Defendamos la ciudad

Reafirmando que el permiso de edificación otorgado por la municipalidad de Las Condes está viciado, la Agrupación Defendamos la Ciudad llamó a la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda a decretar la demolición del edificio de calle Carmencita, por no ajustarse a las normas del plano regulador comunal. Según indicó Patricio Herman, desde un principio tanto el alcalde, como los concejales y la directora de Obras –hoy separada de su cargo a causa del sumario administrativo- sabían que dicho permiso no cumplía con lo establecido en el plano regulador, respecto de la superficie predial para la construcción en altura. Agregó que pese al cuestionamiento formulado por la secretaría regional ministerial de Vivienda y el pronunciamiento de la Corte Suprema, que validó la potestad del organismo ministerial para determinar que el permiso estaba “mal otorgado”, el municipio siguió adelante. Hoy el edificio está terminado y en proceso de venta. Tomás Fabres, abogado que representa a vecinos de calle Carmencita que se oponen al edificio de loft, fue más drástico, al señalar que en esta actuación municipal hay “indicios de corrupción”, argumentando que hay una sucesión de hechos que así lo demuestran, como son la entrega de un permiso que es ilegal y el ocultamiento de información a los vecinos afectados. Por eso, dijo que los vecinos recurrieron de protección ante la Corte de Apelaciones y también hay una demanda de nulidad de derecho público respecto del permiso de edificación entregado por el municipio a la inmobiliaria. Agregó que se evalúa presentar una demanda por perjuicios en contra del Fisco. Según el abogado Fabres, hace más de tres meses se envió una carta a la Seremi de Vivienda solicitando la demolición del inmueble. “Necesitamos que se haga cumplir la ley”, afirmó. También el concejal de Las Condes Hugo Unda (PPD) se sumó ayer a las críticas, acusando al municipio de actuar con “secretismo” y no informar acerca de los 19 permisos de construcción, que son objeto de investigación por parte de la Contraloría, pese a que se lo ha solicitado por escrito al alcalde Francisco de la Maza y también en las sesiones de concejo.