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En tanto, el cuarto asesor, Sebastián Mathews, presentó licencia médica. El nuevo director, Juan Eduardo Coeymans, encargó auditorías internas y externas, para transparentar los procedimientos internos.

A una semana de que CIPER publicara los antecedentes sobre la manipulación de las cifras del Censo 2012 y la entrevista a la ex asesora del director del INE, Mariana Alcérreca, siguen las repercusiones y los cambios en el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La llegada del nuevo director interino, Juan Eduardo Coeymans, marcó un punto de inflexión en la crisis que atraviesa el organismo estadístico no sólo por los problemas del Censo, sino también por los cuestionamientos al cálculo del IPC.

El tema ha sido centro de atención no solo para la prensa nacional, sino también para prestigiosas revistas y diarios ingleses que recogieron los cuestionamientos publicados por CIPER. Uno de ellos es The Economist  (ver artículo) que abordó el tema bajo el sugerente título “¿Cuántos son los chilenos?” y que plantea que “la reputación de Chile está puesta en tela de juicio en lo relativo a la estadísticas oficiales”.

Juan Eduardo Coeymans, economista de la Universidad Católica, se constituyó inmediatamente después de su designación, el 29 de abril, en el edificio corporativo del INE para ponerse al frente de la institución. Tras el feriado del 1 de mayo, el nuevo director divulgó un comunicado de prensa en el que anunció la suspensión transitoria del sitio web www.censo.cl y de las ediciones impresas relacionadas que aún no se han distribuido: “Hasta que se haya llegado a la convicción de que son cifras con niveles de confianza propios de una institución técnica, profesional y de calidad”.

Coeymans informó que “paralelamente, se ha iniciado desde el lunes 29 de abril una auditoría interna sobre el proceso censal, cuyos métodos se someterán a evaluación por expertos externos”.

Consciente del daño a la credibilidad institucional que se ha producido tras los antecedentes entregados por CIPER, el economista se comprometió  a hacer su máximo esfuerzo en avanzar en la transparencia de los procesos de generación de los productos del INE y a reforzar todos los mecanismos de validación, para así asegurar el cumplimiento de los más altos estándares internacionales (ver comunicado INE).

EL GRUPO DE LOS CUATRO

De acuerdo a las instrucciones entregadas por quien fuera su jefe durante solo unas horas, el renunciado ministro de Economía y actual precandidato presidencial de la UDI, Pablo Longueira, Coeymans deberá solucionar el tema del cuestionamiento respecto de la metodología del IPC, hacer una auditoría a las bases de datos del Censo 2012 y apresurar la tramitación del proyecto de ley para dotar de autonomía al INE, cuya discusión debe darse en las próximas semanas.

Al menos públicamente, el ex ministro Longueira no hizo referencia a la necesidad de transparentar las contrataciones que hizo Labbé para el Censo 2012. En los hechos y según confirmó CIPER, ya no forman parte de la plantilla de asesores tres de los cuatro funcionarios que participaron de las decisiones más relevantes sobre cómo y qué informar públicamente respecto a las cifras del Censo 2012: Eduardo Carrasco, Maximiliano Raide y Carmen Paz Maldonado. Un cuarto asesor de Labbé, Sebastián Mathews, presentó licencia médica.

CIPER intentó comunicarse con la encargada de comunicaciones del INE, Carmen Paz Maldonado, pero desde la sede central del instituto se informó que ella había renunciado al cargo y que la reemplaza la periodista Paula Villarroel, quien durante toda la mañana estuvo reunida en el gabinete del nuevo director.

