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Es reconocido entre sus pares. Juan Sabbagh Pisano ganó el Premio Nacional de Arquitectura en 2002 y es crítico respecto al actuar del Ministerio de Obras Públicas frente a la polémica generada por la construcción de la Costanera Sur.
“Lo que está haciendo el ministerio es obligar a un privado a hacer un gasto enorme y después le dicen que esa plata hay que botarla a la basura. Esto es una vez más un elefante blanco provocado por el Estado. Nos vamos a encontrar, durante muchos años los chilenos, con una obra inútil que no sirve para nada por culpa del Estado”, dice este arquitecto de la Universidad de Chile.
Tras la decisión que ha tomado el MOP respecto a las obras de mitigación de Costanera Sur, ¿cómo quedan las relaciones entre el gobierno y los privados en estas materias?
El problema es que se entiende poco la medida adoptada por el MOP, porque las medidas de mitigación son obligaciones que impone el Estado a particulares en ciertas circunstancias que establece la ley; en este caso, cuando se hace un edificio de gran envergadura y con muchos automóviles que se incorporan al flujo vehicular existente. Por lo tanto, allí los proyectos tienen la obligación a ingresar un estudio que mide el impacto vial que genera en el área. Es una obligación y eso es importante tenerlo claro.
Ese estudio tiene que hacerlo el privado y debe aprobarlo una serie de organismos del Estado, que operan bajo una modalidad de ventanilla única. Se trata de Vialidad Urbana del Ministerio de Obras Públicas, el Servicio de Vivienda y Urbanismo, el municipio, y otras entidades. Entonces, lo que me parece extraño es que el Estado no puede desconocer la obra de mitigación con posteridad a su ejecución, porque quien la aprueba es él. Parece rarísimo que ahora estén diciendo que la obra que hizo la Torre Titanium para mitigar hay que demolerla porque hay que pasar una avenida por arriba. Ellos no pueden desconocer que hay una descoordinación enorme, porque el plan les llegó a la ventanilla y está la aprobación del Ministerio de Obras Públicas y después dicen que no sirve.
¿Esta situación podría complicar nuevos proyectos de inversión?
-Esto pone en duda la seriedad del sistema de gravámenes que se imponen a los privados para asumir las externalidades que generan sus obras. Esto es lo mismo que pasa con otros proyectos. Aquí el Estado tiene contemplado un sistema que, de alguna forma, hace que el privado se haga cargo de los impactos que provoca en la comunidad las obras que hace. Eso aparece ante la comunidad como muy justo y compensatorio y es justamente lo que la ciudadanía hoy reclama. Hay varios ejemplos: el efecto de las grandes torres, el efecto de los grandes mall, los barrios. ¿Entonces, después de esto qué queda? Se comenzará a poner en duda lo que se pide, porque con esto se ha lanzado plata a la calle. ¿Los millones de dólares que se gastaron a quién le sirvieron?
¿Pero se ponen en riesgo nuevas inversiones en el sector oriente ligadas a urbanismo vial?
No, todo lo contrario, porque lo que se está poniendo en riesgo son los intereses de la ciudadanía que se ven afectados por las inversiones de los privados.
¿Quién paga los platos rotos? Los usuarios. Lo que se pone en riesgo es todo el sistema. Esto se ha ido construyendo con mucha dificultad y oposición de los empresarios de ser obligados a entregar obras de mitigación por las inversiones que ellos hacen; que compensen al entorno.
¿Al final serán los automovilistas los perjudicados?
Aquí no se está perjudicando a los inversionistas, porque a este señor Senerman lo que le va a dar mucha rabia es que gastó esa plata y no se usó para nada. Entonces, lo que va a ocurrir es que el próximo proyecto se niegue a hacer obras de mitigación porque son inútiles, son un impuesto y que no le sirve a nadie. Esto es una verdadera irresponsabilidad urbana.
Lo que ha ocurrido es muy grave, porque el Estado es el que impuso las condiciones y después dice que no sirve, y culpa al privado, diciendo que la calle que están haciendo le falta un metro y 40 centímetros y, por lo tanto, hay que demolerla. Esto habla de la ineptitud funcionaria para abordar este tipo de obras.
¿Una tarificación vial podría ayudar para descongestionar la zona de Sanhattan?
Ayudaría mucho, pero mientras eso no ocurra las demandas sobre la red pública quedan sin control. Una tarificación única sí ayudaría, pero en este caso concreto, lo menos que uno le puede pedir al Estado es que sea coherente. Lo que vemos aquí es que existe una falta de coherencia total de parte del Estado. Además, han sido muy tramposos, y ellos hacen parecer que esto va a beneficiar a Parque Titanium y el privado lo único que quiere es sacarle la mayor rentabilidad a su dinero; por ellos no hubiesen hecho esto. Al final, hay una contradicción con lo que se está haciendo.
¿Y estas siete medidas del plan Santiago Oriente ayudan?
Yo a estas alturas entro en sospecha, porque si están tan descoordinados en una obra que ellos mismos piden me baja la duda sobre la capacidad técnica para resolver los problemas.
Aparece en el diario un proyecto que bajo una mirada urbana es aterrante, porque tapizan el área de vías por arriba y por abajo. Al final, te quedas con la duda si son efectivas o no las medidas anunciadas.
Además, surgen las dudas por saber si han tomado en cuenta las medidas de mitigación qué esto va a provocar, porque generará una paralización del tránsito por un tiempo prolongado. Van a provocar un drama en esta área durante el tiempo de ejecución y puede que no sean necesarias.
Después de ver la actuación del ministerio de Obras Públicas no les creo, porque no calzan las obras que están pidiendo y cómo ocurren en la realidad.