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La Fundación Defendamos la Ciudad ingresó este miércoles en la Contraloría General de la República un documento descriptivo de las supuestas “ilegalidades” contenidas en la ampliación urbana PRMS100 que eliminaría 10.000 hectáreas agrícolas en ocho comunas periféricas para dar paso a negocios inmobiliarios en unas denominadas Zonas Urbanas Condicionadas.
EL presidente de la entidad, Patricio Herman, manifestó que “estamos ante un intento de cambio de uso de suelo de extensos territorios agrícolas periféricos para transformarlos administrativamente en urbanos, modalidad de negocio que, de prosperar, será tan o más lucrativo como el que existe con las universidades privadas constituidas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro”.
“Entre otras cosas, le dijimos a la Contraloría que se abstuviera de tomar razón de la resolución respectiva porque este cambio en las reglas del juego no contó con el Estudio de Impacto Ambiental requerido por la Ley correspondiente”, advirtió.
La organización ciudadana señaló que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), “para hacer más fácil la tramitación del proyecto se conformó sólo con una Declaración de Impacto Ambiental, la que es un mero saludo a la bandera. Como en enero de 2010 se introdujeron mejoras y cambios en la ley ambiental, era necesario que las pérdidas de 10.000 hectáreas agrícolas fueran sometidas a una rigurosa Evaluación Ambiental Estratégica, la que ese díscolo ministerio tampoco hizo”.
“Asimismo le expresamos a la Contraloría que este cambio es improcedente en aquellos predios rústicos de 0,5 has, llamadas parcelas de agrado, acogidas al DL 3.515, porque esta ley impide la modificación de sus usos agrícolas a urbanos, lo que sabe muy bien el ministro Pérez y todos sus colaboradores. De acuerdo al Boletín Trimestral del Mercado del Suelo, entre los años 1994 y 1997 el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) ya había cursado subdivisiones prediales acogidas al DL 3.516 en esta colapsada región para 64.000 hectáreas agrícolas”, dijo Herman.