de importantes políticas y proyectos urbanos particularmente, la construcción en altura, la construcción de autopistas, la instalación de supermercados y centros comerciales, las intervenciones en espacios públicos y en bordes costeros y fluviales y otras medidas semejantes que amenazan con destruir, en instantes, elementos vitales del patrimonio urbano chileno construido por generaciones, durante décadas e incluso siglos. Exigimos que las instancias gubernamentales respeten sus propias normas e informen oportunamente a las comunidades interesadas de todo proyecto que les afecte, de modo de evaluar conjuntamente sus nefastos impactos. Valparaíso, 6 Septiembre 2006 PARTICIPARON : Santiago: Jorge Cisternas, economista; Defendamos la Ciudad Ramón del Piano, arquitecto; Corporación Río Colorado Rodrigo Cociña, Defendamos la Plaza las Lilas Lake Sagaris, escritora, editora y urbanista; Ciudad Viva Paul Walder, periodista, corresponsal free-lance, académico Valparaíso: Juan Mastrantonio, arquitecto urbanista, Presidente Comité de Defensa de Valparaíso Sandra Horn, Claudio Leiva, Maria Quesada, Comité de Defensa de Valparaíso Irene Tapia y Gonzalo Ilabaca, Comité Pro Defensa de Playa Ancha Edith Vega, Valparaíso Nuestro Ana Eugenia Fullerton, abogado; asesor jurídico Organizaciones Ciudadanas Gonzalo Ibañez, Comité de Defensa del Paseo Atkinson Paz Undurraga, Chantal de Rementería, Equipo Coordinador Ciudadanos por Valparaíso Viña del Mar Isabel Christie, Arquitecto, Presidenta Centro de Desarrollo Urbano, Medioambiente y Ecológico Viña Oriente Patricia Arellano, Diseñadora; Comité Pro Defensa del Patrimonio Cultural de Viña del Mar Informaciones: Lake Sagaris, Ciudad Viva Paz Undurraga C, Ciudadanos por Valparaíso Juan Mastrantonio F, Comité de Defensa de Valparaíso Patricio Herman,