Carmen Paz Maldonado es periodista de la empresa Vox Comunicaciones, la que inicialmente asesoró al INE en las estrategias para difundir las cifras del Censo 2012. Tras el despido de la periodista Marcela Martínez, quien era jefa de comunicaciones del organismo técnico, asumió Maldonado ese cargo, cumpliendo media jornada y  recibiendo honorarios por $2 millones. Es decir, compartía sus funciones en el INE con su rol en la empresa VOX Com, que tiene entre sus clientes a  ABCDin, BancoEstado, LAN, la consultora y administradora de fondos Claro y Asociados,  Masvida, Metrogas y la Sociedad Chilena del Litio, entre otras. Precisamente esta dualidad de funciones resultaba compleja, considerando que la periodista tenía acceso privilegiado -antes de que se conocieran públicamente- a los datos estadísticos más sensibles que genera el INE.

Lo que aún no está claro es si el nuevo director puso término a la asesoría comunicacional de Vox Com. El contrato lo suscribió en 2011 Francisco  Labbé con Gabriele Lothholz, gerenta y dueña de la empresa. El primer año se le pagó $27 millones y en 2012 la cifra ascendió a $33 millones.

El ingeniero comercial Sebastián Mathews fue jefe de Comunicaciones e imagen corporativa del INE hasta el año 2012 y luego continuó como uno de los asesores más estrechos de Labbé. Mathews comenzó el 27 de octubre de 2010 su relación contractual con el INE, recibiendo honorarios por $1.503.300. Sus ingresos aumentaron año a año, hasta llegar a un sueldo de $3.678.667 en 2013. Su última aparición pública fue el viernes 26 de abril, cuando regresaba junto al entonces director del INE desde la XII Conferencia Estadísticas de Las Américas, en Pucón. Su situación actual está en suspenso, pues en el INE se informó que se encuentra con licencia médica desde el lunes 29 de abril.

Una de las decisiones más importantes en las que participó Matthews fue la presentación de 16 millones 600 mil personas como censadas, sin precisar que la cifra correspondía a 15 millones 800 mil personas efectivamente empadronadas y el resto a una proyección de los habitantes de viviendas con moradores ausentes.

Uno de los puntos que deberá dilucidar la auditoría interna es quiénes y cómo se filtraron las cifras globales del Censo 2012 a la prensa. Todos los funcionarios del organismo que tuvieron acceso a los datos de esta encuesta suscribieron una declaración de confidencialidad, entre ellos Sebastián Matthews. Según constató CIPER con funcionarios del INE, el ingeniero comercial intentó recuperar el documento de confidencialidad del Censo, pero sus esfuerzos no tuvieron resultados positivos.

Quien sí renunció este lunes 30 de abril en forma definitiva fue el jefe de proyecto Censo, Eduardo Carrasco, responsable de la ejecución y publicación de los datos.

Quien también desapareció de las oficinas centrales del paseo Bulnes, donde está ubicado el INE, fue Maximiliano Raide, quien años atrás destacaba en algunas revistas chilenas como la mezcla perfecta entre ejecutivo y lobista bien contactado. Jóvenes Líderes es una organización creada por Raide e integrada por estudiantes ABC1, quienes desde mediados del 2000 cenaban con prominentes personajes, políticos y empresarios, para intercambiar opiniones sobre la contingencia.

Sin título profesional y con estudios de derecho en la Universidad de Los Andes, Raide habría recaudado más de $90 millones en estos dos años de asesoría a Labbé, aunque no aparece en los registros ni en ninguna dotación del INE, a pesar de que gozaba de todos los privilegios de los miembros de la plana ejecutiva del organismo.

Sus honorarios se le pagaron a través de contratos triangulados de dos de sus cercanos: su hermano Juan Pablo Raide, quien recibía mensualmente $1.674.001 y Antonio Hartmann Ramírez, quien percibía $2.225.522 como asesor económico.

Raide despareció también de las oficinas del INE, pero al igual que el jefe del Proyecto Censo, Eduardo Carrasco, Carmen Paz Maldonado, Sebastián Mathews, su hermano Juan Pablo y Antonio Hartmann deberán atestiguar en las próximas semanas cuando el fiscal José Morales los llame a declarar en el marco de la investigación por la manipulación de los datos del Censo. El viernes 26 de abril el fiscal Morales encargó a personal policial incautar sus computadores, teléfonos celulares y documentos.