Defendamos la ciudad

Santiago, viernes 30 de Junio de 2006 CARTA ABIERTA Sra. Patricia Poblete, Ministra de Vivienda y Urbanismo Sra. Ana Lya Uriarte, Directora Nacional de la Conama Sr. Álvaro Rojas, Ministro de Agricultura Sr. Víctor Barrueto, Intendente Metropolitano y Presidente de la Corema Metropolitana Asunto : Proponemos una solución realista con respecto al quebrantamiento de las normas que protegen el Área de Preservación Ecológica en la comuna de Lo Barnechea, antes resguardadas por los D.S. Nº 82 del 23/05/74 y Nº 327 del 17/02/74 del Minagri. Autoridades : Conocedores del desinterés público de las administraciones pasadas por fiscalizar el cumplimiento de las normas que buscan preservar las áreas de valor natural y en especial las de preservación ecológica en la región metropolitana, establecidas en 1994, nos referirnos a nuestra denuncia que hicimos en la Contraloría General de la República el martes 27 de Junio pasado sobre este asunto. Ahora bien, de las centenas y posiblemente miles de viviendas construidas sobre la cota 1.000 msnm en esa comuna y en las otras precordilleranas, cuyos límites urbanos se encuentran en las cotas 800 y 900 msnm, sostenemos que la gran mayoría de sus propietarios nunca han pagado contribuciones de bienes raíces, a diferencia de algunos que se han acercado al Servicio de Impuestos Internos solicitando que se les cursen los pagos respectivos, a lo que ese servicio ha accedido. Así ellos están en mejores condiciones para hacer valer sus hechos consumados en las instancias correspondientes. Las edificaciones construidas, en un alto porcentaje, son de excelente nivel, lo que significa que en promedio estamos hablando de valores unitarios comerciales de unos US$ 250.000 ($ 130.000.000). Si sabemos que desde hace años se está violando la regulación establecida en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), es relativamente fácil calcular los menores ingresos que ha tenido el Estado por concepto del impuesto territorial y por concepto de permisos de edificación. Estamos hablando de varios millones de dólares en un país que tiene tantas y tan diversas carencias sociales. La Ley General de Vivienda y Urbanismo es drástica con respecto a las construcciones ilegales. Le entrega atribuciones precisas a los alcaldes para que decreten las demoliciones y ante la inoperancia de aquellos, subsidiariamente el Seremi respectivo, con el auxilio de la fuerza pública, debe proceder en consecuencia en resguardo del imperio del derecho. En Chile, por motivos que nunca hemos comprendido, las autoridades son renuentes a aplicar el marco jurídico con aquellos violadores de la ley y por ello, ante la inaplicación de las medidas correctivas, muchos agentes privados obtienen permisos de edificación incumpliendo las normas. Ejemplos hay muchos y la prensa ya ha informado de algunos casos. En la situación que estamos viviendo en la parte alta de la ciudad, ya se ha configurado un daño ambiental de proporciones, el cual -en nuestra opinión- es irreversible. Es más, esta ilicitud pone en entredicho el propio Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) del cual tanto se ha hablado por su inoperancia. No tiene mayor sentido explicar en detalle el perjuicio ocasionado, ya que todos conocemos las externalidades positivas que entregan a la población este tipo de áreas protegidas por el Estado. Estamos conscientes que existen loteos de entre 10 y 50 hectáreas de antigua data (más de 50 años) aprobados por el Ministerio de Agricultura, inscriptos en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, cuyos actuales propietarios están subdividiendo con la imaginativa y abusiva figura de la transferencia de derechos. De esta manera se han originado en esos loteos cerrados innumerables viviendas de todo tipo que arrasan con la vegetación nativa y que no se ciñen a ninguna norma. Con el exclusivo propósito de abocarse a solucionar el problema, a sabiendas que la mayoría de las construcciones se ejecutaron con pleno conocimiento que ello no estaba permitido, salvo en algunos casos puntuales de gente muy desinformada y dado que las demoliciones no se van a decretar, excepto en aquellos casos puntuales en donde se han intervenido cursos de agua, quebradas o zonas específicas de remoción en masa, lo que determinará la Dirección General de Aguas del MOP, muy respetuosamente les proponemos que se legalicen todas las viviendas construidas o por terminarse en los próximos 60 días, con lo cual sus titulares deberán pagar los derechos municipales, las contribuciones de bienes raíces con efecto retroactivo y compensaciones territoriales a definir por la Conama. En paralelo, con las herramientas técnicas satelitales disponibles, elaborar un catastro detallado de la zona con el compromiso de honor suscrito por los ministros sectoriales, en orden a que a partir de esta fecha no se permitirá ninguna nueva violación al marco regulatorio. Todos debemos estar conscientes que las normas se quebrantan porque los agentes privados saben que el Estado, para no ser tildado de "burocrático", no ha ejercido bien su indelegable función controladora. Estimamos que ha llegado la hora de entregar señales claras al mercado en cuanto a que este "perdonazo" -si es aceptada la idea- será el último en materia de regulación urbana. La idea es preservar, con efectiva fiscalización de especialistas, esa valiosa zona excluida al desarrollo urbano, tal como lo ordena el PRMS, para que así podamos decir que en Chile, a partir del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, el cuidado por medio ambiente es un asunto prioritario, al igual que en los países desarrollados. Atentamente, Patricio Herman Agrupación "Defendamos la Ciudad"