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La Contraloría General de la República zanjó el tema. Un dictamen fechado el lunes 1 de abril, establece que los bienes de la disuelta Pía Unión de la iglesia El Bosque —dirigida durante años por el condenado ex párroco Fernando Karadima, culpable de abusos sexuales contra menores—, quedarán en manos del Arzobispado de Santiago, de acuerdo a lo establecido en los estatutos de dicha entidad.
“En lo que se refiere a la disposición de los bienes que pertenecieron corporación Unión Sacerdotal del Amor Misericordioso del Sagrado Corazón de Jesús, debe estarse a lo que sus estatutos señalen, sin que sea procedente un pronunciamiento especial por parte de ninguna autoridad administrativa, ya que en la especie, el destinatario se encuentra debidamente individualizado”, apunta el documento que firma el contralor Ramiro Mendoza.
El dictamen responde a la consulta efectuada por el ecónomo del Arzobispado de Santiago, Julio Poblete, al ente de control para determinar el destino de los bienes.
Poblete confirmó a “La Segunda” que los bienes —que corresponden a cuatro departamentos, avaluados cada uno en aproximadamente $160 millones— quedarán en manos del Arzobispado y explicó los pasos que ahora proceden: “El procedimiento es que yo espero una carta de la Contraloría adjuntando el dictamen, y ese es mi título para inscribir las propiedades a nombre del Arzobispado en el Conservador de Bienes Raíces”.
La corporación fue disuelta tanto de manera canónica como civil, luego de que los sacerdotes que la conformaban tomaran la decisión de poner fin a la entidad. Esto, una vez que el Vaticano emitiera su fallo condenatorio contra Karadima, en junio de 2011.
Si la demanda prospera...
El 27 de noviembre de 2012 el filósofo José Andrés Murillo, el médico James Hamilton y el periodista Juan Carlos Cruz —en su calidad de víctimas de Karadima— iniciaron los trámites legales para una eventual demanda civil contra la Iglesia chilena, para exigir así una indemnización. El proceso, sin embargo, no ha avanzado. En ese momento, se planteó que los bienes que mantenía la Pía Unión podían servir como “reparación” económica para los denunciantes.