Defendamos la ciudad

Así lo dio a conocer hoy la ministra de Bienes Nacionales, Romy Schmidt, quien previamente había presentado un oficio ante esta instancia para solicitar la revisión de la medida. El fallo establece que "respecto de las calles y pasajes peatonales (...) por su propia naturaleza, se encuentran destinados al tránsito de las personas y son, por ende, de uso común, y sólo por vía excepcional ha admitido la posibilidad que las municipalidades, en resguardo de la seguridad ciudadana, autoricen el cierre de los mismos bajo determinadas condiciones". El dictamen agrega que "las referidas atribuciones de cierre sólo pueden ejercerse en relación con calles y pasajes de una sola entrada o salida, o pasajes peatonales, excepto cuando estas calles o pasajes converjan en una avenida o calle principal y siempre que no implique un detrimento importante al uso común de dichos bienes, ni se afecten gravemente los derechos constitucionales tanto de los residentes como de cualquier persona". La entidad establece además que en cada situación el municipio correspondiente debe aplicar "el principio de la racionalidad", sobre la base de un criterio jurídico de interés superior fundado en estudios técnicos y acorde con la naturaleza de los bienes nacionales de uso público. "Por consiguiente, no resulta jurídicamente admisible que un municipio disponga el cierre de determinadas calles o pasajes en condiciones distintas a las reseñadas y que impliquen restringir gravemente la circulación peatonal y vehicular en el sector de que se trata, ni el derecho a desarrollar actividades económicas sin más restricciones que las que imponga la ley", establece el fallo. El documento entregado por el órgano superior a los ministerios del Interior, Transportes y Telecomunicaciones, y Bienes Nacionales, además del alcalde y concejo de la Municipalidad de Las Condes, dispone también que la consulta ciudadana realizada por el alcalde De la Maza sobre esta medida, no puede alterar los criterios consignados en este fallo, "de manera que los municipios no pueden recurrir a esa modalidad para resolver un asunto de las características aludidas". Inicio de investigaciones A través de este dictamen, la Contraloría General de la República informó también que realizará las investigaciones correspondientes que permitan establecer las características específicas del mecanismo de participación ciudadana llevado a cabo por la Municipalidad de Las Condes, así como también de las medidas que pretende implementar, con el objetivo de "determinar las responsabilidades administrativas que pudieran encontrarse comprometidas" y en tal caso adoptará las medidas que procedan. En este sentido, el organismo aseguró que realizará las indagatorias "sin perjuicio de la competencia de los tribunales de Justicia para conocer de las acciones que puedan entablarse en contra de actos municipales ilegales sobre la materia". "Medida provocadora" Respecto al fallo, la titular de Bienes Nacionales se manifestó satisfecha y aseguró que junto a Carabineros, la Intendencia Metropolitana y el Ministerio de Transportes realizará un trabajo coordinado para impedir que el edil de Las Condes insista con aplicar su medida, la que calificó de "bastante provocadora". Según Romy Schmidt, una medida como ésta es "una provocación a las autoridades, al orden público, que no se entiende, ya que sabemos que no va a solucionar ninguna medida el fondo del problema" del comercio sexual. La ministra recalcó que éste no es un tema político y que las autoridades siempre están disponibles para resolver los conflictos ciudadanos "pero dentro del marco de la racionalidad y de la legalidad". Schmidt, junto con destacar que la Contraloría es un órgano superior y autónomo que está por sobre todos los entes de la administración pública, hizo un llamado al alcalde De la Maza para que "asuma responsablemente su autoridad y se enmarque dentro de las atribuciones que le otorga la ley".