Según la prensa especializada en negocios de este tipo, se trata de inversiones inmobiliarias que ascienden a los 200 millones de dólares. Acogiendo la denuncia de organización ciudadana, vía dictamen 38824 del 21 de Agosto de 2006, nuevamente la Contraloría, en ejercicio de su atribución constitucional, determinó que una serie de permisos de edificación otorgados a partir de 1995, proyectos inmobiliarios que en su mayoría no se han iniciado sus obras, han transgredido el ordenamiento jurídico sectorial. Como hecho curioso, en la etapa de indagación efectuada por la Contraloría, el Seremi de Vivienda y Urbanismo, mediante ORD. Nº 2890 de 2005 "se pronunció señalando que no observaba irregularidades urbanísticas en las materias denunciadas" (sic), lo cual debe entenderse como una forma de colusión municipal-ministerio para violentar el marco regulatorio urbano establecido por el propio Estado. La ilegalidad tiene que ver con actuaciones discrecionales de la Dirección de Obras Municipales para ampliar la vigencia de tales permisos, buscando evitar la caducidad de los mismos y al respecto el ente fiscalizador dictaminó que esa dependencia técnica municipal "procedió a ampliar el plazo de vigencia de los anteproyectos que sirvieron de antecedentes para la emisión de los permisos aludidos, pese a que en derecho público no resulta posible renovar o ampliar plazos de caducidad para el ejercicio o la conservación de determinadas acciones o derechos concedidos a los particulares". La Contraloría finalmente señaló "con relación a las transgresiones detectadas al ordenamiento jurídico por parte de la Dirección de Obras Municipales de Vitacura, cabe precisar que, atendido el tiempo transcurrido y el estado de las construcciones, no corresponde el ejercicio de la potestad invalidatoria por parte de dicho órgano, ya que el artículo 53º de la ley Nº 19.880 establece que la invalidación de un acto administrativo debe efectuarse dentro del plazo de 2 años, contados desde la publicación o notificación del mismo, lo que no obsta a que los interesados puedan ejercer las acciones judiciales que estimen pertinentes". Patricio Herman de la Agrupación "Defendamos la Ciudad" manifestó "este caso es similar a lo que está ocurriendo en la Municipalidad de Las Condes, con la diferencia de que en ésta última no han transcurrido los 2 años salvadores que sí existen en Vitacura. Nosotros como ente colectivo no hemos decidido si vamos a iniciar alguna acción judicial en contra de los violadores de la ley por una serie de motivos que vamos a resolver en los próximos días. En todo caso vemos con preocupación la seguidilla de superficiales fallos de los tribunales, los cuales, sin ir al fondo de las materias técnicas urbanas, han dejado sin efecto los dictámenes de la Contraloría, asunto de suma gravedad que configura una contienda de competencia que deberá resolver el Senado de la República a la brevedad posible. Igual hemos quedado conformes con el dictamen y ahora, a la luz de lo resuelto, esperamos que el Minvu asuma su responsabilidad pública e imparta las instrucciones de rigor para que empecemos a hacer ciudad sin triquiñuelas de ninguna especie, tarea difícil pero no imposible. El hecho concreto es que se ha perdido una importante área verde -cerro isla Alvarado- en beneficio de más cemento, fierro, elementos pétreos y otros que no ayudan a combatir la aguda contaminación que tenemos en Santiago". El abogado Tomás Fabres señaló "una vez más el ordenamiento jurídico ha sido quebrantado para favorecer inescrupulosos intereses económicos, con perjuicio para la ciudad y la calidad de vida de los ciudadanos. Reclamamos la intervención decidida de los Tribunales de Justicia para que declaren la nulidad de derecho público de las actuaciones viciadas del Municipio de Vitacura. Pienso que si las instituciones del Estado no ponen atajo a la violación sistemática de las leyes, no tardará en llegar el momento en que las personas recurrirán a la violencia para hacer respetar sus derechos." (FIN) 6324845-6334521-09/5010830 2330321-09/2585459
28 Agosto 2006
Comunicado de Prensa Agrupación Defendamos la Ciudad:
Dictamen de la Contraloría
Contraloría General de la República detectó 28 permisos, otorgados por la Municipalidad de Vitacura, para construir edificios en el cerro isla Alvarado de esa comuna, los que "no están ajustados a derecho".
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