Defendamos la ciudad

En un fallo dividido, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dejó sin efecto una resolución de la Contraloría que había sostenido que los permisos otorgados para la construcción de un complejo educacional de la Congregación de los Sagrados Corazones (SS.CC.) en un terreno del Valparaíso Sporting Club de Viña del Mar (VSC) no se ajustaban a derecho. El tribunal acogió un recurso de protección que presentaron los SS.CC. contra el organismo fiscalizador, al que imputaron haber cometido un acto ilegal y arbitrario al invalidar lo que previamente habían resuelto el seremi de Vivienda y la Municipalidad de Viña del Mar. La Contraloría se pronunció sobre la construcción del complejo el 11 de enero pasado, luego de indagar un requerimiento presentado por el Comité pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, instancia que denunció que el citado proyecto vulnera las normas urbanísticas establecidas para el uso de suelo. Esto porque, según su parecer, los terrenos del VSC corresponden a áreas verdes y deportivas. Tras analizar los informes de los actores involucrados en el pleito, el tribunal falló que "el control de la legalidad de los actos de la administración que la Contraloría realiza en uso de sus facultades constitucionales y legales debe ser exclusivamente formal, sin que sea procedente que, ejerciendo dicho control, pueda entrar a hacer un nuevo estudio técnico sobre la materia, decidiendo cómo resolver un asunto que ya fue sometido a la decisión de los órganos especializados del Estado". Asimismo, agregó que "serán los tribunales los encargados de dirimir finalmente la pretensión de algún particular que estime que la decisión de la autoridad es errada o contraria a derecho". El proyecto cuestionado plantea la construcción de un complejo educacional en la parte alta de los terrenos del VSC. Para ello, en septiembre de 2001 se celebró un contrato de opción exclusiva e irrevocable de compra entre los SS.CC. y el VSC, en el que se pactó la transacción en 55.000 UF. De ellas, 40 mil se pagaron en octubre del mismo año, y las otras 15 mil cuando se subdividió el terreno. La decisión fue cuestionada por Patricio Herman, director de la agrupación Defendamos la Ciudad: "Es muy alarmante lo que está sucediendo a través de esta seguidilla de fallos de los tribunales que ponen en entredicho la competencia técnico-jurídica que tiene la Contraloría". A su juicio, es muy peligroso que se estén judicializando los conflictos urbano-ambientales: "Yo creo que hay que dejar que las instituciones funcionen, entre ellas la Contraloría"....FIN EN RELACION A ESTA NOTA DE PRENSA PUBLICADA HOY EN DIARIO EL MERCURIO: "Agrupación Defendamos la Ciudad" observa un complot para que la Contraloría General de la República no ejerza sus atribuciones constitucionales en orden a fiscalizar los actos administrativos de las diferentes funciones públicas. Pretenden dejarla a un lado para darle paso a las "flexibilizaciones" e "interpretaciones" de los marcos regulatorios para facilitar negocios privados de alta rentablidad. Por ello los tribunales no cuestionan derechamente los dictámenes del ente contralor, sino que se limitan a invocar que no tiene atribuciones para inmiscuirse en el fondo de los mismos.