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La ocasión sirvió para que el Gobierno actualizara las cifras de reconstrucción en el país, que al mes de septiembre habría alcanzado el 98,5%, desglosado en 180 mil viviendas entregadas, 39 mil en proceso de construcción y con sólo 3 mil viviendas pendientes del total de 222 mil comprometidas por el Ejecutivo.
Pero más allá del debate por las cifras de reconstrucción y si el Gobierno será capaz de cumplir con la meta autoimpuesta antes del término de su mandato, surgen críticas a las políticas urbanísticas y habitacionales implementadas en el proceso y que sólo estarían replicando el modelo segregador que, por ejemplo, se ve en la ciudad de Santiago.
Los pobladores de Talca, Dichato, Coronel, Chiguayante y otras localidades hablan de cómo fueron erradicados de los sectores céntricos, en los que vivían previo al terremoto, para ser trasladados a la periferia con las consiguientes dificultades en el acceso a recintos hospitalarios, educacionales y laborales que eso conlleva.
A juicio de los expertos, el proceso de reconstrucción se vio bajo una óptica similar a una “reposición de inventario”, cuantificando las viviendas dañadas y construyéndolas sin tomar en cuenta criterios como la calidad de vida, entorno y otras variables.
Para el integrante del Observatorio de la Reconstrucción y Director del Instituto de la vivienda de la Universidad de Chile, Jorge Larenas, se debe tomar como lección a futuro adoptar políticas más integradoras.
“No basta, no es suficiente simplemente la reposición de viviendas, sino que también es necesario pensar, y esto como una experiencia hacia el futuro, en términos de considerar estrategias mucho más integradas, de un carácter mucho más intersectorial, de un carácter mucho más integrador, vertical y horizontalmente, que incorpore a las distintas agencias del Estado y la verticalidad también en términos de que considere desde lo central a lo regional y lo local y considere a los distintos actores no estatales, que pueden dialogar con esas distintas instancias gubernamentales”, expresó.
A esto se suma la especulación inmobiliaria que acusan las organizaciones de pobladores, quienes sostienen que estas empresas vieron luego del terremoto una oportunidad de apropiarse de terrenos altamente valorados, para establecer en ellos nuevos proyectos habitacionales o de comercio.
Hechos que se denuncian desde poblaciones como Villa Futuro en Chiguayante, Camilo Olavarría en Coronel, Aurora de Chile en Hualpén y de sectores de Dichato y Talca, donde incluso se dejó constancia de persecuciones para agilizar estos procesos de erradicación.
Para el vocero de la Red Construyamos, Eduardo Ampuero, los pobladores fueron trasladados a zonas incluso más peligrosas que los que habitaban previo al terremoto. “Hay un conjunto de barbaridades que se cometieron a propósito del terremoto que transforman esta reconstrucción en el aprovechamiento de los sectores inmobiliarios, de la especulación a partir del valor de la tierra, que ha significado un nuevo reordenamiento del mapa, una nueva división de los intereses que ha conducido eso que estábamos hablando, que es la segregación social. La gente ha sido erradicada de las periferias y ha sido conducida a terrenos de más alto riesgo todavía”, advirtió.
Esto situación se explicaría debido a la política social habitacional que existe en nuestro país, que a juicio de los expertos, “no tiene como foco el otorgamiento de viviendas, sino que sólo el financiamiento para la producción”, lo que se traduce en que las poblaciones se establecen en suelos baratos, muchos de ellos de baja calidad.
Este hecho potenciaría no solamente la segregación, sino que expone a la población a riesgos innecesarios debido a que se emplazan barrios en terrenos arenosos, en medio de pirquenes mineros, con presencia de túneles que aumentan el riesgo de derrumbes (como en el caso de Dichato) o quebradas (Valparaíso).
Para el Presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, esta situación no cambiará mientras se mantenga la estrecha relación que existe entre la clase política y la empresarial.
“Se va a mantener igual, porque los que detentan el poder político, que de una u otra forma son una especie de comparsa, y aquellos que detentan el poder económico, no van a cambiar las cosas. Porque se considera que hay que privilegiar el crecimiento económico a como de lugar. En Chile las leyes se cumplen en la medida de lo posible, y no solamente tenemos el tema de las viviendas sociales, que ha sido un descalabro, sino que también se violan permanentemente los marcos regulatorios para favorecer a la industria de la construcción”, alertó.
A esto se suman los reclamos por la estrechez de algunas viviendas o incluso deficiencias en la construcción que obligó a la intervención de la Contraloría General de la República en la ciudad de Talcahuano.
Es en este problemático contexto que se inauguró el Memorial emplazado en la ciudad de Concepción, el cual significó una inversión de casi 2 mil millones de pesos y consiste en 8 torres de hormigón de 23 metros de alto.