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La Fundación Defendamos la Ciudad tiene legitimidad para referirse a esta acusación aprobada por la Cámara de Diputados porque el 13 de julio de 2012, conforme a la Ley Nº 20.285 de Transparencia, le solicitó al ahora ministro suspendido de sus funciones, que le informara por escrito quienes eran las personas jurídicas y naturales que figuraban en las escrituras públicas de las universidades privadas, registradas en distintas fechas en el Ministerio de Educación, como fundaciones y corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, ello para sacar conclusiones concretas respecto del lucro ilegal que la mayoría de ellas estaban cometiendo con sus empresas relacionadas.
Patricio Herman manifestó : “El 3 de septiembre de 2012, a través de la Coordinadora de Transparencia de ese servicio público, se nos contestó que el Ministerio de Educación no disponía de esa información y que confeccionarla era muy difícil porque implicaría distraer al personal del desempeño regular de sus labores habituales (sic).
Con este tipo de respuesta se evidenciaba el descontrol en ese ministerio y por ello, en razón a que en estos recientes días hemos tomado conocimiento de una avalancha de publicaciones y entrevistas a personas que apoyan al ministro Beyer, criticando a los 58 diputados que votaron a favor de la acusación constitucional, fustigando de paso a los 4 gobiernos de la Concertación cuyos distintos ministros de Educación no hicieron nada para fiscalizar, preguntamos.
¿por qué durante esos 20 años no acusaron constitucionalmente a esos ministros por no ejercer sus atribuciones ?
Respondemos : Por la simple razón de que a partir de 1990, con la publicación de la LOCE, todos los agentes públicos y actores privados toleraron en silencio el lucro ilegal. Unos y otros fueron cómplices tácitos en las operaciones mercantiles que tenían excelentes réditos económicos y por ello, ahora que el tema está de actualidad, la tarea urgente es fiscalizar a todas esas universidades privadas con la incorporación a esta ineludible tarea a los fiscales del Ministerio Púbicos.
Veremos si finalmente opera la probidad y el apego al derecho en la institucionalidad”.
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