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Otro escándalo remece a la Quinta Región. Una jueza y un fiscal habrían recibido coimas de cincuenta millones de pesos por cabeza, para salvar a la niña símbolo de la corrupción de la UDI: la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato. Este secreto a voces debía ser verificado en la audiencia de hoy ante el tribunal de garantía de la ciudad jardín.
En esta instancia, el fiscal Claudio Rebeco, pidió el sobreseimiento de la causa apoyándose en documentos falsos, los que, sin más, fueron aceptados por la juez María del Pilar Labarca, con conocida fama de histérica, quien accedió a dejar en la impunidad un grave delito contra la fe pública. Es decir, la falsificación y uso malicioso de certificados de educación, por la edil de Viña, destinados a conseguir una inscripción fraudulenta de su candidatura política. El fin justifica los medios.
La estrategia contó con la anuencia del Fiscal Regional, Pablo Gómez y de su señora, la actual Ministra de Justica Patricia Pérez, quien comprometió sus oficios para promover a la juez al interior del Poder Judicial o para interceder en una eventual permuta o cambio a Santiago.
El financiamiento de las coimas proviene de los dineros negros que maneja la Municipalidad de Viña : Los sobresueldos que cancela el Casino a funcionarios de dicha corporación comunal y los pagos de horas extraordinarias inexistentes.
La próxima movida es conducir una operación en la Corte de Apelaciones de Valparaíso para constituir una sala con ministros afines, a los cuales se les ofrecerían sumas mayores para confirmar el sobreseimiento, además de un puesto, para quien la presida, en la próxima quina para ascender a la Corte Suprema.
Viña Transparente, es la institución que ha llevado las acciones en contra de la alcaldesa rescatando la decencia y la probidad que la ciudadanía exige de sus autoridades. No tienen el estómago para usar los medios de la alcaldesa y de la UDI para torcer la Justicia. Esto no quiere decir que no los podamos denunciar.
Las fuentes de estas graves informaciones provienen tanto del interior del Ministerio Público, como de la Dirección Jurídica del Municipio.
La maniobra debía tener una gran convocatoria mediática, para hoy, en el tribunal, según lo planificó la Dirección Nacional de la UDI, como una manera de cerrar un flanco débil frente a las futuras demandas estudiantiles que no aceptan que un certificado de educación fraudulento pueda más que años de estudio honesto y sacrificado de muchos jóvenes, acompañados por sus modestas familias.
Resulta sorprendente que los otros cómplices de la tía Coty, no hayan sido interrogados por el Ministerio Público antes del sobreseimiento, a pesar de encontrarse querellados en calidad de imputados. Aquí la fiscalía mostró la hilacha. También es extraño que el caso se haya tramitado ante un juzgado incompetente en Viña, dado que los hechos ocurrieron en Colina o Santiago, lugares en donde se emitieron los certificados irregulares.
Ésta, es una noticia en desarrollo…
