Defendamos la ciudad

Acogiendo la denuncia del concejal Hugo Unda, quien entregó todos los elementos de juicio en donde se acreditan las irregularidades cometidas por la Dirección de Obras Municipales en relación a otorgamientos de permisos de edificación con normas urbanísticas permisivas derogadas, como también con la clasificación de la calidad de la construcción -tipificados como "derechos municipales"- que determinan las sumas a pagar al municipio por parte de los titulares de los permisos de edificación, la Contraloría General de la República, mediante oficio 38453 del 18 de Agosto de 2006, manifestó que "se encuentra actualmente incoando un sumario administrativo por esos mismos hechos, entre otros". El concejal PPD Hugo Unda señaló "gracias a la información que me entregó un arquitecto que respeta su profesión, pudimos constatar que en casi todos los permisos de edificación otorgados por la Dirección de Obras se dice que la calidad de construcción es B-3, en circunstancias que se trata de calidades B-1 o B-2. Con este artilugio las inmobiliarias pagan al municipio por concepto de "derechos municipales" sumas bastante más reducidas que las que en rigor debieran pagar. Por cada permiso esas inmobiliarias se están "ahorrando" importes equivalentes a unos $ 40.000.000 en promedio, es decir, en 100 permisos el fraude al fisco es de $ 4.000.000.000, lo que traducido a moneda norteamericana llega a US$ 7.500.000 (siete y medio millones de dólares). Y así se me dice que no hay recursos para construir viviendas sociales en la comuna." Patricio Herman de la Agrupación Defendamos la Ciudad expresó "reconocemos el aporte a la probidad y fiscalización que está haciendo el concejal Unda, ya que gracias a él, se están descubriendo las picardías inventadas por obsecuentes funcionarios municipales que ejercen pensando sólo en los intereses privados de las inmobiliarias. Este grave asunto recién está comenzando a conocerse y por ello esperamos que la Contraloría termine a la brevedad posible el sumario administrativo y con respecto a la vulneración de los plazos de los permisos para que las inmobiliarias construyan edificios con alturas bastante mayores a las permitidas por el Plan Regulador Comunal del 5 de Diciembre de 2003, tal como se lo manifestamos a la ministra de Vivienda Patricia Poblete, esperamos que los violadores compensen a la ciudad con sumas equivalentes a las mayores ganancias obtenidas. Ello sin perjuicio de que la Contraloría tiene la obligación legal de declarar su invalidez, independientemente de que los titulares de los mismos recurran de protección ante la Corte de Apelaciones, en donde puede pasar cualquier cosa " (FIN). Más informaciones: 09/1598311-09/2585459