Defendamos la ciudad

Todas las asociaciones gremiales empresariales buscan beneficios para sus representados y ello es bastante lógico en un sistema competitivo. Las mejores organizadas y por lo tanto más poderosas se agrupan en la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y en la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa). Estas instituciones -como otras de diversas índoles- conforman lo que un ex diputado llamó acertadamente “poderes fácticos”, los que incluso en ciertas ocasiones y evidenciando algunos grados de paroxismo, vía sus principales dirigentes, han llegado a afirmar con rostros ceñudos y aires dominantes que lo que es bueno para ellas es bueno para el país. Dentro de sus propósitos de búsqueda de influencia es indispensable tener buenas relaciones con los parlamentarios y con los políticos en general que se desenvuelven en cada uno de los distintos sectores económicos (los más eficientes conectadores son los ex ministros que actúan como lobbistas), con los llamados think tanks (los más conocidos, afines a la derecha tradicional) que elaboran con suma habilidad los proyectos de leyes que les son útiles y naturalmente con aquellos políticos que han ejercido o ejercen cargos públicos en estos tres gobiernos elegidos en votaciones populares y que, hay que reconocerlo, han hecho posible que exista libertad, más no plena democracia. El grupo de presión más activo dentro de los distintos gremios es el de la construcción y los que han sido más efectivos en conseguir franquicias y exenciones para sus bienes inmuebles son los inmobiliarios porque chantajean a las autoridades de turno con la necesidad de la casa propia y con la absorción de mano de obra, teniéndose en cuenta que el déficit de viviendas existe sólo para los más desposeídos y que el nivel de cesantía es alto. Este sector económico sabe utilizar muy bien a la prensa para enviar sus mensajes promocionales y así vemos como los canales de televisión entregan avisos de ventas disfrazados de noticias. Es más, hoy en día se está dando lo que se llama una “burbuja inmobiliaria” por las bajas tasas de interés del sistema financiero y por las importantes deducciones de impuestos en las declaraciones del global complementario que benefician a todos aquellos particulares que adquieren viviendas a través de créditos hipotecarios. En un principio tales beneficios se establecieron por períodos escalonados para incentivar la compra de “viviendas económicas “ DFL2, mediante la rebaja de los dividendos (con un tope) de la base imponible de impuestos y en la actualidad disfrutan de esa regalía todos los compradores a crédito sin importar la calificación que tengan las viviendas, pero rebajándose de la referida base el monto de los intereses pagados en esos dividendos. En esta ocasión no nos referiremos a los fraudes tributarios que se cometen con esas mal llamadas “viviendas económicas ampliables” que se transforman por arte de magia después de que son recibidas oficialmente por las direcciones de obras municipales de las comunas en donde viven quienes mandan en Chile. Esta trampa es muy conocida y ya nos hemos referido a ella en columnas anteriores: por ello no ahondaremos en sus singularidades. En todo caso y para cuantificar la vergonzosa situación que estamos abordando, debemos tener en cuenta que el Servicio de Impuestos Internos informó a la Cámara de Diputados, a petición de ésta, que los beneficios tributarios para la construcción ascendieron en el último año a la friolera de US$ 847 millones, incluyendo el trato preferencial que disfrutan los propietarios de DFL2 que -entre otras cosas- están liberados del pago de impuestos por las rentas que generan sus inmuebles. Pues bien, bajo el pasado gobierno dictatorial, el que se caracterizó por favorecer en demasía al sector privado por ser el motor del crecimiento, se decidió que la construcción de viviendas, actividad comercial que se nutre de la especulación, del oportunismo y que opera con altísimos márgenes de utilidad, iba a tener un trato favorablemente discriminatorio y así fue como ese sector ha estado disfrutando hasta estos días de la franquicia de descontar el 65% del IVA, inequidad que le costó a la sociedad chilena US$ 200 millones el año 2004. Por