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El periódico The Clinic publicó un extenso reportaje sobre el juicio que el propietario de El Mercurio, Agustín Edwards, enfrenta con el Servicio de Impuestos Internos, por negarse a pagar más de 200 millones en impuestos, tratando de desviarlos como "gastos de publicidad ". Aunque parezca increíble, su abogado asesor durante parte del juicio fue Mario Vila, el subdirector del SII cuestionado y suspendido por el "perdonazo" de US$ 120 millones a la multitienda Johnson, que luego compró -limpia- el empresario de origen alemán nacionalizado por gracia Horts Paulman, dueño de Cencosud (Paris, Easy, Santa Isabel, Jumbo).
Según publicó The Clinic, la semana negra para la familia mercurial comenzó cuando una de sus nietas, Malú Custer Edwards, fue acusada de esclavizar a su empleada doméstica ante un tribunal de Nueva York.
El empresario Agustín Edwards perdió un juicio tributario con el Servicio de Impuestos Internos en la Corte de Apelaciones de Santiago, que lo obliga a pagar a las arcas fiscales $205.153.942 millones, cifra que rebajó de su carga impositiva, aduciendo que se trataba de gastos de publicidad para la venta de sus caballos corraleros.
La decisión del tribunal de alzada capitalino fue adoptada por los ministros de la Undécima Sala, Hernán Crisosto Mireya López y Gloria Solís Romero por unanimidad y confirmando -en todas sus partes- la decisión del organismo fiscalizador.
La historia de este cobro comenzó en 2008, cuando un funcionario del SII llegó hasta el fundo Loncopán de la zona de Futrono, X Región, donde está ubicado el criadero de los caballos corraleros "fina sangre" del dueño de El Mercurio. La razón de su visita fue para notificarlo de que estaba "citado" por el organismo para que explicara algunas cifras que no cuadraban.
La expresión "citación" -en la jerga de los abogados tributaristas- implica que el SII ya tiene ampliamente revisado los antecedentes del fiscalizado y todo indica que será "liquidado" imponiendo el pago de la cifra determinada al que se le aplican intereses, multas y reajustes.
Vendedor de semen
Pues bien, el SII cuestionó que la sociedad de Edwards, llamada Agrícola Santa Isabel no incluyera la cifra antes señalada en los ejercicios 2005, 2006 y 2007, rebajándolos como publicidad.
En 2008 el SII debió resolver los argumentos presentados por su abogado patrocinante Mario Vila, el mismo que fue cuestionado por la millonaria condonación a Johnson cuando era el subdirector jurídico del SII, en circunstancias que había asesorado antes a dicha empresa.
Básicamente, Edwards arguyó que todo estaba en regla y que sus rocines -"una raza chilena", escribió Vila- podían aumentar su valor, cuando compiten en rodeos y vencen a sus oponentes; que ello permite que se posicionen en el mercado, porque se vende el semen y que sus hijos mantienen el "pedegree". Por ello calificó a la publicidad que hacía como de carácter "no tradicional". Agregó que gracias a esta última sus caballos habían aumentado exponencialmente su valor al participar en la competencia de la más rancia aristocracia chilena.
El SII de Puerto Montt rechazó las alegaciones de Edwards y el caso se trasladó al entonces tribunal tributario de Santiago, donde el director Bernardo Seaman tramitó la reconsideración -en junio de 2011- presentada esta vez por el abogado Cristián Gamboa, que mantenía vínculos académicos con Vila, quien renunció al patrocinio al ingresar al fisco en 2010. De nada sirvió la reconsideración presentada por Gamboa, ya que el SII confirmó el cobro, pero la pelea judicial no terminó ahí. Siguió en la Corte de Santiago donde Edwards tampoco ganó en abril pasado por lo que apeló al máximo tribunal que ya le dio tramitación al recurso.
En esta oportunidad, eso sí, Edwards cambió de abogado. Se trata de Francisco Javier Valdivia Villagrán, quien ejerce en la consultora Price Waterhouse, la misma donde trabajó Vila. Todo indica que Edwards deberá pagar los 205 millones de pesos al fisco, ya que el 2 de abril pasado la Segunda Sala de la Suprema, rechazó otro recurso del empresario que buscaba aplicar la prescripción a la misma Sociedad Santa Isabel, pero por hechos ocurridos en 2004, donde el SII también cuestionó los gastos relativos a la publicidad de sus caballos.
En este último fallo, acordado por unanimidad por los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y el abogado integrante Luis Bates se escribió: "No se acreditó que el rodeo por sí solo sea un medio de publicidad determinante en la decisión de un comprador, por cuanto sólo se trata de un deporte al cual acude público de distinta naturaleza a presenciarlo y, por tanto, no tiene relación con el giro agrícola de la contribuyente".