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El contralor general de la República, Ramiro Mendoza, a pedido de la Subsecretaría de Pesca (Subpesca), emitió un dictamen que reafirma la posición de la Corporación Nacional Forestal de Chile (Conaf): prohibir toda explotación pesquera e instalación acuícola en las zonas marinas de los parques nacionales de Magallanes, que ocupan una parte importante de la superficie de esa región.
Críticas
“Esto es un problema. Afecta a toda la actividad pesquera, donde se incluye a la acuicultura, no podrán pescar ni siquiera los artesanales”, indica el máximo ejecutivo de una de las principales salmoneras del país.
Actualmente hay tres grandes compañías que tienen operaciones en la región más sureña del país: Salmones Magallanes, Mainstream –que realizó sus primeras cosechas de salmón este año- y Nova Austral (filial de Pescachile), que es la única que tiene concesiones en un parque nacional de la región extrema, en Alberto de Agostini.
Esta medida es interpretada por la industria como un verdadero frenazo al crecimiento de la salmonicultura para más adelante. “Esto limitaría el desarrollo de la actividad”, dice otro destacado ejecutivo de una salmonera, y añade que “todos en la industria habíamos pedido concesiones”. Sin embargo, esas concesiones no han sido otorgadas, ni se espera a corto plazo que se haga.
Necesidad de potenciar Magallanes
Actualmente hay 113 solicitudes supeditadas para tener concesiones en la zona de conflicto de los parques nacionales de la Región de Magallanes, indican en la Subpesca; sin embargo advierten que “es probable que las tengamos que denegar”, afirma José Miguel Burgos, jefe de la División de Acuicultura del organismo, y agrega que “a la luz de los antecedentes que entregó Contraloría, no podríamos tramitar estos permisos (…) Nos enfocaremos en otorgar las concesiones que hay en Magallanes de las zonas que no están en parques”.
“Para nosotros, anterior al dictamen de Contraloría, esas aguas no pertenecían a parques nacionales, pero el pronunciamiento de Ramiro Mendoza nos hace pensar distinto”, dice Burgos.
El funcionario reflexiona que no sabe por qué sería nociva la actividad acuícola en los sectores en conflicto. “Hay siete u ocho concesiones que están en el Parque Nacional de Agostini (de Novaustral, filial de Pescachile) que han desarrollado su actividad por varios años y desde el punto de vista de interferencia con los elementos de protección no hemos visto problemas”, constata. Estas concesiones de Nova Austral no serán revocadas, pues la medida no tendría efecto retroactivo.
Burgos espera que se puedan tomar acciones para compensar el impedimento que tienen las empresas en estas zonas y comenta que “queremos extender las concesiones en Magallanes, para que la actividad se pueda desarrollar más separada, con menos riesgo sanitario y ambiental. Esto le daría más respiro al hacinamiento que hay en las otras regiones. Esperamos de aquí a 2015 otorgar 135 concesiones más en Magallanes, este año llevamos siete”.
Noruega como ejemplo en este ámbito
Altas fuentes de la industria salmonera indicaron que se podrían definir zonas de explotación verde, como en Noruega, que hizo un llamado a concurso donde entregará alrededor de 45 nuevas licencias en zonas de preservación. "Cada licencia tiene distintas empresas competidoras, donde todas presentan proyectos totalmente sustentables. El problema que tiene Chile es que no tiene cómo controlar, pues el aparato gubernamental es demasiado precario, y al ser así, prefieren prohibir", sostienen los privados consultados por DF.
Claves del dictamen Interpretar leyes
El pronunciamiento de Ramiro Mendoza interpreta las disposiciones de diversas normativas y leyes, entre ellas la de pesca y la de bases generales del Medio Ambiente, y llega a la conclusión que "no es posible desarrollar actividades de acuicultura en aguas marítimas que formen parte de parques nacionales".
Respeto a convenciones internacionales
Mendoza explica en su pronunciamiento que está en concordancia con la Convención de Washington, "en virtud de la cual nuestro país se obligó a no explotar las riquezas existentes en esa categoría de protección con fines comerciales".
Respaldo a Conaf
El contralor indica que la administración y supervisión de áreas silvestres protegidas aún está en manos de la Conaf, pues aún no se ha creado el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (está en trámite en el Congreso).
Fuente/ Diario Financiero