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Entre 2006 y mediados de 2011, cuando se conoció el escándalo, La Polar informó en sus estados de resultados unos 1.200 millones de dólares más de los que debería haber indicado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La cifra equivale a unos 580 mil millones de pesos.
Así lo indicó un informe realizado por la Universidad de Chile por encargo de la Fiscalía, en el marco de la investigación por el caso de repactaciones unilaterales. El documento explica además cómo el llamado “maquillaje” de las cifras influía en los números que exhibía la empresa.
Jairo Casanova, abogado que representa a la Fundación Chile Ciudadano, explicó que la alteración de los estados de resultados permitía que La Polar presentara una solvencia que en realidad no tenía.
“Yo creo que acá la plana ejecutiva o la plana directiva en definitiva logró mantener el precio de las acciones y qué ocasionó con esto, que con el flujo de crédito que ellos tenían frente a la banca se mantenían los créditos y ellos económicamente aparecían como una empresa muy solvente. Esto le permitió incluso hacer inversiones fuera del país como en Colombia. Entonces el crédito, lo bueno que obtenían, es que mantenían su rol como una empresa solvente”, explicó.
Los nuevos datos serán relevantes para la audiencia que se realizará el próximo 1 de agosto, cuando la Fiscalía solicitará reformalizar a los ex ejecutivos Pablo Alcalde, María Isabel Farah y Julián Moreno, quienes se encuentran acusados de diversos delitos.
Una de las razones es que el informe podría servir como antecedente para los accionistas que pretenden presentar demandas civiles y pedir indemnizaciones por los perjuicios que sufrieron. Así lo señaló la abogada Bárbara Salinas, representante de los accionistas minoritarios.
“Ya ni siquiera estamos hablando de negligencia, sino que derechamente de un dolo de defraudar, bajo las distintas figuras o delitos que hoy día se les imputan a estos ex ejecutivos. Por lo tanto esto sin duda que va a ser un antecedente muy importante en la causa penal y por otro lado, ciertamente, a nosotros también como demandantes civiles nos abre las puertas a poder intentar y poder obtener las indemnizaciones a favor de los accionistas minoritarios, porque estas pérdidas se deben precisamente a esta entrega de información falsa. Este peritaje no hace otra cosa más que demostrar cuáles fueron las pérdidas que obtuvo la compañía y en definitiva cuál es el perjuicio que tuvieron los accionistas y los inversionistas de la compañía”, acusó.
Para el presidente de la Corporación de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón, el nuevo informe deja en evidencia el “relajo” con que actuaron las entidades fiscalizadoras en el caso.
A su juicio, “no solamente la Superintendencia de Valores fue la que falló en el caso La Polar, sino que falló también la clasificadora de riesgos, la Superintendencia de Bancos que no hizo su trabajo, la superintendencia de AFP que tampoco lo realizó. En realidad aquí todas las entidades reguladoras que tenían atribuciones para fiscalizar a La Polar no cumplieron con su tarea”.
Cabe recordar que otro informe solicitado por la Fiscalía a la Universidad Católica de Valparaíso ya había acreditado que todas las gerencias corporativas de la empresa tenían conocimiento de la selección de clientes y la repactación unilateral y que sus resultados fueron difundidos a todos los gerentes de alto nivel a través de informes de gestión.