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Lo inesperado fue porque se suponía que todos los antecedentes -sobre que Reyes habría recibido cerca de $119 millones de parte de comerciantes de Recoleta a cambio de regularizar permisos- ya habían sido conocidos.
Sin embargo, ahora se confirmó que la medida se adoptó porque el ex funcionario entregó nuevos datos.
La mañana del miércoles, la fiscal Macarena Cañas indicó que la colaboración del acusado fue clave para llegar a juicio abreviado y para que finalmente accediera a una pena de libertad vigilada. "Se le leyó la acusación, y aceptó responsabilidad por todos los delitos", dijo la fiscal sobre los diez cargos de cohecho, incluido el más reciente que vincula a la Universidad San Sebastián (USS). Reyes admitió un presunto ofrecimiento de $14,5 millones de parte de Enrique Herrera, representante legal y miembro de dos sociedades vinculadas a la USS, para ampliar un permiso municipal precario para una rampa de autos.
Según la fiscal, tras 14 meses en prisión preventiva, hace diez días Reyes tomó la decisión de prestar declaración, la que se extendió durante tres días y sigue en reserva. Los nuevos antecedentes que aportó permitieron reformalizarlo el miércoles pasado por la arista de la USS, cambiar la cautelar por arresto domiciliario e ir a juicio abreviado.
Por ello, Cañas justificó la decisión de que el juicio abreviado fuera secreto, como pidió la defensa y accedió la fiscalía y los querellantes, entre ellos el CDE. "Entregó otro tipo de antecedentes que permiten desarrollar investigación", a lo que se sumó, afirma, el temor de la defensa por la presencia de Herrera en el tribunal. "Tiene temor que por haber colaborado pudiera tener dificultades de cualquier índole".
En la lectura de la resolución (cuya sentencia se conocerá el sábado), el juez Luis Castro señaló que pese a la reiteración de los delitos, atenuantes de irreprochable conducta anterior y colaboración bajaban la pena, por lo que Reyes accedería a libertad vigilada. La Fiscalía pidió cuatro años y una multa de $ 50 millones.
Hermosilla: "Una brutalidad"
El abogado de Herrera, Luis Hermosilla (que tampoco pudo ingresar a la audiencia secreta) afirmó que "lo que ocurrió ayer (martes) es gravísimo".
"No se puede establecer la comisión de un delito con el sólo mérito de la confesión de una persona, que más aún está presa, y que el premio de entregar esta confesión es la libertad que se le dio", indicó. "Desde el punto de vista jurídico es una brutalidad".
Por ello, adelantó que el miércoles ingresaron una denuncia a la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte "para que estos hechos se investiguen".
"Al haber sido aludidos por el Ministerio Público, tenemos derecho a que se investiguen los hechos y estamos poniendo todos los antecedentes que tenemos a disposición de la Fiscalía, entre ellos pidiendo que se le tome declaración a Enrique Herrera".