lo anterior, nos alegramos que el senador Carlos Ominami y el diputado Carlos Montes, parlamentarios serios y responsables que se manejan bastante bien con las cifras y que propugnan leyes parejas para todos porque así funciona bien el mercado, hayan tomado el toro por las astas y propusieron la derogación de este trato especial para ese sector productivo. Indicaron que la franquicia se debía mantener para las viviendas sociales de hasta UF 520, cifra que nosotros consideramos algo insuficiente. Los gremios que dejarán de gozar del aludido privilegio han puesto el grito en el cielo y como buenos llorones que son, ya están diciendo que ejercerán todos sus derechos en función de sus intereses: hasta dijeron que iban a recurrir al Tribunal Constitucional para que éste se apiade de ellos. Amenazaron con un alza de un 8% en los precios de las casas y que se iba a detener la actividad con el consiguiente desempleo. Los más histéricos son una denominada Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y el Instituto Libertad y Desarrollo (ligado a la UDI) quienes han expresado en forma grandilocuente que la derogación de la franquicia castigará fuertemente la inversión. Nosotros sabemos que ello es una falacia y que el único cambio que vendrá con la equidad tributaria que se deberá aprobar próximamente será una menor ganancia por unidad construida. Basta observar los cientos de elegantes edificios emplazados en el sector oriente de la ciudad, muchos desocupados, para constatar la sobreoferta existente en el mercado, lo cual es indicativo del interés por construir más de lo que el mercado demanda. No hay que ser muy inteligente para intuir porqué sucede aquello. Dado que hace un par de años atrás el Congreso Nacional autorizó la edificación de viviendas de hasta UF 1.000 fuera de los límites urbanos porque la Cámara de la Construcción, a través del Minvu, se lo pidió con el argumento de que los terrenos ubicados dentro del perímetro urbano estaban muy caros y que, por lo tanto, era difícil construir viviendas para los pobres, sería razonable que el término de la franquicia del no pago de IVA fuera para las viviendas que excedan las UF 1.000 y así mantener coherencia con lo anterior. Entendemos que las ayudas se deben focalizar sólo para los necesitados: quien adquiere una vivienda de ese precio es una persona de escasos recursos. En Chile escuchamos como las capas dirigentes, con altas dosis de hipocresía, ponen el grito en el cielo con la desigualdad económica vigente, medida en deciles, sin reconocer que ellos mismos son los causantes de esa grosera situación. Hasta hacen encuentros en lujosos hoteles de moda para conversar entre ellos acerca de las causas de la inequidad, como si ésta fuera motivada por extraterrestres. Por ello y para no escandalizarse más, esos mismos dirigentes políticos y empresariales no dan a conocer a la opinión pública las cifras medidas en veintiles, ya que ello nos mostraría el altísimo ingreso del 5% más rico de la población, contrastándolo con el insignificante ingreso del 5% más pobre. Tenemos conocimiento que la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados aprobó la modificación, con lo cual se liberarán US$ 200 millones, tímido paso para ir generando políticas públicas orientadas a terminar con las oprobiosas desigualdades existentes. Estamos seguros que el comprador de una casa de 400 m2 construidos, emplazada en un terreno de 1.500 m2 en La Dehesa, que vale 300 millones de pesos, no dejará de adquirirla porque en un tiempo más al precio se le aplicarán las normas tributarias parejas para todos los bienes y servicios. Finalmente y ya que están de moda los vocablos “conflictos de intereses”, esperamos que cuando se vote el proyecto de ley en la Cámara de Diputados y en el Senado, aquellos parlamentarios que tienen intereses inmobiliarios, honrando sus cargos, se abstendrán de emitir sus votos. También es necesario que la votación sea transparente para que la ciudadanía sepa como sus representantes se comportan en la hora de la verdad. Lo óptimo sería que los medios de prensa den a conocer al país los nombres de los parlamentarios que votaron a favor y en contra de la regalía en cuestión. Patricio Herman P./Agrupación “Defendamos la Ciudad”.