PATRICIA REY La Municipalidad de Lo Barnechea anunció la demolición de inmuebles que están en un área de preservación ecológica, no tienen permiso de edificación y, para peor, se encuentran en zona de riesgo. Ante la gravedad de la situación, la alcaldesa de Lo Barnechea, Marta Ehlers, se reunió con el seremi de Vivienda, Nelson Morales, quien estudiará el caso durante una semana. A su vez, la edil esperará un informe del Ministerio de Obras Públicas que determinará cuántas y cuáles casas deberán ser destruidas. "Me parece descabellado pedir demoler a familias que llevan años viviendo ahí, pero como autoridad debo cautelar todas las construcciones en áreas de riesgo", aseguró la edil. Patricio Herman, de la agrupación "Defendamos la Ciudad", denunció que hay 433 inmuebles sobre la "Cota 1.000" (mil metros sobre el nivel del mar), correspondiente a un área de preservación ecológica. Recurrió a la Contraloría para pedir que la alcaldesa emita un decreto que paralice las obras que se están haciendo y demuela las casas ya construidas en terreno prohibido. La jefa comunal sostuvo, en todo caso, que la cifra de viviendas irregulares es menor, porque varias normalizaron su situación cuando se creó el plano regulador comunal. La autoridad municipal aseguró que deberán destruirse los inmuebles que interrumpan el flujo de la Quebrada de Huallalolén y en peligro de derrumbe. "No podría asumir la responsabilidad de tener viviendas en zona de riesgo y que después, por factores climáticos u otros, se produjeran desgracias personales", dijo la alcaldesa. Notificados Quienes están en situación complicada son los 14 propietarios de casas en la comunidad "Los Peumos del Arrayán" en la Quebrada de Huallalolén, quienes recibieron multas y citaciones al juzgado por no tener los permisos de edificación. Incluso, recibieron una orden de desalojo por parte de la Dirección de Obras de la municipalidad. Lo paradójico es que los mismos vecinos denunciaron su situación ante las autoridades para que se regularicen sus predios y les otorguen definitivamente el permiso que están tratando de obtener desde hace dos años, ya que pagan contribuciones al Servicio de Impuestos Internos mediante un rol único tributario otorgado a cada uno de los 14 propietarios de la comunidad. Matías Villalobos, quien lleva más de seis años viviendo en el lugar, afirma que compró un predio "agrícola" y recién se le dijo que era una zona ecológica protegida.