07 Junio 2013

Economistas desmienten a ministro Felipe Larraín

Para el secretario de Estado, las propuestas de asamblea constituyente, reforma tributaria y reforma al sistema de pensiones estarían desacelerando la economía y desincentivando la inversión privada. Economistas desmienten estas declaraciones, que corresponderían más a un afán electoral o una “campaña del terror” que un diagnóstico económico serio. Radio U. de Chile 06 de junio 2013.

El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, declaró que las ideas de una asamblea constituyente, reforma tributaria y reforma al sistema de AFP, que han surgido desde los distintos movimientos sociales en los últimos años, estarían desincentivando la inversión, afectando el crecimiento e interponiéndose en el camino de Chile al desarrollo.

Larraín detalló que estas propuestas, que a su juicio provienen de la Concertación y el Partido Comunista, “ya han provocado efectos negativos sobre la inversión” y acusó a ambas colectividades de que “pareciera que no les gusta el crecimiento económico”. “Hay que decirlo claramente: la inversión responde a señales, no sólo al dinamismo de la economía”, explicó.

Sin embargo, economistas desmienten estas declaraciones y emplazan al ministro Larraín a transparentar los datos concretos que le permitieron llegar a ese diagnóstico.

Para el académico del instituto de políticas públicas de la Universidad Diego Portales, Andrés Zahler, las declaraciones del Ministro “no resisten mucho análisis”, ya que si bien Chile aumentó levemente sus indicadores de riesgo país, el alza fue mucho menor que en otros países de América Latina. “Entonces, si es que estas propuestas tienen algún efecto, serían hasta beneficiosas”, expresa.

“No tiene ningún asidero lo que dice el ministro Larraín y más aún si tu miras declaraciones previas que él ha dado en el último tiempo. Él ya venía anunciando hace mucho rato desaceleración y los argumentos que daba eran bajas en las exportaciones y otros que no tienen nada que ver con propuestas de reforma tributaria, asamblea constituyente o cosas así”, explica Zahler.

Para el economista “esto refleja que estamos en periodo electoral, lo que da pena es que un Ministro de Hacienda se meta de lleno en una campaña electoral, haciendo declaraciones que distan mucho de ser un análisis serio, para mi gusto”.

En esa misma línea, el presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, Andrés Solimano,  apeló a una “campaña del terror” desde el oficialismo. Para el especialista, estas reformas son propias de países que profundizan su democracia, lo que no debería atemorizar a la inversión extranjera.

“No creo que Chile sea un país en que la inversión privada en este momento está paralizada por el temor a un cambio político. Yo creo que ese argumento está empezando a surgir para bloquear cambios democráticos: decir si usted hace asamblea constituyente, si reforma las AFP o la legislación del cobre, la inversión se va a parar es casi una mini campaña del terror para que no haya reformas democráticas en Chile, que yo creo que son necesarias, o al menos que se juzgue democráticamente, que la población tenga la posibilidad de expresar si quiere esas reformas o no”, apunta Solimano. 

Gonzalo Durán, economista de la Fundación Sol, coincide en este diagnóstico y agrega que reformas laborales o al sistema de las AFP son imprescindibles en la construcción de un país desarrollado.

“Reformas al modelo de relaciones laborales, al sistema de pensiones y al sistema tributario se conocen como los tres grandes vehículos que permiten que las sociedades sean más igualitarias. Son vehículos que conducen a mejores distribuciones de ingreso y actualmente están totalmente cooptados, no funcionan en cuanto a ese objetivo. Por lo tanto, mientras eso se mantenga, es muy difícil que un país pueda decir que está en desarrollo. Medirse solo bajo la métrica del PIB per cápita es demasiado estrecho”, manifiesta Durán. 

El economista explica que quienes se verían afectados negativamente por esta mejor distribución de los ingresos serían los dueños y directores de las grandes empresas, que corresponden al 5% de la élite política y económica del país, pero de ninguna manera el resto de la población.



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