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La modificación del Decreto n°47 de 1992, De la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, está a cargo del Ejecutivo y el ministro de Vivienda y Urbanismo. Fue promulgada el 3 de enero de este año y publicada en el Diario Oficial el 12 de diciembre.
La disposición que se modifica es en el artículo referido al equipamiento mayor, es decir, obras que reciben a un gran número de personas.
La ordenanza establecía que, para obras de este tipo, se exigía que los terrenos donde se iba a emplazar “sólo se podrá ubicar en predios que enfrenten vías expresas y troncales”. A partir de la modificación se exige solamente que estos terrenos estén conectados con vías expresas o troncales a 300 metros, experimentando un cambio con la previa ordenanza.
Julio Alegría, presidente del Comité de Desarrollo Urbano del Colegio de Arquitectos de Chile, enfatizó en “que es un mal proyecto” que “pasa a llevar los derechos fundamentales de las personas”.
“Este enfrentamiento que tiene que ser a las vías principales, como no se da, se inventa esta modificación hasta el articulado donde puede están hasta 300 metros. Significa que en casos de emergencia, la complicación en la salida puede ser magnitudes fatales, tanto para autos como para personas. Es muy importante, por eso existe la ordenanza, para que no ocurran estas cosas, pero de repente se le burla de una manera tan gruesa”, dijo cuestionando las modificaciones.
Además, el arquitecto se declaró “indignado” por la forma en que se lleva a cabo la política urbana.
El abogado Pablo Andueza, representante de la Red ciudadana Cabildo 2010 y abogado de la Asamblea Ciudadana de Valparaíso, distinguió que el Equipamiento Mayor no sólo tiene que ver con la conexión, sino también con las vías de evacuación.
“El proyecto de Puerto Barón contempla escuálidas vías de evacuación. Implicaría arriesgar la vida de mucha gente en caso de ocurrir un accidente. Todavía hay mucha argumentación que desarrollar, tanto en tribunales de Santiago como internacionales, si consideramos que aquí hay un riesgo objetivo a la vida y a los derechos humanos de las personas. Justifica que se haga una interpretación de la nueva ley, restrictiva, que no es lo mismo una norma que se aplique en Santiago que en pleno borde mar”, aseguró.
Además el abogado puntualizó que este cambio “no aplica de manera significativa en el Puerto Barón”, ya que “tienen que considerarse las características de emplazamiento de la ciudad”.
Las diferentes organizaciones presentaron un recurso de protección en octubre, paralizando las obras durante un mes. Sin embargo, la Corte de Apelaciones falló en contra de los vecinos este pasado 24 de diciembre. Ante esto Jorge Bustos, representante de la Coordinadora de Defensa de las Ciudades Puerto, señaló que apelarán a la Corte de Apelaciones, y si es necesario a la Suprema.
Bustos fue enfático en recalcar que el cambio de esta medida va en beneficio del comercio y en menosprecio de la zona patrimonial de Barón.
“Nosotros vamos a apelar a la Corte de Apelaciones, una vez que se pronuncie, eventualmente deberíamos ir a la Suprema. La pelea continua, aquí nadie se rinde, vamos a seguir defendiendo nuestro patrimonio, nuestra historia”, aseguró el representante, defendiendo al muelle Barón.
Han sido intensas las disputas entre la empresa y las agrupaciones que acoplan a la defensa de “no al Mall Plaza Barón”. Las diferentes organizaciones se encuentran a la esperan que en el mes de febrero se entregue el informe de UNESCO, documento que permita suspender el proyecto en forma definitiva.