Defendamos la ciudad

Con el acuerdo unánime de sus 28 integrantes, la Comisión Asesora entregó el pasado martes en La Moneda la Política Nacional de Desarrollo Urbano, documento de 46 páginas elaborado por cinco subcomisiones de especialistas, una mesa intersectorial de 11 ministerios y un grupo de seremis regionales.

La instancia fue encabezada por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez, y la arquitecta y Premio Nacional, Antonia Lehmann. Además, entre sus integrantes se encontraban otros arquitectos, organizaciones gremiales, parlamentarios, ex ministros, decanos de distintas universidades y representantes de organizaciones sociales.

El grupo desarrolló un trabajo de 14 meses que, además, entre diciembre del año pasado y enero realizó talleres de trabajo en todas las regiones del país.

Según el Gobierno, el objetivo central de la política es generar condiciones que mejoren la calidad de vida de las personas por medio del desarrollo sustentable, para lo que se proponen medidas en cuatro áreas: desarrollo económico, equilibrio ambiental, integración social e identidad y patrimonio.

A pesar del consenso logrado, la última página del texto señala tres “prevenciones” hechas por la Cámara Chilena de la Construcción sobre temas en los que no estuvo de acuerdo: una “posible actividad empresarial del Estado”, la que debería estar limitada solo a los privados; el establecimiento de tributos adicionales; y “ambigüedades” respecto de la calidad de la arquitectura, protección del paisaje y temas patrimoniales, que podrían generar restricciones que afecten la certeza jurídica de los proyectos.

El presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, ironizó diciendo que si la Cámara no está de acuerdo con esos puntos, es porque se trata de una buena política urbana, que incorpora elementos vinculados “con la dimensión humana que debe tener el desarrollo de las ciudades”.

Aun así, recalcó que el texto “no produce ningún efecto” y que ahora debe traducirse en leyes y normativas: “Es el primer documento serio, bien elaborado y enfocado, que va a servir mucho para que el futuro gobierno y los futuros diputados y senadores, asuman sus roles en términos de preocuparse responsablemente de cómo se desarrollan las ciudades. En Chile, hasta ahora, las ciudades han sido entregadas a las decisiones que toman los actores privados que lucran con el recurso suelo, eso es una realidad indesmentible. Vamos a ver si se produce el milagro… ¡y a veces ocurren milagros!”, dijo.

Por su parte, el presidente del Colegio de Arquitectos, Luis Eduardo Bresciani, uno de los participantes de la comisión, declaró su satisfacción y destacó que la política se centre en los sectores más vulnerables, incorpore la participación ciudadana como un factor relevante y contemple la recuperación de inversión pública cuando ésta genere beneficios a negocios privados, por medio de ajustes tributarios.

Considerando eso Bresciani afirmó que será tarea de las organizaciones, gremios y universidades, lograr que la política se concrete en distintos proyectos de ley que sean promulgados: “Hay ciertas leyes que van a ser más lentas, como lo de las rentas seguramente, que va a ser más discutida y quizás quede en el ámbito del próximo gobierno. No creo que este vaya a incursionar en ese tipo de temas, pero sí creo que pueden salir una cantidad importante de leyes respecto de los instrumentos de planificación y la participación. En eso se puede ir avanzando y es nuestra tarea que ocurra. No podemos quedarnos sentados esperando que otros se muevan para lograrlo”, advirtió.

En tanto, el diputado Patricio Hales (PPD), quien presentó una propuesta que sumaba también a otros expertos y dirigentes sociales no contemplados en la comisión, señaló que “lo que corresponde es que este gobierno o el próximo traduzcan esta política en instrumentos jurídicos que permitan que se aplique. Algunas cosas son decretos, otras tendrán que someterse a proyectos de ley y discutirse en el Congreso y otras son decisiones administrativas en que la autoridad tiene que crear ciertas funciones. Es decir, esto es un primer paso”.

“Estoy convencido de que dado que son conceptos de Estado y algunas de las materias son efectivamente representativas de todas las maneras de mirar la ciudad y el país, muchas de estas propuestas pueden transformarse en realidad en la medida que los gobiernos asuman la tarea que sigue”, añadió.

De este modo, ahora la nueva política debería traducirse en una serie de proyectos de ley y otras medidas que el Gobierno implemente y envíe al Congreso para que sean discutidos en la Cámara de Diputados y el Senado.